Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y figura cercana al presidente Gustavo Petro, es hoy uno de los nombres más comprometidos en el escándalo por el saqueo de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Y también uno de los más difíciles de ubicar.
Desde que su nombre empezó a aparecer en varias páginas del expediente judicial, González emprendió una ruta internacional. Se le ha visto en ciudades como Barcelona, España, y la última pista, no confirmada oficialmente, lo ubicaría en Managua, Nicaragua. A pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura inmediata, a la fecha no ha sido posible hacerlo comparecer ante la justicia.
González enfrenta cargos por cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. En audiencias anteriores se declaró inocente y alegó ser víctima de calumnias por parte de testigos que lo señalan como uno de los líderes de la red de corrupción que se apropió de los recursos públicos. Su defensa, encabezada por el abogado Iván Cancino, ya apeló la decisión del Tribunal que confirmó la medida de aseguramiento.
Pero la Fiscalía insiste en que su captura es urgente. Según la fiscal general, Luz Adriana Camargo, si el exfuncionario no se presenta voluntariamente, se solicitará una circular roja de Interpol para activar su búsqueda a nivel internacional. “Lo estamos ubicando. Y yo sigo con la esperanza de que él se presente, de que no tengamos que emitir una circular roja para hacer efectiva esta captura”, dijo la fiscal.
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Más allá del paradero físico, lo que inquieta a las autoridades es su capacidad de influencia. La delegada de la Fiscalía advirtió que Carlos Ramón no necesita ocupar un cargo público para interferir en el proceso. Su poder radica en su trayectoria como estratega político, su cercanía con las altas esferas del poder y su capacidad para moverse sin dejar rastro.
“Tiene la facilidad de desplazarse de forma inesperada, de evadir los protocolos oficiales, lo que hace altamente probable que se mantenga oculto o desaparezca para no comparecer al proceso”, concluyó.
Para el ente acusador, Carlos Ramón representa un peligro para la sociedad y sobre todo el erario público. La fiscal delegada María Cristina Patiño confirmó que está demostrado que el exfuncionario no pretende regresar voluntariamente al país.
“Es altamente probable que Carlos Ramón González no tenga la intención de someterse a la investigación, a la persecución penal ni al cumplimiento de una eventual pena (…) su constante ingreso y salida de territorio colombiano, es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar, en caso de ser vencido en juicio”, sostuvo la delegada
El caso pone sobre la mesa un reto mayúsculo para el aparato judicial colombiano: la dificultad de hacer cumplir la ley cuando los investigados cuentan con redes de poder, experiencia en las lógicas del Estado y libertad de movimiento internacional.
La Fiscalía sostiene que Carlos Ramón lideró, junto con otros funcionarios, una estrategia ilegal para darle un empujón al Gobierno en el Congreso, donde tenía atascadas sus reformas.
El plan consistía en inflar contratos derivados de la atención de emergencias naturales en el país, adjudicarlos a contratistas corruptos y exigirles una coima, de modo que el dinero terminara en manos de congresistas que, en contraprestación, se alinearían con los intereses del Ejecutivo.
“Carlos Ramón actuó con dolo directo, en la medida en que conocía los hechos constitutivos de la conducta punible. Usted, Carlos Ramón, sabía que ofrecía a Iván Name y Andrés Calle contratos y luego dinero en efectivo, y que, a cambio de esto, apoyarían los intereses del Gobierno”, afirmó la fiscal del caso.
Él, por su parte, insiste en su inocencia mientras alega que es víctima de una persecución.
“A mí sí me asusta esto. Estamos ante una dictadura de no sé de qué tipo. ¿Yo soy sospechoso por qué? ¿Por ser amigo del presidente? ¿Por haber sido guerrillero? A mí sí me asusta, si se supone que somos un sistema democrático”, aseguró.
Cortesía de El Colombiano
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