La nueva Legislatura del Congreso de la Unión arranca con un escenario inmejorable para Morena y sus aliados, quienes buscan despedir al líder de su movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un paquete de reformas constitucionales que darán nuevo rostro al país.
En medio del conflicto, este sábado dos órdenes judiciales buscaron que el Congreso suspendiera la discusión de la reforma judicial, pero Morena anunció que no acatará el mandato. “Mayoría no se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen porque no tienen competencia”, dijo el líder de la bancada de diputados guindas, Ricardo Monreal.
La reforma al Poder Judicial se perfila para ser la última de las grandes enmiendas que promovió y que trascenderá el sexenio de López Obrador y estará lista en máximo quince días, de acuerdo con la meta que se ha puesto Morena. De ser el caso, sería el último trofeo que el mandatario tendrá para presumir, incluso, en la ceremonia del Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre, en lo que será el colofón de su administración.
Morena y sus aliados, con mayoría calificada de 364 curules en la Cámara de diputados y con 85 escaños, se preparan para realizar muchas enmiendas constitucionales, pero la relativa al Poder Judicial tiene una magnitud superior a cualquier cambio estructural que haya habido en los sexenios priistas y panistas, consideran analistas políticos.
A la reforma judicial le acompañará otra enmienda constitucional: para que se mantengan las tareas de seguridad pública militarizadas, al dar control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la segunda prioridad del primer mes de esta nueva Legislatura. Y se suman modificaciones en materia de derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas; la tríada se procesará con rapidez.
Aun así sigue firme la posibilidad de que salgan adelante otras 17 iniciativas de reforma presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero, aunque por ahora no todas han sido dictaminadas. Y de acuerdo al líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aunque serán aprobadas, no están en la agenda, por ahora.
Agustín Basave Benítez, politólogo y profesor emérito de la Universidad de Monterrey (UDEM), plantea que la profundidad de las reformas por venir indica que se avecinan tiempos difíciles, una situación “deplorable y que perfila algo muy grave: una reforma judicial que es un disparate, cuyo objetivo es cumplir una venganza del presidente por resoluciones que no le gustaron”.
Eso, con el añadido de un Congreso alineado, “con el que estamos volviendo a los tiempos del viejo PRI hegemónico del siglo pasado, en términos de números: una mayoría aplastante que dará un Congreso a modo… pero de López Obrador, no de la presidenta Claudia Sheinbaum”.
Sin embargo, para Marcela Bravo Ahuja, catedrática e investigadora de la UNAM, si bien la reforma judicial será el cierre de un sexenio marcado por un control presidencial sobre la agenda legislativa, no puede considerarse que hay o habrá un escenario de la vuelta del país al pasado.
“Se criticaba mucho a los gobiernos divididos, la imposibilidad de construir mayorías y acuerdos y ahora ¿se va a criticar que tenemos gobiernos unificados? No, yo creo que unificados o divididos, los gobiernos son eficientes o no de acuerdo a la capacidad de gobierno de los sujetos políticos”, dice la politóloga.
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¿Cómo será el nuevo Congreso?
La Cámara de Diputados y el Senado inician labores en la 66 Legislatura con ese mundo ideal, el “Plan C” trazado por el presidente López Obrador desde hace año y medio, en el que Morena y aliados tienen mayoría calificada en el Congreso, aunque en el Senado a un paso de alcanzarlo.
En ese escenario, la oposición quedó reducida y podrá dar el debate, pero no ganará ninguna votación sin la voluntad de Morena.
Las fuerzas que integraron la Coalición Fuerza y Corazón por México tendrán presencia minoritaria en ambas cámaras: el Partido Acción Nacional (PAN), con 71 diputados y 22 senadores; el Revolucionario Institucional (PRI) con 35 diputados y 16 senadores y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sin registro y con una diputada.
Movimiento Ciudadano, con cinco senadores y 27 diputados carecerá también de fuerza legislativa.
Con esos números, quedó muerto en el Senado el bloque de contención que pudo operar durante casi todo el sexenio, en la 64 y 65 Legislaturas, integrado por legisladores todos los partidos opositores a la Cuarta Transformación para frenar enmiendas a la Constitución.
Ahora, juntos los tres partidos de oposición que se unificaron en las elecciones del 2 de junio pasado, más MC que peleó solo en esa contienda, quedaron reducidos a 33.59% del Senado de la República.
Y con el reciente transfuguismo de dos legisladores perredistas, Sabino Herrera y Araceli Ocampo, que ganaron su escaño con una campaña que denunció a Morena como un riesgo para el país pero apenas ganaron migraron a sus filas, existe la posibilidad de que la presencia opositora se reduzca aún más.
En cualquier momento los opositores, que tienen como llave para evitar una votación de reforma constitucional sólo un voto, podrían perderlo: bastaría con que un senador que no sea de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) votara con ese bloque, o se ausentara, para que éste consiga mayoría calificada necesaria para reformas constitucionales.
La situación en la Cámara de Diputados es aún peor: juntos los opositores reunirán 27% de ese órgano legislativo y ni siquiera en comisiones podrían ganar alguna votación que el bloque oficialista no quiera.
Es, insiste Basave Benítez, el regreso a los tiempos del PRI “hegemónico y autoritario”.
Con el agregado de lo que está por verse en el sexenio por arrancar, de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá control total sobre ambas cámaras, pero con fuerte presencia de López Obrador.
“Ya se mostró que la 4T se va a convertir en el 2M: el segundo Maximato. Por supuesto que López Obrador va a seguir decidiendo. No va a estar físicamente, pero él dejó un manual, de qué es lo que quiere que se haga”, asegura Basave.
“Si ese manual se sigue a pie juntillas, él va a estar calladito allá en su quinta de Chiapas. Pero si hay un desvío, si la presidenta Sheinbaum se desvía o hace algo que él no le guste o se sale del guión que le dejó, veremos cómo se va a hacer sentir. Él se ha convertido en un caudillo y va a trascender su sexenio”.
Para ese fin usará al Congreso y la mayoría que dejó, considera el analista.
Bravo Ahuja asegura que ya no son los tiempos de antes y se vive una pluralidad, aun dentro de las fuerzas de la Cuarta Transformación, por lo que valora que incluso Sheinbaum podría reaccionar a lo que el Congreso pretende legislar a propuesta de López Obrador.
“Estamos viendo las consecuencias económicas que podría tener la reforma judicial, entonces ¿hasta qué punto está dispuesta la próxima presidenta a que le dejen esta herencia?
“Por eso en el próximo mes vamos a ver en la discusión de la reforma judicial si puede tener la presidenta Sheinbaum alguna injerencia o la deja pasar”, plantea la catedrática.
Pero si no en la votación, si en la operación incluso podría “irse distanciando” por lo que la relación de la mandataria con el congreso no necesariamente puede ser la del control que López Obrador sí ejerció “dictando la agenda legislativa ahora incluso, a la presidenta”.
Lo que si, considera, “la oposición puede muy fácil irse con Morena, el PRI muy fácilmente puede traicionar a su compromiso con el PAN”.
Pero más allá de los partidos “tenemos una sociedad civil más politizada, más dispuesta a salir a las calles, es más complejo” que plantear que Morena controla todo y para siempre, considera Bravo Ahuja.
Cortesía de EXPANSIÓN
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