Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado y luego devuelto a Estados Unidos en medio de una feroz disputa por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, fue liberado de la cárcel en la que se encontraba detenido por cargos de tráfico de personas. A las pocas horas de su puesta en libertad provisional, los abogados de Ábrego García recibieron una notificación por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. que amenaza con su posible deportación a Uganda “en un plazo máximo de 72 horas” a partir del lunes. La novedad aporta un giro dramático a este caso que se convirtió en emblema del combate de Trump contra la inmigración ilegal y, según sus críticos, de sus violaciones a las leyes.
“Un día muy especial”
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso de Ábrego García luego de que éste fuera enviado injustamente a la megaprisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador en marzo. Fue devuelto a Estados Unidos en junio y enseguida quedó detenido en el estado de Tennessee acusado de tráfico de migrantes indocumentados, pero el viernes fue liberado por orden de un juez.
Ábrego García se reencontró con su familia en lo que él mismo calificó como “un día muy especial”, al cabo de 160 días sin verse, según un comunicado de la organización de defensa de los migrantes CASA. “Estamos más cerca de la justicia, pero aún no se ha alcanzado la justicia plena”, agregó el salvadoreño cuyo caso se ha convertido en un símbolo de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal.
Los partidarios del presidente republicano elogian su firmeza, pero juristas y defensores de derechos humanos cuestionan lo que consideran una apresurada y descuidada estrategia para deportar personas, violando las leyes básicas de Estados Unidos. Un juez de Tennessee dictaminó el 23 de julio que Ábrego García debía ser puesto en libertad a la espera de juicio en un caso cuyo inicio está programado para el 27 de enero de 2026.
¿Posible deportación a Uganda?
Pero la saga podría no haber terminado para el salvadoreño. La administración Trump puede iniciar “procedimientos migratorios legales tras el regreso de Ábrego García a Maryland”, siempre que lo notifique con 72 horas de antelación antes de deportarlo a un tercer país, según un fallo de un tribunal federal emitido en julio. Varios medios reportaron que el Departamento de Seguridad Interior notificó a su equipo legal que deberá presentarse el lunes ante los agentes de migración en Baltimore, y quizás sea expulsado a Uganda.
Uganda había anunciado el jueves que acordó con Estados Unidos recibir a migrantes que no reúnan los requisitos para permanecer en el país norteamericano. Los abogados de Ábrego García declararon en un documento judicial presentado este sábado que el Departamento de Justicia de EE.UU. lo está presionando para que acepte declararse culpable de dos delitos graves (tráfico de personas y un proceso de deportación) prometiéndole deportarlo a Costa Rica, donde quedaría libre de prisión, una vez que cumpla cualquier condena penal.
“Junto con esa propuesta, el gobierno presentó una carta al abogado de Ábrego confirmando que podría vivir libremente en ese país, que lo aceptaría como refugiado o le otorgaría la residencia, y prometiéndole no devolverlo a El Salvador”, indicaron los abogados del salvadoreño en el documento. Pero después de que Abrego se resistiera a la propuesta, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informaron a sus abogados que habrían decidido deportarlo a Uganda.
“Solo cabe una interpretación de estos hechos: el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y el ICE están utilizando sus poderes colectivos para obligar al Abrego a elegir entre una declaración de culpabilidad seguida de una relativa seguridad, o su entrega a Uganda, donde su seguridad y libertad estarían amenazadas”, escribió el abogado de Abrego, Sean Hecker, en el documento.
“Brazalete electrónico”
La Casa Blanca reaccionó ante la liberación describiendo a Ábrego García como “un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres” y miembro de la pandilla MS-13. Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, insistió en X en que debería “rendir cuentas por sus crímenes” y usar un brazalete electrónico “para garantizar la seguridad de los estadounidenses hasta que se puedan tomar nuevas medidas”.
Los abogados del salvadoreño acusaron a los fiscales federales de “procesamiento vengativo y selectivo” en una moción que buscaba desestimar los cargos que, según afirmaron, se habían presentado “porque se negó a aceptar la violación por parte del gobierno de su derecho al debido proceso”. Ábrego García vivía en el estado de Maryland hasta que se convirtió en una de las más de 200 personas enviadas al CECOT, la mayoría acusados sin pruebas de pertenecer a pandillas.
Los abogados del Departamento de Justicia admitieron que el salvadoreño, quien está casado con una ciudadana estadounidense, había sido deportado debido a un “error administrativo”. Estaba en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en su país de origen.
“Derecho al debido proceso”
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, alegó que Ábrego García había “desempeñado un papel importante en una red de tráfico de inmigrantes” y que había traficado con “niños y mujeres”, así como con miembros de la pandilla MS-13. Según la acusación formal, Ábrego García traficó con migrantes indocumentados desde Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países a Estados Unidos entre 2016 y principios de este año.
“Todo (esto) debido a la arremetida vengativa del gobierno contra un hombre que tuvo el coraje de luchar contra los continuos ataques de la Administración al Estado de derecho”, valoró en un comunicado Sean Hecker, abogado defensor del inmigrante., que agradeció a los tribunales estadounidenses que le hayan permitido el debido proceso a su cliente.
“Toda persona tiene derecho al debido proceso según la Constitución”, declaró el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, en un comunicado. “Esto nunca se trató de una sola persona, sino de las leyes que rigen para todos en nuestro país. Varios tribunales han tomado decisiones en este caso, y esperamos que el gobierno de Trump las respete”, agregó Moore.
Cortesía de Página 12
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