Este sábado, justo después de la medianoche, mientras Estados Unidos se dedicaba con pasión a celebrar Halloween, fiesta mayor de su cultura popular, otra historia de miedo cumplió un mes en Washington. Ya son 31 días desde que el desacuerdo en el Senado entre demócratas y republicanos para pactar la financiación de la Administración desembocó en un cierre parcial del Gobierno. Y casi todo invita a pensar que, con el fin de semana por medio, la situación se encamina a batir un récord: el cerrojazo más largo de la historia fue, hace casi siete años, el último. Entonces, Donald Trump también era presidente, y aquel duró 34 días.
Las anteúltimas horas del primer mes del cerrojazo se fueron en esperar a la decisión de dos jueces federales, de Massachussets y Rhode Island, que debían decidir el viernes si obligaban al Gobierno de Trump a continuar financiando con la Administración cerrada el programa de cupones de alimentos (SNAP son sus siglas en inglés), para evitar que millones de estadounidenses de rentas bajas pierdan sus ayudas a partir del 1 de noviembre. Hay 42 millones en riesgo de padecer hambre.
La de Massachussets consideró que la decisión de la Casa Blanca de buscar fondos de contingencia para evitar la crisis es “ilegal”, pero, a diferencia del de Rhode Island, John McConnell, no ordenó al Departamento de Agricultura que pagara para evitar la interrupción del SNAP. McConnell, por su parte, exigió que ese pago se hiciera “lo antes posible”, aunque no estuvo inmediatamente claro qué efectos tendría su petición de urgencia, ni si el Gobierno plantea recurrir la decisión judicial.
El argumento de la Administración de Trump para no destinarlo a ese fin es que este dinero podría necesitarse para mitigar los efectos de una catástrofe; un huracán, por ejemplo. El mensaje que recibe a los visitantes a la web del Departamento de Agricultura culpa de la situación a los demócratas en el Senado. Para estos, tras la negativa a financiar el SNAP, un programa criticado durante décadas por los republicanos porque consideran que incita al parasitismo social, se esconde un cálculo político que puede acabar siendo fatal para millones de personas.
A bordo del Air Force One que lo llevó a su mansión de Mar-a-Lago a pasar el fin de semana, Trump declaró a los reporteros, aunque no existen pruebas de ello, que los principales beneficiados del SNAP son “[votantes] demócratas”. “Yo quiero ayudar tanto a demócratas como a republicanos”, dijo, y añadió que sus rivales políticos “están perjudicando a su propia gente”.
En mitad de ese fuego cruzado, los problemas del shutdown, que es como se llama en la jerga washingtoniana al cierre del grifo del dinero público, continuaron extendiéndose durante esta semana por la Administración federal. Mientras más y más funcionarios fueron engrosando la lista de quienes han empezado a dejar de recibir el pago de sus sueldos, World Central Kitchen, la ONG del chef Josef Andrés, cuyos voluntarios están más acostumbrados a intervenir en zonas de guerra, está dando cada día comidas gratuitas a los afectados y a sus familiares en dos lugares distintos de Washington. Decenas de bares, restaurantes y tiendas de la ciudad ofrecen además descuentos a decenas de miles de vecinos consagrados al servicio público y ahora empujados a algo inédito: tener que a acudir los bancos de alimentos para llenar la despensa.
La situación es especialmente dramática entre los controladores aéreos, que pertenecen al grupo de funcionaros que están obligados a seguir trabajando, por estar considerados como “esenciales”, aunque sin cobrar por ello (el resto, unos 750.000 quedan suspendidos de empleo, además de sueldo). Tradicionalmente, los controladores han faltado a sus trabajos durante los cierres del Gobierno. El jueves, eso provocó retrasos o la interrupción temporal de las operaciones en aeropuertos de todo el país.
El más afectado fue el de Orlando. La Administración Federal de Aviación (FAA) avisó en un comunicado el jueves por la noche que “ningún vuelo” podía aterrizar por falta de quienes los guiaran desde la torre de control. De noche, el promedio de los retrasos superaba allí las dos horas y 40 minutos, mientras se amontonaban los vuelos cancelados. Los problemas se extendieron durante el viernes en aeródromos como los de Nashville, Newark (que da servicio a Nueva York) o Boston Logan.
Trece votaciones
Mientras la Cámara de Representantes sigue en receso y hay un apagón de datos económicos necesarios para tomar decisiones en un momento crucial para la marcha de Estados Unidos, y mientras los museos de Washington están cerrados y monumentos y parques nacionales de todo el país permanecen desatendidos, la bronca política continuó impasible su curso. Desde el pasado 1 de octubre, las posturas de demócratas y republicanos no se han movido apenas en la Cámara Alta, donde se ha votado sin acuerdo en 13 ocasiones.
Los primeros se niegan a financiar temporalmente la Administración hasta no tener la garantía de que ciertos subsidios de Obamacare, plan de ayudas de salud para quienes no pueden pagarse la cobertura que solo dan los seguros privados, no desaparecerán con el nuevo año. También exigen que no entren en vigor los recortes a Medicaid, una especie de seguridad social para las clases bajas, que los republicanos lograron aprobar en verano como parte de la megarreforma fiscal de Trump, la Ley Grande y Hermosa.
Los segundos acusan a los demócratas de querer ofrecer sanidad gratis a los ciudadanos indocumentados, pese a que la ley lo prohíbe, así como de pretender que el dinero de los contribuyentes se emplee en “procedimientos de mutilación de género”, otra falacia en consonancia con los ataques a las personas trans que alimentan uno de los frentes favoritos de los republicanos en las así llamadas guerras culturales.
El líder de la mayoría conservadora en el Senado, John Thune, cuyo perfil público se ha agrandado durante esta crisis al convertirse en la cara de la impotencia de su partido de convencer a los cinco rivales en la Cámara Alta que necesitarían para reabrir el Gobierno, se negó este viernes a ceder a las presiones de Trump. Este le pidió el jueves por la noche en redes sociales que dinamitara la regla del filibusterismo en el Senado. Es tal vez la norma que más define los trabajos de sus parlamentarios y obliga a que las decisiones de calado, entre ellas, las presupuestarias, se tomen por una mayoría de 60 votos (los republicanos tienen 53 escaños por los 47 de sus rivales).
Thune, como casi todos sus compañeros, considera que pulsar ese “botón nuclear” sería perjudicial para ellos cuando los demócratas recuperen el control del Senado, tal vez en las elecciones del próximo año.
Así que no quedó más remedio que continuar las negociaciones a puerta cerrada mientras avanzaba el viernes y Estados Unidos se preparaba para una de sus liturgias favoritas: el ritual del “truco o trato”. Porque, en lo que respecta a los senadores del Capitolio, estos parecen aún muy lejos de sellar un pacto para reabrir el Gobierno.
Cortesía de El País
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