El gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia en la provincia donde la filial bananera de EE.UU. Chiquita despidió a 5.000 trabajadores

El gobierno de Panamá declaró el martes el estado de emergencia en la provincia donde el gigante bananero estadounidense Chiquita Brands despidió a unos 5.000 trabajadores la semana pasada.

El estado de emergencia fue declarado en la provincia de Bocas del Toro, en el noroeste del país, donde la bananera tiene una planta cuyos trabajadores mantienen desde el 28 de abril una huelga que ha paralizado la producción de la empresa, bloqueado carreteras y suspendido las clases escolares.

El paro fue organizado en protesta por una reforma de pensiones aprobada por el Congreso en marzo.

El martes el Consejo de Gabinete del presidente José Raúl Mulino anunció la aprobación de una resolución para declarar el estado de emergencia en la provincia y la creación de una comisión de alto nivel “para atender la situación causada por la huelga bananera y los cierres de vías en la provincia”.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, dijo que el estado de emergencia permitirá al gobierno agilizar los procesos burocráticos para abordar con rapidez la crisis económica en la provincia, que depende económicamente del turismo y la producción bananera.

“Los integrantes de la comisión se encargarán de autorizar contrataciones mediante procedimiento excepcional que soliciten los ministerios para las compras y proyectos que consideren cruciales para la recuperación económica de Bocas del Toro”, declaró Orillac.

Y agregó que “la declaratoria de estado de emergencia no implica la suspensión de garantías fundamentales ni de derechos constitucionales de ningún ciudadano”.

“Esto más bien es para activar [económicamente] a la provincia”, añadió Orillac.

Chiquita, que empleaba a más de 7.000 trabajadores, notificó la semana pasada el despido de unos 5.000 empleados en un comunicado en el que citó “el abandono injustificado de labores en nuestras fincas y centros de operación” de los trabajadores en su planta de Changuinola, en Bocas del Toro.

Horas antes del anuncio el presidente Mulino había advertido que se perderían miles de empleos si la huelga, que en el caso de los bananeros había sido declarada “ilegal” por un tribunal laboral, seguía adelante.

La compañía aseguró que, luego de 24 días de paro, sufrió pérdidas de US$75 millones y que había “daños irreversibles en la producción”.

Mulino dijo posteriormente que Chiquita tenía el derecho de proceder con los despidos después de que la huelga fuera declarada ilegal.

El lunes Chiquita anunció la suspensión “hasta nuevo aviso” de sus operaciones “administrativas, siembra, empaque y exportación” en la provincia de Bocas del Toro debido a la huelga de sus trabajadores.

En marzo pasado, el Congreso panameño aprobó un paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo para cambiar las leyes de la seguridad social, entre ellas las de pensiones y jubilación.

El país centroamericano ha acumulado un déficit de más de US$650 millones en las pensiones de los trabajadores.

Los cambios generaron un gran debate parlamentario y algunas protestas de gremios de obreros y sindicatos.

Después de que Mulino aprobara las reformas, el sindicato de docentes inició una huelga indefinida el 23 de abril, a la que se sumaron otros sectores, como el de la construcción -el más numeroso del país- y el de los trabajadores bananeros.

Desde entonces los trabajadores han bloqueado carreteras, interrumpiendo las clases y se ha reportado escasez de combustible en varios puntos del país, según medios locales.

Una delegación del gobierno mantiene negociaciones con los sindicatos, que piden aprobar una ley que restaure los beneficios que, según ellos, les brindaba la normativa anterior sobre pensiones y servicios de salud.

Pero el gobierno de Mulino han insistido en que los cambios no afectan la edad de jubilación que estaba vigente, algo que reclaman los obreros.

Panamá es uno de los mayores exportadores de banana, un fruto que históricamente se ha cultivado en la región de Centroamérica y Caribe.

En este cultivo, Chiquita ha jugado un papel protagónico desde hace décadas.

Tan solo en Panamá cuenta con 26 fincas que abarcan unas 7.000 hectáreas, lo cual representa el 90% de la producción del país en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.

La firma estadounidense y sus filiales son herederas de la United Fruit Company, una empresa fundada en 1899 que cambió el mundo con su modelo de producción de banana e influyó en la política y la economía de varios países latinoamericanos, al punto de que se los empezó a llamar “repúblicas bananeras”.

Como empleadora de miles de personas, dueña de miles de hectáreas de tierra y aliada, cuando se requería, del gobierno estadounidense, la United Fruit Company podía influir en generar estabilidad o inestabilidad en los países en los que operaba.

En Colombia fue condenada por financiar paramilitares y jugar un papel central en la llamada masacre de las bananeras de 1928. También participó en el golpe de Estado de Guatemala de 1954.

Aunque atravesó una fuerte crisis a mediados de los 70, sobrevivió cambiando de dueños, y en la actualidad, Chiquita Brands vende toneladas de bananas con etiquetas azules en supermercados de todo el mundo.

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