Una casa es más que unas paredes y techos. Es un espacio propio donde una familia puede convivir, crecer y, si tiene suerte, hacerlo en paz y con afecto. No es poca cosa en México, donde desde siempre la mayoría de las personas no han tenido una morada digna. Por eso hay que tomar en serio el programa de vivienda que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.
El lunes pasado, en la Mañanera se presentaron los avances del programa Vivienda para el Bienestar. La meta inicial de 1.1 millones de viviendas a construir durante el sexenio fue ampliada a 1.2 millones. Además se darán 1.55 millones de apoyos para mejoramiento de casas y expedirán un millón de escrituras de propiedad. A la fecha, se reportan 138,473 viviendas en construcción o en trabajos preliminares, lo que representa un avance del 75% de la meta de este año. En 30 estados ya hay obras iniciadas. Las viviendas, de al menos 60 m², incluyen sala, comedor, dos recámaras, cocina y baño. No son mansiones, pero están lejos de los “huevitos” de 30m² que hasta hace poco años se construyeron en fraccionamientos periféricos de las ciudades.
El programa incorpora esquemas de renta con opción a compra y atiende tanto a derechohabientes como a quienes nunca han tenido acceso a crédito. Se busca, en teoría, no solo entregar casas, sino construir comunidad. En algunos lugares, como Ciudad Victoria, las casas empezarán a entregarse desde agosto, con un diseño urbano más cuidadoso, terrenos donados por gobiernos estatales y servicios básicos garantizados. También se han identificado 254 predios en el país para futuros desarrollos, con reservas territoriales ya integradas y obras iniciadas en zonas urbanas con conectividad, transporte y acceso a servicios esenciales.
Sin embargo, el programa enfrenta riesgos. La imposición de aranceles por parte de Trump está desacelerando el crecimiento económico del país, lo que reduce los ingresos fiscales y eleva el desempleo. Si el PIB sigue contrayéndose y cientos de miles más pierden sus empleos o ven reducidos sus ingresos, la viabilidad financiera del programa estará en duda. Menos recaudación implica menos recursos para construcción; más desempleo implica menor capacidad para pagar rentas o créditos. El gobierno asegura que el programa seguirá, pero el entorno económico no ayuda.
Hay quienes critican el programa. Arquitectos, urbanistas y desarrolladores inmobiliarios advierten sobre la ausencia de concursos públicos de diseño, la centralización excesiva de decisiones y el riesgo de repetir esquemas rígidos, sin adaptación regional ni participación vecinal real. La creación de una constructora en el Infonavit ha generado tensiones con el sector privado, que teme ser desplazado. Y aún no se ha explicado cómo se garantizará el mantenimiento, la seguridad o la integración social de las viviendas y conjuntos residenciales.
Dicho esto, el programa parte de una premisa correcta: la vivienda como derecho y como base de una vida digna. Si el gobierno logra ajustar el ritmo ante las presiones externas, corregir lo que haga falta y sumar capacidades sociales y técnicas, el proyecto puede dejar una huella profunda.
Porque al final no se trata solo de construir casas. Se trata de ofrecer hogares.
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Cortesía de El Economista
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