En siete años, el salario mínimo dejó de ser una referencia casi simbólica para convertirse en el eje de la política laboral. Hoy equivale a 8,364 pesos mensuales a nivel nacional, tras un aumento de 12% en 2025. En la Zona Libre de la Frontera Norte ya ronda los 420 pesos diarios, casi el triple de su nivel previo.
Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México, reconoce el impacto social de estos aumentos. En su presentación señala cómo el salario formal “creció de manera muy importante en los últimos años” y cómo esta mejora se asocia a la reducción de la pobreza.
“Tenemos los menores niveles de pobreza… es el nivel de pobreza más bajo desde que tenemos un registro.” Sin embargo, Esquivel también matiza que los objetivos no son iguales en todo el país. “En la frontera norte… el salario mínimo alcanza para dos canastas”, explicó durante un evento de Sura Investments, sobre las proyecciones de la economía hacia 2026.
Ahí, dice, el objetivo ya se cumplió y los incrementos empiezan a encontrar límites que, si no se toman en cuenta, pueden repercutir negativamente en la creación de empleos formales, la inflación o las utilidades de las empresas.
Cuando el costo laboral obligatorio crece más rápido que la productividad marginal, los negocios enfrentan presiones en su estructura de costos que pueden traducirse en una menor capacidad para sostener esquemas laborales plenamente formales
Productividad débil e informalidad alta
Mientras los salarios suben, la productividad laboral regresó prácticamente a niveles de 2018 y, aunque la tasa de ocupación se mantiene en mínimos de alrededor de 2.9% de la población ocupada, la informalidad está comenzando a ganar terreno y ya representa el 55% de los empleados.
Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex, advierte que el incremento del mínimo está superando el avance de la productividad en sectores de bajo valor agregado y que las empresas pequeñas muestran señales de presión en altas y bajas del IMSS. Los principales afectados son los micronegocios que, ante falta de acceso al financiamiento, pueden sufrir en mayor magnitud el alza de los costos laborales.
El encarecimiento laboral también puede trasladarse a los precios, la inflación subyacente de servicios supera 4.5%, y Ugarte estima que, si la brecha salario-productividad sigue abriéndose, habrá más costos laborales trasladados al consumidor y menor competitividad frente a otros destinos manufactureros.
“El empleo se ha paralizado… hemos observado un creciente costo laboral… (y) la productividad ha caído comparada contra 2018”, destaca Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco Ve por Más.
Incentivo a la inversión en capital
Rolando Silva, vicepresidente de la comisión técnica fiscal del IMCP, explica que los aumentos por decreto generan presiones sobre el margen de las empresas. “Si mi margen no me da para pagar los salarios que por ley tengo que pagar, lo que tengo no es un negocio.”
Y advierte sobre el reemplazo tecnológico, es decir, cuando los patrones deciden hacer “una inversión más grande en tecnología (que) puede sustituir este gasto laboral”.
Además, el especialista explica que si el trabajador de salario mínimo alcanza a su supervisor, el supervisor también tiene que tener una modificación… efectivamente se está encareciendo [la nómina].” Ese encarecimiento puede empujar a recortes, automatización o incluso a un mayor uso de informalidad.
El gobierno busca más aumentos
En la conferencia matutina del 19 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que su administración seguirá apostando por aumentos significativos. “Yo me comprometí a que el salario mínimo tenía que llegar a 2.5 canastas básicas (…) El aumento al salario mínimo tiene que ser mayor que la inflación… eso ya no está en discusión (…) Todavía hay espacio… esperamos que sea bastante más”, señaló.
También defendió que los aumentos no se deciden unilateralmente, sino que son fruto de negociaciones y de un consenso entre trabajadores, empresas y gobierno. De hecho, la Coparmex decidió no emitir ningún comentario para esta nota debido a que, precisamente, están en la fase de negociación.
La presidenta, no obstante, reconoció que debe cuidarse la competitividad en la frontera norte, donde el piso salarial “aumentó casi tres veces”.
Un análisis de Banamex anticipa que la inflación repuntará a 4.5% a inicios de 2026, combinando efectos tributarios (como las modificaciones al IEPS) y ajustes salariales. Y proyecta un incremento de alrededor de 11% al salario mínimo para el próximo año, un alza que podría incentivar presiones inflacionarias persistentes en servicios. Entre los riesgos al alza menciona:
Un aumento salarial mayor al previsto, un traspaso más amplio al resto de los salarios y efectos climáticos o sanitarios sobre precios agropecuarios.
Según datos del IMEF, de los 21.5 millones de trabajadores formales, 54.6% gana entre cero y dos salarios mínimos, y por lo tanto resiente de forma directa los ajustes.
En toda la fuerza laboral, cerca de 14.5 millones de personas se encuentran en esos rangos, muchas en sectores altamente informales como comercio al menudeo, agricultura, alimentos y alojamiento.
La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone para 2026 un aumento diferenciado al salario mínimo que permita avanzar en la recuperación del poder adquisitivo sin generar efectos adversos en empleo e inversión.
Su planteamiento central es elevar el salario mínimo general (SMG) en 16%, hasta 323 pesos diarios —equivalentes a unos 9,700 pesos mensuales, suficientes para cubrir dos canastas básicas— mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte el ajuste sea únicamente del 4%, ya que ese salario mínimo supera desde 2022 el costo de las 2.5 canastas básicas fijadas como meta para 2030.
Un impacto desigual entre sectores
A inicios del año, el IMEF advirtió que el aumento de 12% al salario mínimo impacta de manera muy desigual entre sectores. En actividades de baja rentabilidad como agricultura, servicios de alimentos, hospedaje, museos o asistencia social el alza puede consumir hasta un tercio del margen operativo, presionando la viabilidad de mantener empleos formales.
En cambio, en ramas más productivas o intensivas en capital —como cómputo, mensajería o ciertas manufacturas especializadas— las empresas sí tienen margen para absorber el incremento sin frenar contrataciones.
Cortesía de Expansión
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