El Congreso mexicano ha dado el primer paso que lleve al Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, a poner en marcha su cruzada para combatir la extorsión, un delito que se eleva vertiginosamente en México. La Cámara de Diputados ha aprobado este martes la reforma a la Constitución, de autoría presidencial, que faculta al Legislativo para expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión que permita perseguir este delito de oficio. La enmienda ha tenido una apabullante votación unánime. Las bancadas oficialistas y de oposición han dado su aval, no se avizoraba lo contrario. La reforma a la Carta Magna tiene en todo caso un largo camino de frente, antes de llegar a la ejecución de la estrategia comandada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
El proyecto ha sido enviado al Senado para su análisis y votación, que se prevé como mero trámite. La extorsión se ha convertido en uno de los temas prioritarios en la agenda de seguridad de la mandataria. La reforma al artículo 73 constitucional permitirá que, a través de la ley reglamentaria, se unifique en todo el país el tipo penal de extorsión. Además, se establecerán las agravantes, los delitos vinculados y las sanciones. El objetivo es claro, poner en marcha una estrategia nacional en contra de la extorsión para prevenir, investigar y castigar el delito y terminar con las lagunas jurídicas que han coadyuvado a que estas prácticas ilícitas naveguen en la impunidad.
La iniciativa presidencial señala, en su exposición de motivos, que una problemática para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las sanciones. Los códigos penales federal y locales establecen hoy un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y 12 años de pena máxima. A nivel federal, la penalidad es de dos a ocho años. En Estados como Oaxaca las penas van de uno a tres años; y en Chihuahua oscilan entre cinco y 30 años, datos que ponen en perspectiva las diferencias abismales de las sanciones previstas. Con la reforma constitucional, a través de la ley que la reglamente, las penas se unificarán.
Las víctimas de este delito se contabilizan por millones. Empresarios, comerciantes de todos los niveles, transportistas, prestadores de servicios, hasta vendedores ambulantes, son obligados a pagar cuotas criminales a cambio de permitirles trabajar sin ser molestados. En los últimos seis años, este delito se ha incrementado exponencialmente en 58%, al pasar de un promedio diario de 19 casos en 2018, a 29 en enero de 2025, según anunció al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y diputado de Morena, Leonel Godoy.
El abanico para que operen las células criminales se ha extendido a todos los ámbitos. “Las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”, dijo el legislador.
Las cifras se han cruzado en el debate. Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN, ha puesto en el foco el incremento acelerado de las cifras de extorsiones en la actual Administración. En los primeros 10 meses de Gobierno de Sheinbaum se han registrado 9.021 casos, que contrastan con el mismo periodo de tres administraciones atrás, la de Andrés Manuel López Obrador, que registró 7.249; la de Enrique Peña Nieto, con 6.792, y la de Felipe Calderón, la más baja con 2.599 casos.
“La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, abundó el legislador. Este delito se ha venido normalizando, pero “está asfixiando la libertad de miles de familias”, lanzó Téllez. En otro frente, según la Encuesta Nacional de Victimización 2023 del INEGI, los delitos de fraude y extorsión registraron los porcentajes más elevados de cifra negra, con 97 y 96.7 %, respectivamente.
Cortesía de El País
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