Por Horacio Rivera
Faltando un poco más de dos meses para que el Mundial sea inaugurado en la Ciudad de México, la ONU declaró que en nuestro país se vive una crisis de derechos humanos, debido a las desapariciones forzadas de decenas de miles de personas. No hay solución que valga ante la indolencia y la soberbia del Poder
El Comité de la ONU para las desapariciones forzadas ha solicitado llevar el tema de México ante la Asamblea General. El hecho de que un país sea presentado ante la Asamblea General de la ONU significa en pocas palabras que la crisis ha llegado a tal punto, que existe una preocupación internacional. Una preocupación que debe ser discutida públicamente ante las naciones del mundo. Digamos que el tema ha pasado de ser un mero asunto interno, a uno de máximo interés para todos aquellos países que conforman las Naciones Unidas. No es un juicio en términos estrictos, de manera que México no sería llevado ante una corte. Sin embargo es un desprestigio monumental para la reputación del gobierno mexicano, el cual, en el mejor de los casos, se vería obligado a aceptar la “cooperación” de la ONU.
Eso implicaría que el gobierno de la 4T permitiera, entre otras cosas, que los organismos de derechos humanos internacionales y, la misma ONU, metieran las narices donde no deberían. Ningún gobierno, sea de izquierda o de derecha, ve con agrado que gente de otros países se involucre en sus conflictos internos. Basta imaginar el terremoto político que sacudiría al gobierno, si de pronto hubiera relatores de la ONU hurgando en las miles de fosas clandestinas que hay por todo el país. O expertos independientes internacionales, indagando en lo más oscuro de las estructuras del poder mexicano. No tardarían en descubrir, con preocupación, hasta qué punto los diputados, los senadores, los gobernadores, los militares, los fiscales, los jefes policíacos y los ministerios públicos están coludidos con los cárteles del crimen organizado.
El caso Ayotzinapa es una muestra de hasta dónde puede incomodar a un gobierno la presencia de mirones. Es gente que no se deja comprar y que dice la verdad a rajatabla. Gente que, por la gravedad de sus hallazgos y conclusiones, fue echada de México por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el pretexto de que sus investigaciones sobre Ayotzinapa carecían de rigor científico. Un argumento parecido al que hoy esgrime el gobierno morenista para rechazar y el informe de la ONU. Y eso incluye a la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Ibarra, quien lejos de condenar las desapariciones forzadas y levantar la voz, se ha convertido en comparsa y tapadera del poder.
El rechazo
La presidenta Sheinbaum ya dijo que ella no piensa recibir a las madres buscadoras. Eso además de calificar el informe de la ONU como tendencioso y sesgado. Y es que desde la perspectiva de la izquierda morenista, recibir a las madres buscadoras en un momento en el que México es señalado como un país donde las desapariciones forzadas son sistemáticas y generalizadas, sería como concederle toda la razón a la ONU. Ese nacionalismo rancio y mal entendido, no nos permite aceptar que alguien de afuera pudiera tener razón. Y mucho menos que pudiera ayudarnos. Resulta incomprensible que la atención del gobierno mexicano esté puesta en Cuba, cuando en México también se vive una crisis humanitaria. Hasta ahora no hemos visto a un solo político que acompañe a las madres buscadoras a escavar en las fosas clandestinas. En vez de eso hay bribones que prefieren ir a Palestina y hacer un teatro (con lagrimita incluida) para protestar por los abusos de Israel, antes que exigir al gobierno mexicano que haga algo para detener las desapariciones de su propia gente.
Las desaparición forzada es una práctica que lleva mucho tiempo en México. No nació con la llegada de López Obrador a la Presidencia, pero también es cierto que López Obrador abrió la Caja de Pandora. Dio manga ancha para que la maña impusiera su ley en todo el país. Y en esa siniestra ley se incluye el “levantón” como método sistemático para deshacerse de todo aquel que le resulte incómodo a los mañosos. El gobierno de Sheinbaum tiene razón cuando rechaza que la ONU le cargue todos los desaparecidos, sin reparar en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En lo que se equivoca es en no reconocer que en México hay un problema muy gordo. ¿Cómo se puede resolver un problema si antes no se asume la parte de responsabilidad que corresponde? La izquierda exigía convertirse en gobierno. Y lo logró. Lo que aún no ha entendido es que ser gobierno implica lidiar por igual con los aciertos y las pifias de los gobiernos anteriores. No hay más remedio. Nos vendieron un movimiento de “transformación”. Si esa transformación hubiera sido asumida como un verdadero compromiso de Estado, hoy no nos estaríamos peleando con la ONU. Ni con la realidad.
Los ojos del mundo
La llegada del Mundial de Fútbol podría ser un respiro para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Un momento para aflojar las presiones de la ONU. Es al mismo tiempo un distractor de la atención de los mexicanos, quienes es muy probable que estén más pendientes de que la Selección del Vasco Aguirre anote un gol, que de los hallazgos de nuevas fosas clandestinas con restos humanos. Pero para los colectivos y las familias de los desaparecidos las cosas tienen otro color. Saben que el Mundial es la oportunidad que han esperado por largo tiempo para levantar la voz y ser vistos y escuchados por millones de personas en todo el planeta. Ya se habla de la marcha de buscadores y buscadoras que se realizará precisamente el día del juego inaugural entre México y Sudáfrica. Lo único que nos falta es que la ONU lleve el caso al siguiente nivel, es decir, que se considere las desapariciones forzadas en México como crímenes de lesa humanidad. Al “humanismo mexicano” se lo tragó la tierra.
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