El Gobierno cierra 2025 lanzando un nuevo mensaje de su compromiso con la OTAN y la seguridad de la UE. El Consejo de Ministros del 23 de diciembre aprobó una inversión de más de 2.000 millones de euros en gasto militar sin darle ninguna publicidad para no incomodar más de lo necesario al socio minoritario de la coalición y no agravar la tensión con la mayoría de los grupos del bloque de la investidura en una cuestión, la del gsto en Defensa, muy sensible para la izquierda. La partida multimillonaria se destinará a la adquisición de vehículos de transporte táctico, las mejoras logísticas de arsenales y en la base naval de Rota (Cádiz), el programa de submarinos de la serie s-80, el desarrollo en la provincia de Zamora de uno de los principales cuarteles del Ejército de Tierra y la ayuda a la defensa de Ucrania.
La OTAN, con la que Pedro Sánchez se las ha tenido tiesas por negarse, a diferencia del resto de aliados, a incrementar el gasto militar hsta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2035 como exigía el presidente estadounidense Donald Trump, calculó en agosto que España ya estaba destinando el 2% comprometido por el presidente del Gobierno. Y que lo cumpliría en el último cuatrimestre del año, lo que exigía una inversión de 10.471 millones, hasta llegar a un total de 33.123 millones. La víspera de Nochebuena, el Ejecutivo aprobó 1.900 millones para Defensa y una contribución voluntaria de 100 millones a la OTAN para el fortalecimiento de las “capacidades defensivas” de Kiev. Sánchez anunció en noviembre, en una comparecencia conjunta con Volodímir Zelenski en La Moncloa, que España destinaría 817 millones en apoyo a Ucrania, incluidos 100 millones para la compra “urgente y acelerada” de armamento estadounidense, fundamentalmente misiles antiaéreos para proteger las infraestructuras energéticas de los bombardeos rusos, a través de la OTAN.
“España es un socio fiable y es de los países que más cumplen en el ámbito de la Alianza Atlántica. Cuando llegamos al Gobierno, nuestras Fuerzas Armadas carecían prácticamente de todo, la inversión en Defensa era del 0,9% del PIB. Nosotros hemos hecho un esfuerzo cumpliendo los compromisos a los que se llegó en Gales [en 2014]. No es un problema de porcentajes, sino que es un problema de capacidades, y las capacidades las tenemos y ponemos en el ámbito de la Alianza Atlántica”, recalcó Margarita Robles, la ministra de Defensa, este lunes en La Hora de la 1 de TVE.
Más de la mitad de los 2.001,2 millones aprobados en gasto militar corresponden a la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico. El valor del acuerdo marco asciende a 1.041 millones y tendrá una duración de cuatro años, con la posibilidad de dos años de prórroga. El objetivo es “completar y mejorar” la cobertura con este tipo de vehículos y la renovación de la flota para que las Fuerzas Armadas sean capaces de operar “en todo tipo de entornos y de integrarse en estructuras multinacionales para asegurar la protección de la población y el control del territorio y los recursos”, según la referencia del último Consejo de Ministros del año.
La siguiente partida más cuantiosa es la modificación de la orden de ejecución para la construcción de cuatro submarinos de la serie s-80. El valor estimado es de 432 millones y el Gobierno argumenta que es necesaria para alcanzar una “configuración adecuada” de los sumergibles, adquirir repuestos y atender la gestión “de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones” de los buques. Un error en el diseño, que supuso un sobrepeso de 125 toneladas que amenazaba la flotabilidad, y la ruptura inicial de Navantia con la francesa DCNS, han supuesto retrasos y sobrecostes milmillonarios a un programa que hasta el momento ha costado cerca de 4.000 millones de euros en su totalidad. La previsión es que los tubos de última generación, con los que España ganará “independencia estratégica” según Defensa, se entreguen en 2026, 2028 y 2030.
La ciberseguridad se lleva otros 353,5 millones. El acuerdo marco para la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa aprobado por el Gobierno consiste en la consolidación de la seguridad en los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, “mediante el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta” a ciberataques. La inversión responde a los requisitos de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y de las organizaciones internacionales de las que España forma parte. La duración del contrato es de tres años desde junio de 2026 o desde la fecha de su formalización, prorrogable otro ejercicio.
La construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la base naval de Rota –donde Estados Unidos tiene desplegados cinco destructores antimisiles que son clave para la defensa Europa de la amenaza rusa- tendrá un coste de 32,4 millones y tendrá una duración de 20 meses. El Gobierno justifica la ejecución de este proyecto por criterios “de interés público, defensa nacional y soberanía energética” con el fin de “garantizar la operatividad” de la nueva clase de fragatas F-110 y de dotar al conjunto de la Armada “de un sistema nacional, robusto y seguro de suministro de combustible estratégico”. En septiembre fue la botadura de la primera fragata de combate de clase F110, de las cinco que Navantia debe entregar a la armada española hasta 2030.
La asistencia técnica para la gestión del apoyo logístico en el aprovisionamiento de los arsenales de la Armada y en la jefatura de servicios generales (Madrid), un contrato de dos años prorrogables otros dos por un importe de 28,5 millones, persigue dotar a la fuerza naval de un servicio externo de apoyo técnico especializado que “complemente las capacidades propias”, permita mantener la continuidad de las operaciones logísticas y “asegure la calidad y fiabilidad de la información gestionada”, según la información aportada por el Gobierno.
La segunda fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora), dotado con 13,9 millones, es un guiño a la España vaciada, ya que con este proyecto se pretende fijar población en una de las provincias más golpeadas por la pérdida de habitantes. El futuro cuartel, que contará con unos 1.400 militares del Ejército de Tierra, se espera que esté operativo en 2027. El proyecto contempla la formación de la red viaria interior y explanadas, con firmes, pavimentos y drenaje, así como la ejecución de las acometidas de las redes de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas. Incluye también las redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, y diversas obras de fábrica complementarias como muros, bordillos, cunetas y arquetas y red contra incendios.
Cortesía de El País
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