La historia política y de los límites territoriales de Jalisco ha comenzado a cambiar: el norte del estado, con más de 10 mil kilómetros cuadrados, históricamente abandonado por los poderes estatales, y hoy día sometido al crimen organizado, vive procesos de autonomía política entre sus pueblos wixaritari de la Sierra Madre Occidental.
Estos procesos apuntan a la conformación de un municipio indígena, sin descartar constituirse en un nuevo estado dentro de los límites históricos huicholes (distribuidos entre Jalisco, Nayarit y Durango), de acuerdo a la visión de sus líderes. Una verdadera “república de indios” podría estar en marcha al interior de Jalisco.
“A nuestros ancestros nadie les preguntó en qué estado podríamos estar. Hoy tenemos hermanos diseminados en varios estados, y esperamos que después de consolidar los procesos que actualmente llevamos, podamos plantearlo”, advierte Óscar Ukeme Bautista Muñoz, responsable de la comisión de libre determinación y autonomía de Tutsipa o Kuruxi Manuwe (Tuxpan de Bolaños), en cuyo territorio se busca el cambio de régimen político actual al de usos y costumbres. Algo que ha ocurrido en otros estados de México, como Michoacán o Oaxaca.
A finales del año 2020 los wixaritari pidieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco una consulta vinculante sobre el cambio de régimen en la demarcación. En realidad, la propia historia de este antiguo anexo de Wuautia (San Sebastián Teponahuaxtlán) los preparó para el reclamo de derechos, pues al ser la zona de la comunidad con mayor dinamismo económico y poblacional (por allí atraviesa la principal ruta comercial de estas montañas), reclamó su condición de igualdad ante la cabecera comunal, lo que determinó que se le otorgaran amplios poderes y salvó a la comunidad de una escisión, como las que ha padecido periódicamente el vecino Tateikie (San Andrés Cohamiata), enclavado al norte de la sierra, desde el momento de su reconocimiento agrario, en los años sesenta del siglo XX.
La consulta finalmente se realizó, con gran controversia, el 18 de mayo pasado. Registró una participación de 3 mil 597 personas en las que 2 mil 129 manifestaron estar a favor de elegir a las autoridades municipales conforme a las normas de la comunidad Kuruxi Manuwe. Era inevitable el choque con los mestizos de la cabecera municipal.
El pueblo de Bolaños es una de las sedes del otro mundo de la sierra: el de los descendientes de las diversas oleadas de colonizadores atraídos, primero, por la minería de la plata (su yacimiento llegó a proveer un tercio de la plata de Nueva España, principal productor mundial, a mediados del siglo XVIII), y luego, por una ganadería extensiva que ha paliado las miserias del aislamiento de la región desde finales del siglo XIX. Los moradores de la cabecera creen que hay una amenaza para sus derechos políticos, y consideran que adoptar los usos y costumbres es un retroceso.
“República de indios” llamaban el derecho de indias a una forma de organización política tendiente a mantener a los pueblos aborígenes de América al margen del mundo de los peninsulares migrantes y de los mestizos, bajo el control de las órdenes religiosas, la obediencia al rey y sus propias instituciones comunales, incluido el reconocimiento de sus territorios.
En un formato diferente, la idea resucita en la construcción gradual de una entidad política emancipada en la comunidad de Wautia-Tutsipa (San Sebastián Teponahuaxtlán-Tuxpan de Bolaños), el mayor propietario de tierras en Jalisco y Nayarit, con casi 250 mil hectáreas reconocidas por el gobierno mexicano. Pero las tierras reconocidas a pueblos wixaritari en tres estados (se añade Nayarit y Durango) rebasa 4 mil kilómetros cuadrados.
La postura mestiza
El expresidente municipal, y en actual regidor, Manuel Villalobos, uno de los voceros de los opositores, advierte sobre el riesgo que entraña para un proceso democrático eliminar el voto secreto, y descalifica a los líderes wixaritari por ejercer un control abusivo sobre miles de comuneros que tampoco estarían de acuerdo. A su juicio, no hay una visión posible de progreso en adoptar esquemas donde los derechos individuales se deben someter a los comunales.
Y como prueba, señala los aborígenes expulsados en los últimos años porque se prohíbe el cambio religioso (a bautistas o testigos de Jehová), lo que vulnera la libertad religiosa. Esos huicholes disidentes habitan hoy en la cabecera municipal, y como resulta natural, se oponen a un cambio que da más poder a la tradición con la que rompieron.
“El gran problema que tienen ellos es el alcoholismo. Ellos tienen mucho alcoholismo de los 15 años para arriba, que sus fiestas les enseñan a tomar, pero no les enseñan a trabajar. Entonces, los mismos estatutos comunales no les permiten la inversión de capitales. Yo me cansé de platicar con gobernadores y comisionados: ‘mire, ustedes ocupan [sic] que una empresa vaya e invierta con ustedes, tuviera una maquiladora, que hubiera huertas, que hubiera quien trabajara en el campo y que les diera el trabajo y que los hicieran socios […] pero ustedes tienen prohibido rentar o vender terreno a los socios para que alguien invierta y no salgan a trabajar a San Cristóbal, a García de la Cadena, a Tequila, a Fresnillo, porque gran parte del tiempo salen a trabajar por no tener empleos… tienen una gran extensión de tierra, pero no la utilizan, está ociosa’”, sostiene el político, que dejó la alcaldía en octubre de 2024.
Hoy el municipio es encabezado por un cabildo mayoritariamente wixaritari, que preside el indígena Trino Sandoval González. “Desde que ellos gobiernan hay un deterioro de los servicios públicos; no necesitan cambiar el régimen, tienen todo el poder para apoyar a sus propias comunidades y mejorar su calidad de vida”, advierte.
Propuesta de arreglo
El responsable de la comisión de libre determinación y autonomía en Tuxpan de Bolaños, Óscar Ukeme, niega el retroceso. De hecho, tienen la intención de proponer a los mestizos que el presidente municipal se alterne: una administración sea indígena y la otra sea mestizo. Respecto a los usos y costumbres, no se impondrán a sus vecinos; podrán ellos mantener el sistema electoral con partidos políticos y voto en urnas, pero la comunidad no lo adoptará en sus tierras.
El cambio está planteado como transición a procesos más profundos de cambio autonómico, donde los territorios mestizos no serán obligados a seguir. Se apunta a una división política real entre el mundo mestizo y el indio.
“El Estado trató de organizar: aquí va a ser Nayarit, aquí va será Jalisco, aquí va a ser Durango, pero nuestras comunidades políticamente fueron segregadas, ¿verdad? Esta lucha ha sido impulsada y promovida por San Sebastián y Tuxpan y por supuesto que nosotros desearíamos que todas nuestras comunidades, como hermanos que somos, nos uniéramos en todas las mismas luchas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo territorial, en lo cultural. Algunos le han llamado la Nación Wixárika, pero nosotros creemos que se puede caminar a crear un municipio wixárika e incluso un estado Wixárika”, advierte Óscar Ukeme.
En el caso de la superficie enclavada en el vecino municipio de Mezquitic, se ha logrado obtener derecho al presupuesto municipal que le corresponde a la comunidad dada su superficie y población, un proceso diferente porque ese municipio posee otras comunidades wixárikas autónomas que han tomado sus propios caminos y Wuautia no conforma mayoría, a diferencia de Bolaños.
Los pueblos indios de la Sierra Madre Occidental, unidos, rebasan requisitos mínimos de población y territorio para un solo municipio. Y la legislación de Jalisco abre puertas para aumentar su representación en los cabildos.
El exalcalde de Bolaños, Manuel Villalobos, considera que quizás la solución de separar políticamente los mundos indio y mestizo, sea la única viable para terminar los conflictos por lo que considera imposiciones.
Un territorio que ya está separado
Independiente de este proceso y de las luchas en el mundo mestizo, concentrado en los valles del oriente y el norte, la idea de una separación definitiva de Jalisco cobra creciente interés.
Esto, al menos en parte, deriva del no reconocido problema de la separación de facto de la región norte que data de más de un siglo: no existe continuidad territorial con el resto de Jalisco, pues los municipios de La Yesca (Nayarit) y Florencia (Zacatecas) ejercen dominio territorial en una franja de 40 km, lo que impide que San Martín de Bolaños y Tequila colinden, y entraña un conflicto jurídico, pues ninguna entidad puede carecer de continuidad territorial entre sus regiones.
Esta situación, lo accidentado de la orografía regional y la escasez de actividades económicas de alta renta -la minería de plata sobrevive en Bolaños como testimonio de un pasado lejano de prosperidad-, es marco del escaso interés del gobierno de Jalisco en un rescate social, económico y político. El periodista Francisco Barba Vizcaíno ha impulsado desde hace casi dos décadas la separación de Jalisco y la conformación de una nueva entidad federativa. “Cada vez más personas se convencen de esta posibilidad”, asegura.
La realidad es que no hay consensos. El empresario Francisco Mayorga Castaleda, nativo de Colotlán y exsecretario de agricultura en los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, considera que sería costoso y daría vida a una entidad política frágil frente a las fuerzas de los poderes fácticos. Su opinión es la necesidad de fortalecer los vínculos con Jalisco y un compromiso mayor para rescatar la zona que hoy abarca 12 por ciento de la superficie de Jalisco y apenas tiene 1% de su población.
El camino a seguir
Por lo pronto, ambos bandos han impugnado el proceso de consulta, las controversias se encuentran en manos del Tribunal Electoral y deberán resolverse en los próximos meses. Para los wixaritari el proceso resultó no ser vinculante, y no sirve de mucho haberlo ganado.
El Congreso de Jalisco será otra voz que se deberá pronunciar pronto sobre el tema y entrar a jugar el papel definitivo. A la historia le quedan capítulos y el futuro todavía estará en disputa.
Cortesía de El Informador
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