Cada vez que llega esta fecha, que está marcada en la Ley de Responsabilidad Hacendaria como el límite para presentar lo que comúnmente se llama el Paquete Económico, se genera gran expectativa por el futuro fiscal, financiero y macroeconómico del país.
La mayor atención de la opinión pública gira en torno a modificaciones tributarias que, sin llegar a ganarse el mote de reforma fiscal, pueden darse cambios en las tasas de algunos impuestos en la Miscelánea Fiscal.
Pero el documento de este 8 de septiembre puede resultar más relevante por diferentes circunstancias.
El Paquete, que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal, podría, ahora sí, transitar sin que le cambien una sola coma desde la voluntad presidencial.
Porque si bien el sexenio pasado la mayoría legislativa del oficialismo pasaba en automático cualquier iniciativa presidencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a invalidar disposiciones de López Obrador, como, por ejemplo, algunos artículos de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Hoy ese filtro se acabó.
Este Paquete Económico se presenta con una clara divergencia entre los Criterios Económicos y la realidad de una economía sin crecimiento. A pesar del ajuste que hizo Hacienda en sus estimaciones de expansión del Producto Interno Bruto para este año, siguen muy por arriba de las estimaciones de los analistas.
Es muy probable que las estimaciones oficiales para el 2026 repitan la fórmula del optimismo desmedido. Sin embargo, sí hay una atención muy especial, por ejemplo, por parte de las firmas calificadoras, sobre la trayectoria que tenga la deuda pública y el déficit fiscal.
Esto es importante porque durante el próximo año se debe mantener el rumbo de corrección de los excesos del sexto año de gobierno de López Obrador y se deben incluir los costos del nuevo plan de rescate de Petróleos Mexicanos.
Esa combinación entre un mecanismo efectivo para reducir la carga fiscal de la petrolera y la conservación de la salud macroeconómica genera una tensión importante en los mercados.
El 2026 es un año de mucha incertidumbre si hablamos de generar confianza entre los inversionistas, tal como lo tiene planeado el gobierno federal con su llamado Plan México.
En lo interno es evidente que hay una espera en la toma de muchas decisiones empresariales hasta no saber cuál será la interacción del Poder Judicial entre los deseos presidenciales y la ley a secas.
Y en lo externo, ya padecimos este año las consecuencias del cambio en las políticas comerciales de Estados Unidos, las cuales son solo la antesala del crucial año 2026.
En términos prácticos el proceso de revisión, renegociación o cancelación del acuerdo que conocemos como T-MEC empieza en enero del 2026 y cada una de las posibilidades generará resultados diferentes.
Así que el Paquete Económico para el 2026 tiene que ser la base que soporte todas esas expectativas que hay respecto al desempeño fiscal, de rescate financiero de Pemex, de confianza en la actuación judicial y de consecuencias comerciales de la política arancelaria de Donald Trump.
Así que tiene que ser un Paquete sólido, creíble y consistente.
La mayor atención de la opinión pública gira en torno a modificaciones tributarias que, sin llegar a ganarse el mote de reforma fiscal, pueden darse cambios en las tasas de algunos impuestos en la Miscelánea Fiscal.
Cortesía de El Economista
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