El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos mexicanos por haber sobornado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a Pemex Exploración y Producción (PEP), la filial de exploración y producción propiedad al 100% de la paraestatal.
Los acusados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, ciudadano mexicano residente legal en Woodlands, Texas, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, también mexicano, residente permanente en Spring, Texas.
Se les acusa de “haber sobornado a funcionarios mexicanos con el fin de manipular el proceso de licitación para asegurarse contratos lucrativos por valor de millones de dólares y otras ventajas”, declaró el fiscal general adjunto en funciones Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado.
“Esta acusación debería enviar un mensaje claro de que la División Penal no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para su beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, añadió.
De acuerdo los documentos judiciales, Rovirosa y Ávila “junto con otras personas, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y PEP con el fin de obtener y mantener negocios de Pemex y PEP para empresas asociadas con Rovirosa”, indica el comunicado.
Entre 2019 y 2021, los dos mexicanos y sus cómplices “presuntamente ofrecieron y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, entre ellos un bolso de Louis Vuitton, un reloj Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que dichos funcionarios tomaran determinadas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios” con ambas empresas.
Gracias a esos sobornos, añade el comunicado, las empresas asociadas con Rovirosa lograron obtener contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Además, según los documentos judiciales, se alega que tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos.
Por lo anterior, Rovirosa y Ávila fueron acusados, cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustantivas de la FCPA.
En caso de ser declarados culpables, enfrentan pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo.
El Departamento de Justicia señala que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) están investigando el caso con la colaboración de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.
Los fiscales Lindsey D. Carson, Abdus Samad Pardesi y Paul G. Ream, de la Sección de Fraudes de la División Penal, y el fiscal adjunto de los Estados Unidos Brad Gray, del Distrito Sur de Texas, son los encargados de llevar el caso.
CT
Cortesía de El Informador
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