Otras seis personas murieron en ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, según informó este lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Este nuevo ataque eleva a 76 los muertos en la polémica ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales en el Pacífico y el Caribe. Sin un freno en el horizonte, la ONU denunció que hay “fuertes indicios” de que EE.UU. está violando el derecho internacional, mientras que la cuarta cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) cerró en la ciudad colombiana de Santa Marta con una declaración conjunta que reclama el “pleno cumplimiento del derecho internacional” en la lucha contra el narcotráfico en la región.
Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación de Chile y Cuba del Archivo de Seguridad Nacional de EE.UU., expresó en diálogo con Página/12 que “la motivación para destruir unas 20 embarcaciones y matar, hasta el momento, a más de 75 personas a bordo, es demostrar abiertamente la capacidad de Estados Unidos para atacar y matar, y enviar un mensaje draconiano a los líderes venezolanos: serán los siguientes“. Kornbluh agregó que “la administración Trump está, en esencia, sentando las bases sangrientas e ilegales para un cambio de régimen en Caracas”.
Amenaza renovada
En su cuenta de X, Pete Hegseth dijo que hubo dos ataques el domingo en el Pacífico oriental contra dos embarcaciones “que transportaban narcóticos”, con tres personas a bordo cada una. “Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, precisó el funcionario. Las autoridades estadounidenses, tal como hicieron con todos los ataques de este tipo, no revelaron la identidad de los fallecidos, ni pruebas de que traficaban drogas.
En lo que especialistas consideran como su mayor despliegue marítimo desde la primera guerra del golfo Pérsico (1990-1991), EE.UU. mantiene en aguas caribeñas unos ocho buques de guerra, tres buques anfibios y un submarino en la zona. La operación, que provocó el rechazo de los gobiernos de Venezuela y Colombia, a los que Washington acusa de estar implicados en redes de narcotráfico, también incluye el envío del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, que ya está en camino al Caribe.
Peter Kornbluh aseguró a este diario que “los ataques estadounidenses contra las pequeñas embarcaciones que supuestamente transportaban narcóticos no constituyen un esfuerzo serio para combatir el narcotráfico”. Para el destacado archivista, los funcionarios de Washington “son plenamente conscientes de que Venezuela no es un punto de transferencia importante para los narcóticos que transitan por el Caribe con destino al mercado estadounidense”.
Una iniciativa demócrata en el Senado estadounidense para restringir la campaña militar de Trump en aguas internacionales fracasó la semana pasada con 49 votos a favor y 51 en contra. Previamente Trump había enviado una carta al Congreso en la que declaraba a Estados Unidos en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga latinoamericanos para justificar los ataques.
“Indicios de ejecuciones extrajudiciales”
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó este lunes a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques en el Caribe y el Pacífico y advirtió que hay “fuertes indicios” de que constituyen “ejecuciones extrajudiciales”. El alto comisionado Volker Turk afirmó en una entrevista con la agencia AFP que, por lo que se sabe, “estos casos violan el derecho internacional en materia de derechos humanos”.
Para Turk, Estados Unidos presenta los ataques como parte de “operaciones contra la droga”, pero en este tipo de dispositivos no se deberían “plantear cuestiones de guerra o conflicto o derecho internacional humanitario”. El alto comisionado considera que estas acciones deberían considerarse como “operaciones para la aplicación de la ley”, que entran en el ámbito del derecho internacional y que en estos casos “el uso de la fuerza letal debe ser extremadamente limitado”.
El analista Homar Garcés dijo a Página/12 que “los alegatos de Donald Trump exceden en mucho lo que podría ser una acción de autodefensa o de acatamiento de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando su interés principal es conseguir el control directo de los grandes yacimientos petroleros que posee Venezuela”. Según Garcés, esta intención queda oculta “tras su declaración de querer desalojar del poder a Nicolás Maduro”, generando un clima “de acuerdo con el deseo expresado reiteradamente por la dirigente ultraderechista María Corina Machado, haciendo creer que la situación del país está saturada de descontento popular y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos”.
La reacción de la región
Medio centenar de países de Latinoamérica y la Unión Europea rechazaron en una declaración conjunta el “uso de la fuerza” que contradice al derecho internacional. “Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas”, señala el punto 10 del documento, firmado por 58 de los 60 países participantes.
Aunque la declaración evita mencionar directamente a Washington, varios mandatarios latinoamericanos aprovecharon la cumbre para expresar su rechazo a la ofensiva militar estadounidense, entre ellos el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “La amenaza del uso de la fuerza militar volvió a ser parte de la cotidianidad de América latina y el Caribe. Viejas maniobras y retóricas son recicladas para justificar intervenciones ilegales”, advirtió Lula.
Peter Kornbluh sostuvo que ante la creciente amenaza militar de Washington en el Caribe, los líderes latinoamericanos ha permanecido mayormente en silencio, aunque deben estar seriamente preocupados. “Una vez que Trump se dé cuenta de que puede usar la fuerza selectiva para derrocar al gobierno de Venezuela, ningún gobierno de la región estará a salvo de sus exigencias arbitrarias. El regreso a la era de la diplomacia militar estadounidense en el Caribe representa una amenaza para todas las naciones del hemisferio“, planteó el autor de Pinochet: los archivos secretos.
Este lunes la cadena estadounidense ABC indicó que el Departamento de Guerra estadounidense habría empezado a enviar fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en la selva de Panamá. De acuerdo con un funcionario del Pentágono, Washington envió soldados e infantes de marina estadounidenses a completar un programa de entrenamiento en la base aeronaval Cristóbal Colón que, aunque por ahora es de alcance relativamente pequeño, se espera que se intensifique en el 2026.
Esta sería la primera vez en más de dos décadas que el Ejército estadounidense envía a tropas convencionales a un entrenamiento en la selva panameña. El coronel retirado del Cuerpo de Marines estadounidense, Steve Ganyard, declaró a ABC: “Desde un punto de vista práctico, es más fácil llegar a Panamá que a Okinawa. Y las selvas de Centroamérica y Sudamérica presentan sus propios desafíos. Dicho esto, sin duda se le está enviando un mensaje a Maduro al realizar entrenamientos de combate en su territorio”.
Homar Garcés sostuvo a Página/12 que la situación interna de Venezuela, “a pesar de las dificultades económicas sufridas en los últimos años y de las actividades terroristas perpetradas por la oposición derechista”, no permite concluir en que sea posible que Washington pueda destituir a Maduro. Para el sociólogo de la Universidad del Zulia, el cambio será factible mediante la celebración de elecciones generales, aunque “el liderazgo de Maduro tiende a fortalecerse gracias, precisamente, a los ataques y medidas emanados desde Washington, lo que no encaja con el diagnóstico que desde Estados Unidos y los grupos opositores nacionales han hecho respecto a la realidad venezolana”.
Cortesía de Página 12
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