El pasado 17 de octubre, Claudia Sheinbaum nombró a Norma Solano Rodríguez como Presidenta del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con lo que ha quedado integrado el Pleno, también conformado por Ledénika Mackensie Méndez, María de las Mercedes Olivares, Tania Villa y Adán Salazar. Sin afán de demeritar a los comisionados recién designados, y aunque varias figuras relevantes en la industria les han deseado mucho éxito en esta “nueva etapa” para el sector, la realidad es que no parece haber nadie, ni remotamente inspirado, o emocionado por lo que vendrá para las telecomunicaciones.
Y es que la CRT ha nacido como árbol torcido. Por una parte, está la debilidad de su soporte jurídico. Un día después de la integración del Pleno, el 18 de octubre, entró en vigor la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones, tal como lo señala el artículo Segundo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual a su vez se emitió por mandato de la reforma constitucional. No es que mi redacción sea rebuscada, sino que nuestro nuevo marco jurídico para las telecomunicaciones es en realidad un carrusel regulatorio. La Ley le dio vida jurídica a la CRT, quien después le dio vida jurídica a la Constitución, de la que surgió la Ley. Me imagino lo difícil que va a ser para los nuevos comisionados redactar el capítulo de antecedentes de sus resoluciones.
Por otra parte, el diseño de la CRT no le ofrece la menor posibilidad de autonomía, ni del Poder Ejecutivo, ni del agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEPT).
Por lo que hace al Ejecutivo, aun cuando la nota al pie número 14 del Capítulo 18 del T-MEC establece que, para México, “el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto del Poder Ejecutivo” y “es independiente en sus decisiones y funcionamiento”, Morena no hizo caso de las advertencias de los expertos en el tema, y reformó la Constitución para establecer expresamente que el órgano regulador dependería del Ejecutivo. Claro. El objetivo era vengarse de los autónomos y la autonomía se aniquiló de raíz. Ningún intelectual iba a venir a arruinar la revancha, y así la violación al tratado quedó consagrada en el propio texto constitucional.
Luego, cuando se redactaba la ley secundaria, algún legislador de mayoría debió alcanzar a leer la famosa nota al pie del T-MEC, que no dejaba margen a la interpretación, y se le ocurrió una solución mágica: crear a la CRT como un órgano desconcentrado del regulador original, que sería la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente directa del Poder Ejecutivo. El cambio es una burda simulación. La violación al T-MEC está plasmada desde el artículo 28 constitucional, y ningún parche en la legislación secundaria puede enmendarla. Además, no olvidemos que la experiencia en el sector ya demostró que un órgano desconcentrado no tiene la autonomía suficiente para meter en cintura al mercado, en especial al AEPT, como lo aprendimos con la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Por si fuera poco, el oficialismo eligió a la mayoría de los comisionados de la CRT, directamente de la nómina de la ATDT. A ver cómo le explicamos a Estados Unidos que esto no les resta autonomía con respecto a la Agencia. Ahí va un clavo más al ataúd del T-MEC.
En medio de todo esto, ni la ATDT ni la CRT parecen estar poniendo mucha atención en el corto plazo a la desconcentración del poder del AEPT. Hasta ahora, ninguna de éstas se ha pronunciado con contundencia sobre este aspecto. La ATDT parece estar más preocupada por la eliminación de los trámites burocráticos, además de que acaba de contratar a AMX Contenido, S.A. de C.V., el brazo de América Móvil dedicado a los contenidos, para que monitoree y le reporte las noticias relevantes del sector (CONTRATO-ATDT-006-2025). Seguramente la síntesis no vendrá sesgada. Con todo, también le deseo buena suerte a los nuevos comisionados.
Cortesía de El Economista
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