El comunicado del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, de este 19 de julio pasado, en pleno fin de semana, con relación a una serie de medidas que adoptó con relación al transporte aéreo transfronterizo entre México y EUA, de pasajeros o de carga, así como con relación a la sociedad entre Aeroméxico y Delta Airlines, que había sido aprobada previamente por esa dependencia por lo que hace a la “Inmunidad Antimonopolios”, tiene varias aristas para el gobierno de México y su relación con el gobierno de ese país.
Una de ellas corresponde a los señalamientos de EUA con relación a que desde 2022, “México ha alterado significativamente el terreno de juego para las aerolíneas de manera que reduce la competencia y permite que competidores predominantes obtengan una ventaja injusta en el mercado México – Estados Unidos”. Habrá que ver cómo estructura su argumentación el gobierno de México, pero en algún momento saldrá a la luz el hecho de que abiertamente favorece también la operación de la empresa de la cual es propietario, Mexicana de Aviación.
Por cierto, tan no le han puesto el foco a esa aventura del gobierno mexicano en la industria de la aviación, que en la notificación que publicó el Departamento de Transporte en su portal de internet, ni siquiera aparece en la lista de aerolíneas a las que se comunican las nuevas medidas anunciadas el sábado pasado. Muy probablemente Mexicana de Aviación no aparece en esa lista por el hecho de que hoy no vuela a los EUA. Sin embargo, está claro que su aventura subsidiada para incursionar en el mercado de transporte aéreo transfronterizo, anunciada o prometida para este año, no se materializará, por lo menos en este 2025.
Otra arista, que no debe soslayarse, es que el anuncio del Departamento de Transporte debe leerse como un nuevo aviso del gobierno de EUA de que al menos en lo que resta de 2025 y durante 2026 seguirá complicando el diálogo con México, de cara a la revisión del TMEC, prevista en el texto de ese acuerdo para el próximo año. Aquí comenté la semana pasada respecto de los señalamientos que ha hecho la Casa Blanca sobre el tema del trato discriminatorio contra empresas privadas, incluyendo empresas de EUA, en el sector energía en México.
En este contexto se inscriben también las medidas recientes contra las exportaciones de tomate, por señalamientos de dumping, como contra las exportaciones de ganado vacuno en pie, por el tema del gusano barrenador. Es decir, el sector agropecuario ya es parte de la notoria estrategia de complicación de la relación con México.
Además de los señalamientos sobre los sectores aéreo, energía y agropecuario, no hay que descartar que el nuevo entorno muy favorecedor para las empresas de telecomunicaciones del gobierno de México, CFE Telecom y Altán Redes (que en los hechos ya es propiedad del gobierno), que se deriva del nuevo marco legal que recién aprobó el Congreso de la Unión y cuyo decreto de promulgación fue publicado apenas la semana pasada, traerá más adelante otros señalamientos o quejas del gobierno de Trump, por alterar el terreno de juego de las telecomunicaciones al dar un trato más favorable a las empresas propiedad del estado mexicano, que a los operadores privados, entre los que hay inversión de empresas de EUA, como el caso de AT&T, StarLink, y otros desde luego.
Así que la ruta que habrá de enfrentar Marcelo Ebrard en su periplo negociador con las distintas dependencias del gobierno de EUA cada vez se torna más compleja de lo que muy probablemente estimaron a inicios de este año, él y la presidente Claudia Sheinbaum, que por cierto, bien haría en dar señales de apuntalar la alineación de funcionarios de México que están tratando de contener los ánimos distorsionadores del gobierno del presidente Trump, porque por lo menos, la percepción de los analistas políticos y económicos, es que el Canciller está prácticamente desaparecido, sino es que anulado. Quizá por eso cada semana aparecen nuevos sobresaltos en la relación.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: