Alejandro “Alito” Moreno, el controvertido senador y presidente del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra nuevamente en el “ojo del huracán” y es figura central en las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, que desde 2022 lo acusó de enriquecimiento ilícito y, a finales del mes de julio, solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos cuando gobernó el Estado, entre 2015 y 2019.
El martes pasado, a “Alito” Moreno le expropiaron ocho hectáreas en varios terrenos que estaban a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, mamá del político en cuestión, y de Juan José Salazar Ferrer, un presunto prestanombres del priista, amparados en las reformas que se hicieron a la ley estatal el mes pasado para poder expropiar propiedades y ocupar predios de manera automática bajo el criterio de la “utilidad pública”. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, calificó la expropiación como un “acto de justicia”, ya que en esos predios se planea la construcción de la Universidad de la Salud de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y le advirtió a “Alito” que: “Los amparos no valdrán porque siempre son amparos y amparos; ahora sí no, se valen… pero ya cuando se decide que es de utilidad pública, esto avanza porque avanza”.
Por supuesto que el tema llegó a la conferencia mañanera de ayer miércoles, donde a la Presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron sobre “sus consideraciones” del caso, a lo que contestó: “Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, y es por eso viene este esquema”, agregando que: “Ahora estamos planteando, nada más que se está trabajando la Ley de Extinción de Dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio, incluso en casos de delincuencia organizada, donde está probado; o sea, ya está la sanción a la persona, y hacer la extinción de dominio es muy largo”.
Lo que confunde es que, mientras la gobernadora de Campeche habla de una expropiación bajo el criterio de “utilidad pública” para construir un centro de estudios, la presidenta de la República -la que se supone debe estar enterada de todo- lo entiende como un recurso provocado por ser “propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción”. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque eso de usar un doble argumento con un mismo suceso se presta para malas interpretaciones.
Usted, ¿qué opina?
Cortesía de El Informador
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