El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores, a través de Alejandro Moreno Cárdenas, solicitó de manera formal la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de los presidentes de los consejos de administración y directores generales de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, ante señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que dichas instituciones bancarias incurrieron en lavado de dinero.
“Desde el PRI, sostenemos que nadie puede estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo del derecho a la defensa.
“Si los bancos son inocentes, deben demostrarlo de frente a la nación. Si hay responsabilidad, debe sancionarse sin demora.
Te puede interesar
“No permitiremos que el prestigio financiero del país, ni los ahorros de millones de familias mexicanas, queden manchados por la opacidad, la negligencia o la sumisión ante potencias extranjeras.
“El Senado de la República no puede ser espectador mudo cuando está en juego la soberanía financiera, la transparencia bancaria y la seguridad nacional”, cita el oficio de petición dirigido a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.
En conferencia de prensa, el senador y presidente nacional del PRI exigió del gobierno federal rendición de cuentas a fin de garantizar “cero impunidad”.
“Hasta ahora, las autoridades nacionales han guardado un silencio inadmisible, o bien se han limitado a declaraciones de incredulidad sin ofrecer pruebas contundentes ni explicaciones públicas’’, refiere la solicitud.
La comparecencia se realizaría “bajo protesta de decir verdad, ante las comisiones legislativas competentes y con transmisión pública, para garantizar transparencia y rendición de cuentas”.
El gobierno de Estados Unidos, precisa el escrito, hizo pública una sanción sin precedentes contra tres instituciones financieras mexicanas, a las que vinculó con actividades de lavado de dinero procedente del narcotráfico y operaciones financieras ligadas a la crisis de los precursores de fentanilo.
De ahí que el Senado, en ejercicio de su facultad de control parlamentario, concluye, tiene que ordenar la comparecencia pública de los titulares de las instituciones mencionadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: