La extorsión y el cobro de piso dejaron de ser un problema de seguridad para convertirse en una amenaza económica directa. No solo inhiben el crecimiento, representan un riesgo sistémico para toda empresa integrada a las cadenas globales de valor. Lo que pasa en las calles mexicanas tiene consecuencias en el sistema financiero internacional.
Las cifras son alarmantes. El primer semestre de 2025 cerró con 5,887 víctimas, la cifra más alta para ese periodo desde 2015. Pero esto es solo la punta del iceberg. La ENVE del Inegi revela que la cifra negra alcanza 97%. Solo tres de cada 100 casos se denuncian. Se calculan 5 millones de extorsiones anuales, casi 14,000 al día. El fenómeno alcanza 78% de los estados y crece sostenidamente desde 2021. Lo peor es que el cobro de piso casi se duplicó entre 2021 y 2023, de 67,600 a 113,000 casos, mientras la tasa de pago subió de 44.8%a 67 por ciento. Esto significa que dos de cada tres empresas que reciben cobro de piso terminan pagando. Afecta comercio, transporte, agricultura, construcción. No discrimina entre grandes y pequeños. Guanajuato, Estado de México, Morelos y Ciudad de México concentran los mayores focos rojos. Es un problema de seguridad pública, sí, pero sobre todo es un problema económico.
Los costos son brutales. Las pérdidas documentadas superan 21,000 millones de pesos hasta septiembre de 2025. El costo total de la inseguridad para el sector empresarial alcanzó 124,300 millones de pesos en 2023, equivalente a 0.51% del PIB. Las MiPyMEs —que representan 88% de las víctimas — enfrentan un costo promedio de 31,200 pesos por delito. El resultado es claro: cierres de negocios, inversión paralizada, mayor gasto en protección privada y seguros más caros. Coparmex estima que 12% de la inversión potencial no llega al país por este fenómeno. Las empresas pagan extorsión en lugar de invertir en productividad. La competitividad cae. El crecimiento se detiene. El círculo vicioso es evidente.
Hay una dimensión que pocos advierten. La designación de organizaciones criminales mexicanas como Foreign Terrorist Organizations lo cambió todo. El derecho internacional no protege a quien paga extorsión, ni siquiera bajo coacción. Y la legislación estadounidense mediante el Patriot Act, FinCEN y OFAC tiene alcance extraterritorial. Una empresa mexicana que pague extorsión puede quedar bloqueada del sistema financiero internacional. Vetada de mercados. La coacción no importa. Que el gobierno no pueda protegerla, tampoco. El sistema estadounidense no distingue entre víctima y cómplice. Si la organización está designada como terrorista, la sanción es automática. Sin apelación. Sin matices.
El gobierno propone una nueva ley: crea el delito federal de extorsión, lo persigue de oficio y reconoce a víctimas denunciantes. Está diseñada para el cobro de piso y causales vinculadas al crimen organizado. Son avances necesarios. Pero tiene un defecto que la vuelve inoperante sin correcciones.
Sin mecanismos de denuncia, la ley no servirá. Hoy todos pagan extorsión. Nadie denuncia. El miedo a represalias paraliza cualquier reporte; la desconfianza en que las autoridades ofrezcan protección efectiva, también. El sistema americano no distingue coacción de voluntad ni puede verificar identidades. Si alguien pagó y las autoridades mexicanas no actuaron, las consecuencias son automáticas. Se necesitan canales de denuncia anónima que funcionen. Sin espacios seguros, el problema seguirá invisible. El gobierno no ayuda. Sin denuncia segura, es imposible documentar esfuerzos.
Cortesía de El Economista
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