¿Si el 65.76 % del presupuesto de la nación proviene de la recaudación de impuestos, no debería el Gobierno facilitar los procesos a que debe someterse todo emprendedor? Muy por el contrario, el camino de las empresas, chicas, medianas o grandes, está plagado todo el tiempo de lo que podemos llamar, sin duda: acoso burocrático.
No es cuestión de reducir las legítimas exigencias, sino el número de ventanillas, de prolongados tiempos de espera, del coyotaje formal e informal, de la consecuente práctica de sobornos ofrecidos o solicitados, de inspecciones tramposas, crecido número de formularios, de sellos y firmas, una verdadera aventura de alto riesgo sólo para obtener los permisos para la creación de empleos. Para mantenerlos viene luego otra aventura similar y de mayor peligro: capotear una fiscalización inconmovible, revisiones amañadas, leyes al por mayor, amenazas sindicales, visitas de Protección Civil, de inspección de mercados. La vida de los emprendedores es un estar siempre al filo de la navaja, a tal grado que quienes tienen la posibilidad migran sus capitales y sus iniciativas a Estados Unidos, donde la racionalidad suele tener mayor cabida, la tramitología es mínima, y el apoyo a los empresarios es una constante.
Por si no bastaran los males que del Gobierno vienen, el empresario de hoy enfrenta una nueva cultura laboral, donde la abundancia de derechos de los trabajadores ha disminuido drásticamente el número de sus obligaciones. Si antes la eficiencia en el trabajo era una expectativa legítima, hoy ya no se puede pedir ni siquiera puntualidad. A este fenómeno se añade la incesante rotación, sobre todo en el campo de los servicios y de los empleos que no exigen títulos universitarios, lo cual dificulta y frustra cualquier esfuerzo de capacitación del personal, pues antes de tres meses los capacitados ya abandonaron su trabajo y andan ocupados en otros rubros. Nadie siente la menor obligación de permanecer en un empleo, y persiste el prejuicio de que todo patrón es un enemigo a vencer. Actualmente, el promedio nacional de escolaridad ronda los diez años, de modo que un elevado porcentaje de trabajadores mexicanos ha cursado secundaria, lo cual, sin embargo, no los ha capacitado en el cultivo de las actitudes básicas para desarrollar un trabajo productivo y rentable. Fábricas, comercios, restaurantes, servicios públicos, se nutren de este universo social, y desde luego, buena parte de la burocracia.
¿Y qué beneficios recibe la empresa chica, mediana o grande, a cambio de todo lo que paga en impuestos y todos los males que debe soportar por parte de la burocracia y de otras instancias? Ni siquiera un mínimo de seguridad frente a los robos cotidianos, los chantajes o el cobro de piso. Sólo en Sinaloa, el año pasado, las pérdidas de la empresa por causa de la delincuencia fueron de novecientos millones de dólares. ¿Cómo andará el resto del país? ¿Cuántas unidades económicas agrícolas, ganaderas o comerciales se han perdido en Jalisco por la misma razón?
Ya la sociedad contemporánea, aquí y en cualquier parte del mundo, está harta de transformaciones ideológicas, pues la mayoría de ellas han sido siempre fraudulentas e incongruentes. La verdadera transformación que necesitamos está en el orden de una educación que nos haga creativos, productivos, honestos, responsables, eficientes y, desde luego, siempre solidarios. Un ejemplo destacado en este esfuerzo son China y Singapur.
Cortesía de El Informador
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