El expresidente Bolsonaro será juzgado en Brasil por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro será juzgado por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado en su país.

La Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) dio luz verde este miércoles al procesamiento del exmandatario de extrema derecha, bajo la imputación de liderar una “organización criminal” que buscaba impedir que su sucesor izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera el poder tras su victoria en las elecciones de 2022.

También serán juzgados siete exmiembros del gobierno de Bolsonaro, tres de los cuales eran generales del Ejército: Augusto Heleno (exministro de la Oficina de Seguridad Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (exministro de Defensa) y Braga Netto (exministro de la Casa Civil).

Tras el pronunciamiento judicial, Bolsonaro reiteró que niega haber cometido los delitos de los que se lo acusa.

Los cinco magistrados de la Sala acordaron por unanimidad aceptar las acusaciones que presentó en febrero la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Bolsonaro y sus colaboradores.

La PGR solicitó que responda por los delitos de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal armada, daños calificados con violencia y amenaza grave contra el patrimonio de la Unión, además de deterioro de patrimonio catalogado.

Según la acusación, los presuntos golpistas contemplaron el asesinato del presidente Lula, de su vicepresidente y del juez del Supremo Alexandre de Moraes, que instruye el caso.

La denuncia vincula las acciones de Bolsonaro con los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de personas indignadas con la victoria de Lula invadieron y vandalizaron la sede del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo) y el propio Supremo Tribunal Federal.

Las defensas de los acusados niegan todas las acusaciones.

Según la PGR, Bolsonaro y los siete exfuncionarios mencionados formarían parte de un “núcleo crucial”, en el que se habrían originado las principales decisiones y acciones relacionadas con el supuesto golpe, pero además el STF evaluará la apertura de procesos contra otros tres núcleos, con otros 26 imputados.

Si Bolsonaro es condenado por todos los delitos, las penas máximas combinadas podrían superar los 40 años de prisión, ya que está acusado de liderar la presunta organización criminal.

En Brasil, las penas de más de 8 años comienzan a cumplirse en confinamiento.

El magistrado Alexandre de Moraes (ponente del caso) dijo que en la acusación que la PGR presentó, en relación con los ocho imputados, están “los elementos de prueba que permiten instaurar el proceso penal” y mostró un video de los actos del 8 de enero.

Según afirmó, las imágenes demuestran que la acción contra los tres poderes no fue una manifestación pacífica.

Tras finalizar la audiencia, Bolsonaro se reunió con la prensa frente al Senado y pronunció un largo discurso.

El exmandatario insistió en que no estaba en Brasil el 8 de enero. “Si hubiera estado aquí el 8 de enero, hoy todavía estaría en la cárcel. O muerto.”

“Espero poner fin a esto. La acusación contra mí es muy grave, infundada, y no es algo que diría porque sí. Parece que hay algo personal en mi contra”, declaró a la prensa.

Además, tan pronto como terminó la sesión en el STF, Bolsonaro envió a sus aliados un mensaje con 16 puntos sobre su caso y pidió su divulgación.

En el mensaje, el expresidente aseguró que el proceso es una persecución para impedirle participar en las elecciones presidenciales de 2026 y que se lo acusa de un delito que no cometió, a través de un proceso sin pruebas.

“Hablé con asesores sobre alternativas políticas para la nación, pero nunca deseé ni planteé la posibilidad de una ruptura democrática”, escribió Bolsonaro en el mensaje.

En junio del año pasado, el Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró a Bolsonaro inelegible hasta 2030, lo que ya le imposibilita postularse a cualquier cargo electivo en las próximas elecciones.

En el mensaje enviado a los aliados, Bolsonaro dijo que su vida personal, financiera y política fue “invadida”, algo que, según él, es inédito para un expresidente.

A su vez, afirmó que no se encontró nada que indique corrupción.

Patriarca de una familia de políticos, Bolsonaro afirmó que su familia fue perseguida por la prensa, lo que llevó a uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, a vivir en EE.UU. “debido al nivel de persecución que sufre”.

Sobre los hechos del 8 de enero de 2023, el expresidente señaló que repudió, ese mismo día a través de las redes sociales, los “actos violentos cometidos por quienes ejercieron el legítimo derecho a la protesta, sin violencia, como fue el caso de la mayoría de los manifestantes”.

Otros argumentos utilizados por los abogados y reafirmados ahora por Bolsonaro son en relación a la sospecha del ministro De Moraes y a la competencia de la Sala Primera para juzgar el caso.

Celso Vilard, abogado de Bolsonaro, destacó que el expresidente autorizó a fines de diciembre de 2022 que el mando del Ejército pasara a un general designado por Lula incluso antes de que este asumiera el cargo.

“Entiendo la gravedad de todo lo ocurrido el 8 de enero, pero no se puede querer atribuir responsabilidad al presidente de la República [Bolsonaro] al colocarlo como líder de una organización criminal cuando no participó en el asunto del 8 de enero. Al contrario, lo repudió”, había dicho Vilard el martes, durante una comparecencia al inicio del proceso judicial.

Para la Fiscalía, el plan para mantener a Bolsonaro en el poder habría comenzado con ataques infundados sobre la seguridad de las máquinas de votación electrónica en 2021 y evolucionó hacia actos que allanarían el camino para el golpe de Estado, un plan para matar a Lula y presiones a las Fuerzas Armadas para ejecutar el golpe, culminando el 8 de enero de 2023.

La defensa del expresidente, al negar las acusaciones, destacó que Bolsonaro estaba fuera del país, viviendo en Estados Unidos, cuando sus partidarios radicales vandalizaron los principales edificios de la República.

Es precisamente en el proceso penal que ambas partes intentarán convencer al STF de sus versiones.

En los próximos meses, el proceso involucrará a militares de alto rango y autoridades, quienes serán llamados como testigos.

*Con información de Mariana Schreiber y Leandro Prazeres, de BBC News Brasil en Brasilia

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