El gobierno federal mexicano insiste en abrirle la puerta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Altán Redes para operar servicios móviles en zonas urbanas mediante espectro comercial. Sin embargo, ahora promete tanto la empresa gubernamental como Bait de Walmart lo harán sin privilegios, bajo las mismas reglas que enfrentan operadores privados como Telcel o AT&T a través de concursos de licitación pública.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aseguró en la conferencia mañanera que “si es para comercializar, pues igual que cualquier otra empresa, sea privada o pública”. Es decir, tanto CFE como Altán deberán competir por el espectro y pagar los mismos derechos de uso que sus rivales, sin tratos preferenciales.
Esta postura, según Merino, buscaría mitigar las preocupaciones detonadas por el proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), cuya redacción todavía permite al Estado reservarse bandas radioeléctricas sin costo alguno. El artículo en disputa facultaría al Ejecutivo a otorgarse concesiones de espectro con preferencia sobre terceros y sin contraprestación, una medida que fue criticada por distorsionar la competencia en el mercado móvil.
“Mismas condiciones”, pero sin detalles: el sector exige precisión para evitar ventajas a CFE y Altán
La ATDT insiste en que la participación de CFE será en igualdad de condiciones, sin embargo el sector aún desconfía. Peña Merino no fue explícito sobre si efectivamente se convocará a licitaciones públicas cuando CFE o Altán busquen espectro para operar servicios en zonas con cobertura comercial.
Como lo advirtió Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, “si Altán sigue como operador en condiciones de privilegio, se verá su efecto en el mercado rápidamente, particularmente en la licitación 5G que venga y en la negociación del T-MEC”, según reporte de El Economista La industria permanece en alerta mientras la ley se discute en el Congreso.
Además, las dudas sobre las condiciones de equidad aumentan si se considera que, según Expansión, el dictamen legislativo mantiene artículos que permiten al Estado acceder al espectro “de manera directa, sin contraprestación y con preferencia de terceros”. Aunque Peña Merino afirma que la intención es tratar a CFE como cualquier otro operador cuando se trate de fines comerciales, no ofreció mecanismos específicos para garantizar esa neutralidad.
De llevar internet a zonas remotas, a vender servicios en el mercado
La discusión tiene como centro un cambio estratégico que ha causado sospechas en los operadores privados. Desde 2022, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos comenzó a ofrecer servicios de conectividad no sólo en comunidades alejadas, sino también en zonas urbanas densamente cubiertas, como la Ciudad de México y el Estado de México.
Según Expansión, este cambio de enfoque, impulsado por la administración obradorista y ahora respaldado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, permitió a CFE captar hasta 1.7 millones de usuarios a septiembre de 2024. Sin embargo, también generó desplazamiento de mercado y afectaciones a iniciativas comunitarias como Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.), que perdieron base de usuarios desde la expansión de Altán y CFE con tarifas difícilmente replicables.
Esto genera cuestionamientos sobre el papel que debe asumir el Estado en el sector. Fernando Borjón, consultor senior de Access Partnership dijo a El Economista que en lugar de competir en zonas rentables, el gobierno debería centrarse en habilitar conectividad en las regiones realmente marginadas, y subsidiar el acceso mediante un fondo de cobertura social.
Precios elevados de espectro y operadores privados golpeados
Uno de los argumentos detrás del posible trato especial para CFE ha sido la elevada carga tributaria que enfrentan los operadores comerciales por el uso del espectro. Según El Economista, Telcel y AT&T destinan entre el 6% y 17% de sus ingresos anuales sólo al pago de derechos por bandas radioeléctricas. Esta presión llevó a Telefónica y AT&T a devolver parte de sus concesiones por inviabilidad financiera.
Mientras tanto, Altán Redes aspira a que se le asigne gratuitamente un bloque de 40 MHz en la banda de 2.5 GHz, crucial para el despliegue de 4G y 5G a nivel nacional. Aunque la ATDT no ha confirmado ni negado esta posibilidad, la industria teme que se consolide un doble estándar en la práctica: licitación para unos, acceso preferente para otros.
Telcel prende las alertas ante el avance de Bait
Aunque la narrativa oficial se centra en la competencia justa entre operadores públicos y privados, Telcel ya ha manifestado preocupación explícita sobre el papel de Altán como proveedor mayorista, particularmente por su relación con Walmart. En múltiples ocasiones, la empresa ha denunciado que Bait recibe condiciones preferenciales que le han permitido ofrecer paquetes comerciales por debajo del costo de mercado.
Actualmente, Bait ya es el cuarto operador más grande del país con más de 15 millones de usuarios y su entrada al segmento de pospago prevista para 2025 ha encendido nuevas alarmas. Telcel teme que, de aprobarse la nueva ley en sus términos actuales, Altán pueda recibir espectro adicional sin licitación formal, lo que consolidaría la ventaja competitiva de Bait sin que este tenga que asumir los costos regulatorios que enfrentan sus rivales.
Una promesa que aún debe plasmarse en ley: “igualdad de condiciones” no basta con palabras
Para muchos analistas, la promesa de trato igualitario debe reflejarse en la ley y no quedarse en declaraciones. Erick Huerta, de TIC A.C. dijo a El Economista:
“Hay que ver si esta afirmación va en esos dos sentidos: igualdad ante las normas de competencia y libre concurrencia”.
El escepticismo continúa, sobre todo mientras la redacción final de la LMTR mantenga resquicios legales para favorecer a operadores estatales. Por su parte, Peña Merino reconoció que los precios en telecomunicaciones disminuyeron durante el sexenio, pero México aún no alcanza estándares competitivos internacionales.
Un gigabyte cuesta en promedio 5.22 dólares, mientras que en Brasil ronda los 2.8 dólares. Paradójicamente, ese país sí ajustó sus políticas fiscales sobre el espectro para priorizar la cobertura y los servicios, algo que el gobierno mexicano evitó hacer al no reformar la Ley Federal de Derechos.
Cortesía de Xataka
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