NUEVA YORK – Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha propuesto recortar drásticamente la ayuda exterior. Su administración ha desmantelado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), recortando el número de programas de más de 6,000 a menos de 900. A finales de agosto, Trump renovó su asalto a la ayuda exterior, anunciando la cancelación de 4,900 millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso a través de un mecanismo poco utilizado que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno consideró ilegal en 2018.
Los abruptos recortes a la asistencia humanitaria han sido devastadores, dejando a millones de personas en el mundo en desarrollo en riesgo de morir de hambre o de enfermedades prevenibles. Menos visible, pero no menos significativa, es la retirada del apoyo a la consolidación de la paz y la promoción del Estado de derecho y los derechos humanos, incluida la rendición de cuentas por atrocidades. Solo quedan unos pocos programas de USAID centrados en estas cuestiones, mientras que el último esfuerzo de Trump por recuperar fondos incluye rescindir 837 millones de dólares de medidas de mantenimiento de la paz.
La política exterior “America First” de la administración Trump hace hincapié en la “paz a través de la fuerza” y define la “fuerza” solo en términos de poder duro. Esto impedirá la justicia transicional en países como Ucrania, cuando termine la guerra allí, y Etiopía, que todavía está lidiando con las secuelas de la guerra civil.
Como muestra mi libro Visiones presidenciales de la justicia transicional, la política exterior de Trump también lo convierte en un caso atípico entre los presidentes estadounidenses. Desde su fundación, Estados Unidos ha sido un defensor constante de la justicia posconflicto, que fue una poderosa herramienta en el arsenal diplomático de presidentes de todas las tendencias políticas, incluidos George Washington, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt y Woodrow Wilson.
Desde la Guerra de la Independencia hasta la Guerra Hispano-Estadounidense, los presidentes estadounidenses promovieron activamente la resolución de disputas mediante procesos de negociación y adjudicación, incluido el arbitraje. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desempeñó un papel destacado en la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg para procesar a los criminales de guerra nazis.
Los juicios de Núremberg supusieron la primera vez que los líderes de un país derrotado eran considerados legalmente responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los veredictos establecieron el principio de responsabilidad penal individual por violaciones de los derechos humanos en tiempo de guerra, un hito en el derecho internacional.
El principal fiscal estadounidense en Núremberg, el entonces juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Robert Jackson, enmarcó los juicios en términos casi existenciales. “Los errores que pretendemos condenar y castigar”, proclamó en su poderoso discurso de apertura, “han sido tan calculados, tan malignos y tan devastadores que la civilización no puede tolerar que se ignoren, porque no puede sobrevivir a que se repitan”.
La práctica de establecer tribunales especiales para aplicar la justicia transicional continuó después de la Guerra Fría. Durante la presidencia de Bill Clinton, EU desempeñó un papel crucial en la convocatoria de los tribunales de las Naciones Unidas encargados de juzgar a los responsables de las atrocidades cometidas en las guerras de los Balcanes de la década de 1990 y en el genocidio de Ruanda de 1994. Al igual que en Nuremberg, EU aportó financiación y conocimientos técnicos, y jueces y abogados estadounidenses fueron enviados en comisión de servicio desde la judicatura federal a La Haya.
El papel histórico de EU como exportador de justicia fue muy solicitado tras el colapso de la Unión Soviética. EU desempeñó un papel decisivo en la transición de Europa del Este del socialismo a la democracia capitalista, ayudando en la justicia transicional y promoviendo el Estado de derecho.
Al mismo tiempo, EU rara vez consideró la justicia como una vía de doble sentido, eludiendo la rendición de cuentas por sus intervenciones y tácticas en el extranjero. En ninguna parte es esto más evidente que en la guerra contra el terrorismo posterior al 11-S y las consiguientes invasiones de Irak y Afganistán. El uso de la tortura, las detenciones indefinidas y los ataques selectivos con aviones no tripulados socavaron la legislación internacional sobre derechos humanos.
Aunque el Presidente Barack Obama continuó la guerra contra el terrorismo, también reconoció estas tensiones y se embarcó en un proyecto político de justicia transicional, aunque intentando trazar una línea divisoria con la Guerra Fría. Durante su último año en el cargo, realizó una gira relámpago por América y Asia, en la que expresó su remordimiento por el dolor y las muertes causadas por las intervenciones estadounidenses del siglo XX e introdujo una nueva fórmula para la paz y la prosperidad. Como explicó Obama en Argentina, EU tiene la responsabilidad de “afrontar el pasado con honestidad y transparencia.”
En la campaña presidencial del 2016, Trump se burló de la “gira de disculpas” de Obama, tachando de debilidad sus esfuerzos por asumir responsabilidades y crear relaciones más conciliadoras. Una vez en el cargo, Trump mostró su desdén por los principios de la justicia atacando a la Corte Penal Internacional, creada en 2002 para investigar y procesar a personas por genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. La CPI es independiente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que significa que EU no puede controlar los casos que se le presentan.
En consecuencia, EU no es parte de la CPI y ha mantenido las distancias. En lugar de mantener esta postura, Trump pasó a la ofensiva después de que la Corte abriera una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Afganistán. En 2020, su administración sancionó a funcionarios de la CPI, congelando sus activos y prohibiéndoles a ellos y a sus familias viajar a EU. Su sucesor, Joe Biden, retiró estas sanciones sin precedentes y, aunque no apoyó a la CPI, reanudó los esfuerzos de EU para exportar justicia, incluido el asesoramiento a Etiopía en su proceso de justicia transicional.
Ahora que Trump ha vuelto a la Casa Blanca, su desdén por la justicia internacional no ha hecho más que crecer. Esto es evidente no solo en su asalto a USAID, sino también en su incapacidad para reconocer la necesidad de justicia en un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, sus ataques relacionados contra el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y sus nuevas sanciones draconianas contra funcionarios de la CPI.
La hostilidad manifiesta de Trump hacia la promoción del Estado de derecho en el extranjero, y el poder blando que conlleva, es una ruptura radical con el papel central que EU ha desempeñado durante mucho tiempo en el establecimiento de instituciones multilaterales de resolución de disputas. Pero de Ucrania a Gaza y más allá, Trump podría aprender pronto por las malas que la paz sin justicia no puede sostenerse.
La autora
Ruti Teitel es profesora de Derecho Comparado en la Facultad de Derecho de Nueva York y autora de Presidential Visions of Transitional Justice: An American Legacy of Responsibility and Reconciliation (Oxford University Press, 2025).
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Cortesía de El Economista
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