Un importante regulador bancario de Estados Unidos (EU) dijo ayer 08 de septiembre, que estaba implementando nuevas directrices para disuadir a los bancos de cortar o “desbancarizar” a los clientes por motivos políticos y religiosos, un mes después de que el presidente de EU, Donald Trump, ordenó a las agencias de supervisión que examinaran a los bancos en busca de sesgo político.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) mencionó en un comunicado que había emitido dos boletines explicando cómo examinaría las políticas bancarias para evitar dicha discriminación y cómo los bancos deberían limitar el intercambio de datos de clientes al informar sobre actividades sospechosas a las autoridades gubernamentales.
La OCC es el principal regulador de los bancos más grandes del país, que poseen la mayor parte de los depósitos de los consumidores.
El contralor de la Moneda, Jonathan Gould, señaló que su agencia estaba tomando medidas para detener la “utilización del sistema financiero como arma”.
“Es posible que se haya perseguido y vigilado a personas según dónde compran o en qué creen y, en algunos casos, se les ha quitado ilegalmente sus cuentas bancarias”, dijo.
La Casa Blanca y los conservadores han acusado a las instituciones financieras de intentar silenciar el discurso y las actividades políticas de tendencia derechista cerrando cuentas de clientes y evitando empresas conservadoras.
El mes pasado, Trump también acusó a JPMorgan y Bank of America. Sin aportar pruebas, se le acusó de rechazar sus depósitos por motivos políticos. Ninguno de los bancos abordó directamente sus afirmaciones, pero JPMorgan aclaró que no cerró cuentas por motivos políticos.
Un análisis de Reuters muestra que pocos consumidores han presentado quejas sobre la desbancarización en los últimos años.
La OCC dijo que había aclarado cómo revisaría las políticas para prevenir la desbancarización politizada al revisar las solicitudes de licencia de los bancos y evaluar su cumplimiento con la Ley de Reinversión Comunitaria, una ley destinada a prevenir la discriminación en los préstamos.
Cortesía de El Economista
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