Pocas personas que trabajen en el sector de las telecomunicaciones y que sean conscientes de las externalidades positivas de la inversión en nuevas tecnologías apostarían a utilizar el espectro radioeléctrico como un activo para recaudar dinero a corto plazo. Todo lo contrario, los expertos plantean integrar la asignación de este recurso en los planes de desarrollo económico, denominados de transformación digital, incorporando las telecomunicaciones en todos los procesos de producción del país. De esta manera, al incrementar la eficiencia y reducir costos, el impacto económico positivo para el país será mucho mayor.
No obstante, el espectro radioeléctrico, en particular el asignado a servicios móviles, se ha convertido en un punto de fricción estructural en México. Pese a que la conectividad digital está reconocida constitucionalmente como un derecho fundamental, el país mantiene uno de los regímenes de acceso más costosos del mundo. Esta contradicción refleja una política que privilegia la recaudación fiscal por encima de la inclusión digital, con consecuencias negativas para la competencia, la cobertura y la innovación tecnológica.
En un contexto global donde la expansión de las redes 5G y la universalización del acceso son prioridades estratégicas, México enfrenta un círculo vicioso: los altos costos que desincentivan la inversión, atrasan la innovación tecnológica, limitan la cobertura de redes terrestres y, paradójicamente, a largo plazo reducen los ingresos del propio Estado.
Para quienes no están familiarizados con este dilema que remite a los tiempos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, mejor conocida como COFETEL, el conflicto radica en la dualidad del marco jurídico mexicano. Por un lado, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promueve el acceso universal y la competencia; por otro, la Ley Federal de Derechos (LFD) convierte el espectro en una fuente fiscal mediante derechos anuales desproporcionados.
A diferencia de los esquemas internacionales, en los que se privilegian pagos únicos o compromisos de cobertura, México aplica un modelo híbrido compuesto por una contraprestación inicial y derechos anuales permanentes. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre el 70% y el 92% del costo total del espectro en México proviene de estos pagos recurrentes, mientras que en otros países rara vez superan el 50%.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define las cuotas anuales propuestas al Congreso sin considerar las recomendaciones del regulador. Pese a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hoy sustituido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ha documentado los efectos negativos de este modelo, carece de facultades para modificarlo. El Congreso, por su parte, ha aprobado reiteradamente las tarifas propuestas por el SHCP, incluso tras múltiples llamados de atención sobre su impacto. Los operadores móviles, Telcel, AT&T y Telefónica Movistar, han sido los principales afectados. Por ejemplo, Movistar terminó de devolver su espectro en 2023, alegando la inviabilidad económica. Por su parte, AT&T ha hecho lo propio parcialmente mientras que Telcel ha criticado públicamente el esquema. Estas empresas destinan entre el 6% y el 17% de sus ingresos al pago de derechos, lo que distorsiona sus presupuestos y limita la expansión de sus redes.
El consenso entre las asociaciones internacionales y las consultoras coincide con el de la OCDE. The Competitive Intelligence Unit (The CIU) y la GSMA ubican a México entre los regímenes más costosos del mundo, con precios hasta un 93% por encima del promedio internacional. En su momento, el extinto IFT estimó que, en la banda de 850 MHz, los derechos son cuatro veces más caros que la media global y, en la de 600 MHz, hasta diez veces. En consecuencia, las licitaciones recientes, como la IFT-10 de 2021, quedaron parcialmente desiertas debido a la falta de interés de los operadores. Pocos dudan que lo mismo sucederá en un próximo intento de asignación de espectro, la llamada subasta 5G, si las condiciones no se alteran para eliminar el factor recaudatorio de las concesiones de espectro.
Si México ajustara sus precios a niveles internacionales, cinco millones más de personas tendrían cobertura 4G y las velocidades de descarga serían un 30% superiores según cifras de un estudio de la GSMA publicado en 2022. Sin embargo, según The CIU, la recaudación por derechos cayó de 19.980 millones de pesos en 2019 a 16.776 millones en 2024, lo que confirma que el modelo actual no solo frena la expansión, sino que también resulta fiscalmente ineficiente.
Las consecuencias estructurales del alto costo del espectro en México son múltiples y profundamente interrelacionadas. La cobertura y la calidad del servicio resultan deficientes, ya que el sobreprecio del espectro desvía recursos de inversión hacia el pago de derechos. Además, se observa una creciente concentración del mercado, ya que los elevados costos expulsan a los competidores más pequeños y refuerzan el dominio de Telcel, que actualmente controla más del 60% del sector.
Asimismo, el despliegue de la tecnología 5G se ve retrasado por el desinterés generado por las licitaciones onerosas, lo que amenaza con ampliar aún más la brecha digital, especialmente en lo relativo a la adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa por parte de entidades académicas y de pequeñas y medianas empresas. Finalmente, esta dinámica también provoca pérdidas fiscales, ya que las devoluciones de espectro y el menor dinamismo del mercado reducen los ingresos públicos, con estimaciones que superan los 18.000 millones de pesos entre 2019 y 2024 según cifras del IFT.
Modelos internacionales más equilibrados demuestran que otra vía es posible. Brasil convierte los pagos en compromisos de cobertura, priorizando la inclusión digital. El Reino Unido redujo sus licencias en un 26% al reconocer que los precios altos limitaban la inversión. India eliminó en 2021 las cuotas anuales para nuevas licencias, lo que impulsó la mayor subasta de 5G de su historia. Croacia y Nueva Zelanda también ajustaron sus tarifas a la baja para incentivar la expansión tecnológica. Estos ejemplos muestran que reducir las tarifas no implica perder ingresos, sino dinamizar el mercado y ampliar la base recaudatoria mediante una mayor conectividad.
México mantiene su política por tres razones principales, primero, la dependencia fiscal, que convierte al espectro en un ingreso fácil y políticamente poco visible. Segundo, la visión de corto plazo, que prioriza los ingresos inmediatos por encima de los beneficios estructurales de largo plazo. Tercero, la fragmentación institucional, que impide una coordinación efectiva entre Hacienda, el regulador y el Congreso.
Desde una perspectiva política, la complejidad del tema y el poco conocimiento del mismo entre la ciudadanía reducen la posibilidad de cualquier presión política para cambiar un modelo que, aunque disfuncional, resulta rentable en el corto plazo para las finanzas públicas.
Lo sorprendente del presente esquema recaudatorio de México es que se ha convertido en uno de los pocos puntos de consenso dentro de la industria de telecomunicaciones, desde la academia y los proveedores de servicio de telecomunicaciones hasta todos los comisionados que pasaron por IFT e inclusive, el último presidente de su antecesor, la COFETEL.
Entre las recomendaciones que, a lo largo de los años, han ofrecido tan diversas voces se incluyen reducir los derechos anuales para alinearlos con los estándares globales, establecer un esquema progresivo que beneficie a los operadores pequeños, permitir la conversión de pagos en compromisos de cobertura y revisar periódicamente las tarifas con base en el valor económico real del espectro. La SHCP debe reconocer que los ingresos sacrificados a corto plazo se compensarán con una mayor inversión, empleo e innovación. El Congreso, por su parte, debe legislar con visión de largo plazo y otorgar al regulador facultades efectivas para alinear la política fiscal con los objetivos de conectividad.
Reformar este régimen no es solo una cuestión técnica, sino también una decisión de desarrollo nacional. México debe elegir si el espectro será una fuente de ingresos fiscales o una palanca para la innovación, la inclusión y la prosperidad. Mantenerlo como un impuesto perpetuo no solo es un error, sino un lujo que México no puede seguir pagando.
Ante este panorama, en octubre de 2025, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la CRT publicaron una nota metodológica que concluye que México está un 7% por debajo de la referencia internacional en precios del espectro si se utiliza la media, o un 27% por encima si se utiliza la mediana. Los bloques de espectro considerados en este ejercicio por el nuevo regulador fueron: 850 MHz, AWS (1.7 GHz/2.1 GHz), PCS (1.9 GHz), 2.5 GHz y 3.5 GHz.
La publicación del documento parece conveniente en pleno debate sobre los altos costos del espectro. Sin embargo, el problema es que se basa en una comparación mal construida y ajena a la realidad del mercado. El costo del espectro tiene dos componentes en casi todo el mundo: un pago inicial alto, correspondiente a la subasta, y tasas anuales modestas. México invierte esa lógica, pues el esquema híbrido de la LFD traslada la mayor parte del costo a pagos anuales recurrentes durante veinte años y a pagos renovables, generando una presión permanente sobre las finanzas de los operadores.
Asimismo, la publicación de la CRT comete un error fatal al comparar el pago anual de un solo año en México con el costo total a valor presente, que en otros países incluye el pago inicial y la suma de los pagos anuales.
Si se calcula correctamente el valor presente neto (VPN) para los derechos anuales en México utilizando el dato promedio de 34,829 pesos por kHz al año de la publicación de la CRT y una tasa de descuento de 10% el resultado es que México no está un 7% más barato ni un 27% más caro en términos anuales equivalentes: en VPN total, resulta entre un 9% y un 49% más oneroso, y hasta un 76% si se prioriza la mediana como referencia robusta.
Otro elemento que causa confusión es que el documento de la CRT ofrece dos lecturas, el promedio aritmético y la mediana, sin justificar cuál corresponde al problema que analiza. En los mercados de espectro, donde abundan los valores atípicos, la mediana es el indicador más robusto del precio típico. Incluso aceptando la propia mediana de la nota, México se encuentra un 27% por encima de la referencia internacional. La coexistencia de dos conclusiones contradictorias, sin orientaciones para interpretarlas, constituye una invitación a la selección sesgada de datos.
El valor del espectro depende de variables que la publicación de la CRT omite o trata de forma superficial: cobertura geográfica, duración de la licencia, tamaño del bloque, obligaciones de inversión y momento del ciclo tecnológico. Sin adaptar por estos factores, el indicador de precio por MHz y por habitante resulta erróneo. Que México aparezca barato en bandas como 850 MHz o 3.5 GHz contradice la evidencia del mercado, que muestra licitaciones desiertas, devoluciones de espectro y retraso en 5G. Si realmente fuera barato, sobrarían los postores y los despliegues, pero no es así.
La publicación de la CRT no distingue entre países de la OCDE y no pertenecientes a ella, ni entre regiones ni entre niveles de ingreso. Con una distribución sesgada, la falta de sensibilidad es una receta para conclusiones frágiles. Tampoco hay reconciliación con el estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones de 2023, que halló hasta un 88% de sobreprecio frente al promedio internacional, ni con los análisis de la GSMA, de la OCDE o de consultoras como The CIU. También se ignora la evidencia del mercado: devoluciones de espectro, licitaciones fallidas y un despliegue 5G rezagado. Si los precios fueran competitivos, esos hechos no existirían, a menos que se quiera sugerir que tanto Telefónica como AT&T mintieron al justificar su decisión de devolver bloques de espectro al gobierno.
En México, los costos recurrentes altos generan economías de escala severas. Telcel puede absorber los derechos destinando cerca del 6% de sus ingresos, mientras que AT&T roza el 17% y para los operadores más pequeños resulta inviable. Un promedio único oculta esa asimetría y refuerza la concentración. Tras la desaparición del IFT, la nueva estructura regulatoria se alinea más con las prioridades fiscales y una nota que afirma que los precios son razonables justifica el statu quo. El resultado es una menor cobertura, menor calidad, menor competencia y, paradójicamente, menor recaudación neta.
Un análisis riguroso debería comparar los costos totales equivalentes, publicar la base de datos completa, realizar ejercicios de sensibilidad, reconciliar los resultados con la literatura existente e incorporar la evidencia del mercado. Solo así sería posible construir una política de espectro basada en evidencia. La nota metodológica no falla en un tecnicismo: confunde un flujo anual con un costo total y, al hacerlo, tergiversa la realidad que pretende medir. Cuando se realiza el cálculo correcto, México no está por debajo del promedio internacional, sino que está varias veces por encima.
Tampoco puede ignorarse que el documento menciona una muestra de 47 países y 225 observaciones entre 2008 y 2024, pero no se publican la lista de países, los criterios de inclusión, la duración de las licencias ni las obligaciones asociadas. Conocer cuáles son las jurisdicciones utilizadas como referencia en este documento no es algo banal, pues, dependiendo de la localización geográfica de cada país, la forma en que se considera cada bloque de espectro antes mencionado puede cambiar.
Esto se debe a que la Unión Internacional de Telecomunicaciones divide el mundo en tres regiones para la gestión del espectro radioeléctrico, y México pertenece a la Región 2, junto con el resto del continente americano. Comparar los precios del espectro entre estas regiones sin ajustes constituye un error metodológico grave porque la misma banda de frecuencias puede estar asignada a servicios completamente distintos en cada región, tener diferentes anchos de banda disponibles para servicios móviles, contar con ecosistemas de dispositivos incompatibles, y enfrentar restricciones técnicas disímiles por interferencia transfronteriza.
Por ejemplo, la banda de 2.5 GHz que en las Américas (Región 2) se destina principalmente a servicios móviles, en Europa (Región 1) y Asia (Región 3) puede incluir servicios satelitales o usos militares, lo que hace que una concesión nominalmente de “2.5 GHz” no sea realmente comparable entre regiones. Además, la Región 2 presenta una mayor armonización espectral debido a la influencia del mercado estadounidense, lo que genera economías de escala en equipamiento y un mayor valor económico del espectro armonizado, fenómeno que no necesariamente se observa en otras regiones.
Si el documento de la CRT incluye en su muestra de 47 países observaciones de las tres regiones, sin distinguir ni ajustar por estas diferencias fundamentales, el promedio resultante estaría sesgado y no reflejaría adecuadamente las condiciones del mercado estadounidense en el que México debe competir. La comparación más pertinente y accionable sería con los estados de la Región 2, particularmente Estados Unidos, Canadá, Brasil (no en todas las bandas, por ejemplo, PCS), Colombia, Chile y Argentina, países que enfrentan el mismo marco técnico de asignación de frecuencias, comparten ecosistemas de dispositivos compatibles y operan bajo condiciones regulatorias regionales similares.
La ausencia total de cualquier mención o análisis sobre las regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en un documento que pretende establecer referencias internacionales de precios espectrales constituye una omisión técnica significativa que compromete seriamente la validez de sus conclusiones y sugiere que las comparaciones presentadas pueden mezclar realidades técnicas y económicas fundamentalmente incomparables.
Como se puede observar, la discusión sobre el espectro no es una cuestión de tablas ni de porcentajes, sino una decisión esencial para el desarrollo económico, social y tecnológico de México. El alto costo del espectro radioeléctrico no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas que han subordinado la política digital al afán recaudatorio. La evidencia de la GSMA, The CIU, la OCDE y el propio IFT demuestra que este modelo ha provocado la concentración de mercado, el rezago tecnológico, la pérdida de competitividad y una brecha digital persistente.
El gobierno debe considerar el espectro como un insumo esencial, con tarifas anuales razonables, compromisos de cobertura y reglas que fomenten la competencia. La nota metodológica de la CRT envía una terrible señal al sector, pues se construye una historia ficticia que puede servir de marco para justificar decisiones futuras. Qué tristeza me produce ver que en México se insista en seguir caminando por un rumbo equivocado.
Cortesía de El Economista
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