En el marco del conflictivo reordenamiento de la economía global a través de una inédita e imprevisible guerra de aranceles, el gobierno de Estados Unidos apunta a recuperar el control del canal de Panamá como un punto nodal para la preservación y la ampliación de sus rutas comerciales y, especialmente, de los puertos y los sitios de aprovisionamiento estratégicamente distribuidos por todo el planeta.
Pero los términos del conflicto comercial planteada desde Washington se agudizaron todavía más a partir del movimiento tectónico de megacorporaciones que, más allá de su propio peso político y económico, desenvuelven su propia estrategia en coordinación la Casa Blanca a fin de sumar y acaparar inmensas porciones de un mercado en una disputa cada vez más encarnizada.
En el medio se encuentran las ambiciones territoriales explicitadas por Donald Trump, en un relato oficial construido en tiempos de la campaña electoral, donde la seguridad nacional se encuentra supuestamente amenazada por la presencia económica de China en Centroamérica.
Además de advertir sobre los futuros aprietes económicos y sobre la política de deportaciones a ser implementada, la gira internacional encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio apenas iniciado el nuevo gobierno tuvo como una de sus principales prioridades lograr el efectivo distanciamiento de Beijing por parte del gobierno panameño de José Raúl Mulino.
Así fue como la forzada renuncia de Panamá a continuar participando de la nueva “Ruta de la Seda” impulsada por Beijing, fue celebrada por la Casa Blanca como uno de los principales logros en materia de política exterior de la flamante administración republicana.
Esta declaración se convirtió también en el paso previo para discutir la pertenencia real del Canal de Panamá, un paso estratégico por el que circula el 4% del tráfico marítimo mundial y más del 70% del comercio estadounidense. Solo en 2024, el canal generó ganancias por más de 5 mil millones de dólares y representó casi una cuarta parte del ingreso nacional panameño.
Desde 1997 es CK Hutchison, una empresa privada con sede en el territorio chino semiautónomo de Hong Kong la que, entre otros, opera los dos puertos establecidos en ambos extremos del canal: Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico.
La avanzada de Estados Unidos en Centroamérica está hoy representada por BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo que, con un capital total de cerca de 50 mil millones de dólares, administra más recursos que el Producto Interno Bruto de buena parte de los países existentes.
Pero la venta inicialmente acordada de CK Hutchison a BlackRock por casi 23 mil millones de dólares, no sólo incluye una participación del 90% en los dos puertos del Canal de Panamá, sino también una participación mayoritaria del 80% en otros 43 puertos fuera de Hong Kong y China y distribuidos en un total de 23 países. Entre ellos, los puertos petroleros más importantes de Medio Oriente, junto a otros en Europa, Extremo Oriente, el sur de China, México y el Caribe.
En una alianza con Global Infrastructure Partners y con Terminal Investment, la organización de “fondos buitre” busca, así, blindar y ampliar las principales vías comerciales marítimas de los Estados Unidos a partir de su futuro predominio en un conjunto amplio de instalaciones portuarias.
Si bien CK Hutchison opera con autonomía, Beijing rápidamente manifestó su descontento con el acuerdo, firmado bajo “coerción económica” e “intimidación para dañar los derechos e intereses legítimos de otros países”, según lo expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Con el traspaso establecido inicialmente para el 2 de abril, Trump festejó anticipadamente la “recuperación” del Canal como un paso decisivo para limitar el avance de China en el hemisferio occidental. Sin embargo, la falta de acuerdo entre las partes, sumado a la presión por parte del gobierno estadounidense, impidieron que la operación finalmente se concretara.
Pese a todos los contratiempos, se espera que CK Hutchison siga adelante con las negociaciones, en medio del actual enfrentamiento con Estados Unidos y China como principales contendientes. Por lo pronto, una auditoría encargada por el gobierno de Mulino contra la compañía de Hong Kong encontró presuntos incumplimientos en el contrato que le habrían costado ingresos millonarios a Panamá, en lo que se considera todo un guiño a la administración republicana, interesada ahora en forzar a Beijing a negociar la venta de puertos para rebajar aranceles y tarifas.
Por estas horas, resulta claro que para el gobierno de Estados Unidos nada ni nadie debería interponerse en su política de reapropiación territorial ahora por vía del conglomerado BlackRock.
En este sentido, no es casual ni la presencia del Comando Sur en aguas territoriales panameñas, ni mucho menos la actual visita del secretario de Defensa Pete Hegseth quien, como asistente a la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, no se privó de reclamar el control sobre los puertos del canal bajo el consabido imperativo de la amenaza externa contra los Estados Unidos.
Desde América Latina, todos estos movimientos deberían ser analizados con extrema preocupación: más aun, teniendo en cuenta que el 13 de marzo la Casa Blanca le encargó al Pentágono analizar “opciones militares creíbles” para garantizar de ese modo el acceso directo y sin restricciones al Canal de Panamá.
Cortesía de Página 12
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