El gobierno de EE.UU. admite un “error” al deportar a un salvadoreño a la megaprisión de Bukele

El gobierno del presidente Donald Trump reconoció haber deportado por equivocación a un salvadoreño con estatus legal protegido en Estados Unidos a El Salvador, donde después fue trasferido a la prisión de máxima seguridad llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

“La expulsión fue un error”, escribió un alto funcionario del Servicio de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un documento judicial el lunes por la noche, generando indignación entre grupos en defensa de los derechos de los inmigrantes.

El deportado en cuestión es Kilmar Armando Ábrego García, de 20 años, quien fue detenido el 12 de marzo tras una jornada de trabajo como aprendiz de chapista en una construcción en Baltimore, Maryland (EE.UU.), según una denuncia presentada ante un tribunal federal por sus abogados.

Tres días después, el 15 de marzo, fue expulsado del país en uno de los tres vuelos que partieron de EE.UU. en medio de una batalla legal, después de que el presidente Trump invocara una ley del siglo XVIII para justificar la deportación y un juez federal tratara de bloquear la decisión.

Luego se especificaría que en los vuelos habían llegado 261 indocumentados, de los que 238 se dijo que eran presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y 23 supuestos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), a pesar de que hasta el momento no se han mostrado pruebas de su vinculación criminal.

El tribunal finalmente estableció que no debía ser deportado a El Salvador, al considerar que su temor a ser allí perseguido y torturado era creíble.

Como resultado de esa determinación, el joven salvadoreño fue liberado y desde entonces había vivido en Maryland con su esposa, una ciudadana estadounidense, y el hijo de ambos.

Fue su mujer la que lo reconoció en un video del traslado al Cecot distribuido por el gobierno de El Salvador y compartido por el propio Bukele en las redes sociales.

La administración Trump asegura ahora que no hay nada que pueda hacer para facilitar el regreso de Ábrego García a la custodia de EE.UU., algo que solicitaron los abogados de este.

Ábrego García “salió de El Salvador cuando tenía unos 16 años, huyendo de la violencia de las pandillas. Desde 2006 miembros de las pandillas lo habían acosado, golpeado y amenazado con secuestrarlo y matarlo con el objetivo de coaccionar a sus padres para que sucumbieran a la extorsión”, aseguran sus abogados en la demanda.

“Aunque ha sido acusado de ‘afiliación general a pandillas’, el gobierno de EE.UU. nunca ha presentado la más mínima evidencia que respalde la infundada acusación”, argumentan.

El Departamento de Justicia instó este lunes a una jueza federal a rechazar la petición de los abogados, argumentando que el gobierno estadounidense no tiene la potestad para forzar a El Salvador a realizar la devolución del preso y que los tribunales tampoco tienen la autoridad para emitir tal orden.

El caso está en manos de la magistrada Paula Xinis, quien fue nombrada por el demócrata Barack Obama para el tribunal de distrito de Maryland.

La administración Trump reconoce que el ICE “estaba al tanto de la protección contra la deportación” con la que contaba Ábrego García, y que lo expulsó “debido a un error administrativo”.

“Fue un descuido y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden final de deportación y la supuesta pertenencia de Ábrego García a la MS-13”, escribió Robert Cerna, director interino de la oficina de campo de operaciones de cumplimiento y deportación de ICE, en la declaración presentada ante el tribunal.

La administración Trump alega además que, a pesar del “error de buena fe”, es poco probable que Ábrego García enfrente tortura en El Salvador, en parte porque el gobierno estadounidense llevó a cabo una amplia evaluación de las intenciones del gobierno salvadoreño antes de los vuelos de deportación.

“Este tribunal debería someterse a la determinación de que Ábrego García probablemente no será torturado o asesinado en El Salvador”, escribieron los fiscales del Departamento de Justicia.

“Aunque el gobierno se equivocó al expulsar a Ábrego García específicamente a El Salvador, el gobierno no habría enviado a ningún extranjero a El Salvador (…) de creer que al hacerlo violaría las obligaciones de Estados Unidos” asumidos al suscribir un tratado internacional contra la tortura.

Al conocerse la noticia, organizaciones y activistas pusieron el grito en el cielo y exigieron explicaciones a la administración.

La expulsión de EE.UU. de Ábrego García y otras decenas de venezolanos y salvadoreños tuvieron lugar después de que el presidente Trump invocara como justificación la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y a pesar del intento de un juez federal de bloquearla.

En una audiencia celebrada el 15 de marzo, James Boasberg, el principal juez federal en Washington D.C., impuso una orden de restricción temporal sobre el uso de la ley y ordenó el regreso de los vuelos de deportación que ya habían partido.

Sin embargo, las deportaciones continuaron y la Casa Blanca ha pedido al Tribunal Supremo que levante las restricciones, mientras el juez Boasberg ha declarado su intención de “llegar al fondo del asunto” para determinar si el poder Ejecutivo desoyó o no al Judicial.

La próxima audiencia del caso se celebrará este jueves.

En una publicación en la red social X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió un video en el que muestra a hombres siendo bajados de un avión y llevados a celdas de prisión.

“Todos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluyendo seis violadores de menores”, escribió, aunque omitió sus nombres y los detalles de los presuntos delitos.

Una lista publicada por un medio estadounidense y validada por la Casa Blanca sugiere que, de los 17 deportados, al menos 12 tenían antecedentes penales, uno confesó ser pandillero y tres enfrentaban cargos.

El restante, según la información disponible, no habría sido condenado por delito alguno.

Bukele agregó que “esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.

El gobierno de Venezuela está realizando gestiones para lograr la liberación de los deportados, mientras aceptó recibir a otros expulsados.

Y es que el gobierno estadounidense reanudó los vuelos de deportación directamente a Venezuela hace unos días.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.