El INE frena reforma estatutaria del PRI; “Alito” Moreno impugnará

De acuerdo con el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, se prohíbe a los partidos realizar modificaciones a los documentos básicos mientras haya procesos electorales en curso.

Las reformas aprobadas por el PRI durante la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria se concretaron el siete de julio de 2024, cuando aún estaba el Proceso Electoral Federal.

La decisión del Consejo General del INE fue tomada con los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Arturo Castillo, José Faz, Rita Bell y Ucc Kib Espadas.

Votaron en contra la consejera presidenta Guadalupe Taddei, los consejeros Carla Humphrey, Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz, quien no argumentó su voto.

Apenas se enteró de la votación, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió en la red social X que apelarán la decisión ante el Tribunal Electoral.

Moreno, conocido como “Alito”, fue electo dirigente del PRI en 2019 y su mandato terminaría en 2023, pero, tras una primera reforma estatutaria, extendió su mandato hasta este 2024, año en el que se iría tras concluir la elección federal.

Antes de que eso ocurriera, promovió otra reforma al artículo 174 del estatuto del PRI para eliminar la prohibición a reelección en los cargos dirigentes.

La enmienda quedó así: “Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General electas para los Comités Ejecutivo Nacional y Directivos de las entidades federativas durarán en su función cuatro años y podrán ser electas hasta por tres periodos consecutivos. Los comités municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México durarán en su función tres años y podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos”.

La reforma entró en vigor sin esperar la declaratoria de legalidad y constitucionalidad del INE. De hecho, en un proceso realizado por el PRI entre julio y agosto pasado, “Alito” ya se reeligió (el 11 de agosto), igual que la secretaria general Carolina Viggiano, hasta 2028.

¿Por qué el INE decidió contra el PRI?

La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que el partido no cumplió con lo que indica la Ley General de Partidos Políticos.

Enseguida reconoció que hay sentencias del Tribunal Electoral en las que ha exceptuado algunos casos y ordenado a los partidos modificar sus documentos básicos, aún en elecciones, pero siempre porque estaban en juego las reglas para definir sus candidatos.

Fue el caso del PRD, en plena elección; del Partido del Trabajo, porque estaba la pandemia de covid-19, y el caso de Morena, cuando ya había concluido la elección de 2018. Sólo este último es parecido al caso del PRI, explicó Ravel.

“En el SUP-JDC-6/2019, la Sala Superior validó la procedencia a las modificaciones a los estatutos de Morena, previo a la culminación del proceso 2017-2018, porque los halló justificados ante el inicio inminente de los procesos electorales locales 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, en los cuales Morena tenía derecho a participar y, de no permitirse las modificaciones, no hubiera podido hacerlo”, detalló.

“La inminencia del inicio de los procesos electorales locales, en el caso de las modificaciones realizadas por Morena en 2018 es un punto de diferencia considerable con las que se pretenden aprobar ahora por parte del PRI, porque deja entrever que existía tiempo para poder hacer estas modificaciones fuera del proceso electoral”, agregó.

Recordó que en una de las reformas hechas por el tricolor, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, le fue ordenada hacer los cambios desde el 30 de agosto de 2021, hace ya tres años y aún puede hacer esas modificaciones, expuso la consejera Ravel.

El consejero Arturo Castillo argumentó que incluso en las sentencias del Tribunal se estableció que la prohibición debía seguir vigente y la razón es, de acuerdo a la sentencia, “que la finalidad de la prohibición es que el Consejo General del INE se concentre en sus funciones relativas a la preparación, vigilancia y calificación del proceso electoral”.

El consejero Ucc Kib Espadas reiteró que, si bien hay derecho de los partidos a autoorganizarse, el derecho a proteger es de los militantes, no de las cúpulas, además de que en durante las elecciones el INE está concentrado en las campañas, la jornada electoral y la defensa de votos, no en las reformas estatutarias.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, sólo consideró que si se exceptuó a otros partidos se les debe dar igual trato. El consejero Jorge Montaño dijo que hay incongruencias en el proyecto.

Aseguró que se dejará vulnerado al PRI y que la resolución del caso sigue en órganos intrapartidistas.

La defensa tricolor

En su defensa, el representante del PRI, Emilio Suárez Licona, la consejera del Poder Legislativo, la diputada Marcela Guerra, y el senador Pablo Angulo insistieron en que existen precedentes de que sí es válido ir a reformas estatutarias durante los procesos electorales.

“Este proyecto está construido de manera deficiente y descontextualizada, a partir de una interpretación restrictiva que va en contra de la línea argumentativa en la que ha venido el Tribunal Electoral, a pesar de que las reformas se materializaron con posterioridad a la Jornada Electoral y, en esa dimensión, no se vulneró el principio de certeza de los derechos de la militancia”, dijo Suárez.

Aseguró que la proximidad de las elecciones en Veracruz y Durango (en junio de 2025) hizo que el PRI diera “certeza inmediata a la militancia”

Guerra advirtió que se vulneran los principios de autoorganización y autodeterminación de un partido y acusó que los consejeros fueron muy literales.

Las reformas fueron avaladas por más de 2,000 militantes para actualizarse en materia de violencia política en razón de género, violencia política en contra de las mujeres y paridad sustantiva en la postulación de candidaturas.

“Estas reformas no solo reflejan el compromiso del instituto político, el PRI, con la igualdad, la paridad y la democracia interna, sino que también son necesarias para la actualización y buen funcionamiento de nuestro instituto”, abundó la priista al acusar al INE de actuar “de manera excesiva, discrecional y sesgada, y fuera incluso de su competencia”.