La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, rechazó el miércoles una orden del presidente Donald Trump de congelar unos 2.000 millones de dólares en pagos a organizaciones de ayuda internacional. En su primer fallo contrario a una medida de Trump, la Corte votó 5 a 4 para confirmar la sentencia de un tribunal inferior que exige a la administración realizar los pagos contemplados en los contratos en vigor. Al asumir la presidencia el 20 de enero, Trump firmó un decreto con el que ordenó congelar durante 90 días la asistencia internacional. El martes en su primer discurso ante el Congreso, el presidente criticó a “los burócratas” al frente de la Usaid que “durante décadas creyeron que no tenían que rendir cuentas a nadie”.
Los fondos de la Usaid bajo la lupa
Los magistrados de la Corte Suprema dicen que el juez federal que ordenó a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado restablecer los pagos “debe aclarar qué obligaciones debe cumplir el gobierno”. Los magistrados conservadores John Roberts, presidente de la Corte, y Amy Coney Barrett, designada por Trump, votaron a favor de la medida junto a los tres jueces liberales de la sala.
El magistrado Samuel Alito argumentó en su escrito de disconformidad, apoyado por los otros tres miembros conservadores de la sala que votaron en contra de la medida: “¿Tiene un solo juez de un tribunal de distrito, que probablemente carece de jurisdicción, el poder de obligar al gobierno de Estados Unidos a pagar (y probablemente perder para siempre) 2.000 millones de dólares de los contribuyentes?”. “La respuesta a esa pregunta debería ser un rotundo ‘No’, pero la mayoría de este tribunal aparentemente piensa lo contrario. Estoy estupefacto”, aseguró Alito.
El juez Amir Ali, designado por el expresidente demócrata Joe Biden, dictaminó el mes pasado la prohibición de “suspender, pausar o impedir de otro modo” los fondos de ayuda exterior. En esa primera sentencia, Ali dio al gobierno un plazo de 36 horas para efectuar los pagos a la espera de estudiar a fondo el caso. Sin embargo la Corte no establece un calendario preciso y previsiblemente la administración Trump seguirá su lucha en los tribunales, según informó la cadena CNN.
Los proyectos específicos afectados por la congelación de pagos incluyen la instalación de nuevas estaciones de riego y bombeo de agua en Ucrania; mejoras en las obras hidráulicas en Lagos, Nigeria; el suministro de equipo médico en Vietnam y Nepal; y medidas para combatir la malaria en Kenia, Uganda, Ghana y Etiopía. En las últimas horas el gobierno de Trump tildó de “completamente irresponsable” que la Usaid haya destinado 1,5 millones de dólares a “reconstruir el ecosistema mediático cubano”.
Al actuar tan abruptamente, los denunciantes aseguran que el gobierno de Trump dejó a varios contratistas sin dinero por el trabajo ya completado. Entre otras cosas, dijeron en su demanda que el gobierno no había seguido el curso correcto bajo una ley llamada Ley de Procedimiento Administrativo. En su presentación ante la Corte Suprema, los abogados de los contratistas dijeron que una organización despidió a 110 trabajadores el jueves pasado como resultado de la falta de pago, mientras que otra se enfrenta a una exposición legal por no pagar la indemnización por despido, según el portal NBC News.
A fines de febrero, una nota publicada en el sitio web de la Usaid informó que alrededor de 1.600 trabajadores de la agencia en Estados Unidos serán despedidos en un esfuerzo de “reducción de personal”. Todo el resto del personal contratado directamente por la Usaid será puesto en licencia administrativa a nivel mundial, excepto los responsables de “funciones críticas para la misión, liderazgo clave y/o programas especialmente designados”.
Una “organización criminal”
Trump está empecinado en recortar el gasto del gobierno federal con la ayuda del hombre más rico del mundo y a la par el mayor donante de su campaña presidencial, Elon Musk. Uno de sus objetivos es cercenar las ayudas de la Usaid, que cuenta con programas sanitarios y de emergencia en unos 120 países. Trump dijo que esta agencia está “dirigida por lunáticos radicales”, mientras que su nueva mano derecha la calificó como “organización criminal”.
Muchas organizaciones humanitarias consideran que Trump está excediendo su autoridad bajo la Constitución, ya que es el Congreso quien tiene el poder de decidir sobre los fondos, no el presidente. La agencia, que tiene décadas de existencia, a lo largo de los años se ha enfrentado a críticas en el sector de la ayuda por sus sobreprecios y a cuestionamientos sobre si algunos de sus programas logran sus objetivos. Sin embargo, la Usaid también fue clave para que EE.UU. haga de su “poder blando” global una herramienta de influencia para persuadir a otros países en favor de sus propios intereses.
Según un memorando interno de la agencia al que tuvo acceso el diario The New York Times, los recortes impuestos por el gobierno de Trump causarán “un enorme sufrimiento humano”, ya que provocarán “mayor cantidad muertes y discapacidades, una propagación acelerada de enfermedades, inestabilidad política y mayores amenazas a la seguridad nacional del país”. El documento proyecta entre otras cosas que, cada año, un millón de niños y niñas perderán el tratamiento contra la desnutrición aguda severa, 200 mil menores de edad quedarán paralizados debido a la polio y hasta 18 millones de personas contraerán malaria, lo que derivará en hasta 166 mil muertes adicionales por año.
Cortesía de Página 12
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