El FBI arrestó este viernes a una jueza de un tribunal de primera instancia en Wisconsin, según informó el director de la agencia, Kash Patel, quien la acusó de obstruir la detención de un migrante mexicano en la corte. En una publicación en la red social X, Patel señaló que el FBI detuvo a la jueza Hanna Dugan bajo indicios de que “desvío intencionalmente a los agentes federales” que buscaban al migrante, identificado como Eduardo Flores Ruiz.
“Afortunadamente nuestros agentes persiguieron al individuo y estuvo bajo custodia desde entonces, pero la obstrucción de la jueza aumentó el peligro” para las personas que se encontraban allí, dijo Patel. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, confirmó la detención de Dugan que, según las autoridades, se produjo el viernes por la mañana en el juzgado “por presuntamente ayudar a un extranjero ilegal a evitar un arresto” que iban a efectuar agentes del Servicio de inmigración y control de aduanas.
Aún se desconocen los cargos específicos que se le imputan a Dugan, pero su detención representa una escalada en el enfrentamiento entre el gobierno de Donald Trump y el poder judicial por sus políticas migratorias. Varios jueces federales en distintos distritos del país fallaron en contra de las medidas que el gobierno republicano está tomando para acelerar y aumentar la cantidad de deportaciones y expulsiones de migrantes.
Uno de las acciones más controvertidas fue el uso de una ley del siglo XVIII, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para detener a migrantes (en su mayoría hombres venezolanos) y enviarlos a una megacárcel en El Salvador. Las decisiones fueron recibidas con rechazo por parte de la Casa Blanca, que tildó a los jueces de estar actuando de manera “subordinada”.
A principios de mes, la Corte Suprema permitió que el gobierno continuara con las expulsiones de migrantes, siempre y cuando les notificara previamente y les diera un “tiempo razonable” para apelar sus casos. El gobierno, sin embargo, buscó continuar con los vuelos a El Salvador, lo que forzó al máximo tribunal a intervenir de emergencia el fin de semana pasada y ordenar que se pausaran las expulsiones de forma temporal.
En total EE.UU. envió a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la prisión de alta seguridad de El Salvador en lo que grupos en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch calificaron como “desaparición forzada”. El gobierno de Trump defendió las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), calificadas recientemente por Washington como “grupos terroristas”.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses demostraron que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales. El gobierno de Trump llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos. Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
Cortesía de Página 12
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