Desde hace un siglo se sabe que los procesos metabólicos de la industria capitalista producen externalidades como la contaminación de aguas, tierras y medio ambiente. En el corredor industrial de El Salto, con la contaminación del río Santiago, esto se ha denunciado desde al menos 30 años y, a pesar de las palabras, las promesas y los discursos de gobiernos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, los habitantes de las poblaciones aledañas a esta zona industrial se siguen enfermando y muriendo debido a causas que deberían prevenirse, pero no se hace.
Un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), realizado entre 2023-2024, que incluyó 178 análisis clínicos y toxicológicos en sangre y orina, y el levantamiento domiciliario con la Cédula Familiar de Salud, revela con contundencia la magnitud de las enfermedades que tiene la población de El Salto y Juanacatlán debido a los metales y químicos que producen las industrias asentadas en ese corredor.
Los resultados del estudio, dirigido por la doctora Gabriela Domínguez, confirman una contaminación generalizada con efectos múltiples en la salud de los pobladores. Por ejemplo, tres metales se encuentran en el 100 por ciento de la población de El Salto: níquel, plomo y aluminio, metales que producen cáncer pulmonar y reacciones alérgicas en el caso del primero; daños neurológicos, renales y reproductivos en el caso del plomo; y alteraciones neurológicas, respiratorias y óseas en el caso del aluminio.
El estudio encontró que 64 por ciento de los niños de Juanacatlán tienen manganeso, metal que puede dañar el sistema nervioso, el hígado y los riñones; el mercurio fue detectado en 59 por ciento de los niños de El Salto y Juanacatlán, que genera efectos neurológicos, renales y pulmonares. El cadmio se encontró en 47 por ciento de niños y al 59 por ciento de adultos de El Salto, lo que produce enfermedades renales y óseas.
El hidroxipireno (un metabolito que se encuentra en la orina y surge por la exposición a hidrocarburos) fue detectado en 50 por ciento de los niños de Juanacatlán, lo que implica riesgos respiratorios, hepáticos y oncológicos. En porcentajes menores, pero no menos graves, se encontró arsénico en 23.5 por ciento de los niños de El Salto y cromo en 23 por ciento de los adultos de El Salto, metales que aumentan riesgos de contraer cáncer, bronquitis e infertilidad. Aún más, se encontraron casos de extrema exposición a la contaminación, como el de un niño con 3,484 unidades de plomo en sangre, cuando el nivel máximo debería ser 100.
Los datos son tan contundentes como indignantes, y lo peor es que ya fueron entregados a la Secretaría de Salud el pasado 4 de junio. Justo debido a la inacción de la Secretaría de Salud, decenas de habitantes de El Salto y Juanacatlán se manifestaron el martes en Casa Jalisco para “exigir acción inmediata ante la crisis sanitaria provocada por la contaminación industrial en la cuenca del río Santiago”.
Y, como ya es costumbre con todos los manifestantes que llegan a esta oficina, fueron ignorados por el gobernador Pablo Lemus. Los manifestantes entregaron un documento a un funcionario de la Secretaría de Gobierno en el que presentaron las siguientes exigencias concretas: 1) Implementación inmediata del Plan de Atención y Prevención de Daños a la Salud por Contaminación Ambiental en El Salto y Juanacatlán; 2) Suspensión definitiva de gestiones y autorizaciones para termoeléctricas en ambos municipios; 3) Prohibición de nuevos permisos para parques industriales y desarrollos habitacionales en la cuenca de El Ahogado, con inclusión explícita en los planes municipales de desarrollo urbano; y 4) Creación de una mesa permanente de seguimiento con participación comunitaria, autoridades de salud, científicos y defensores de derechos humanos.
Vale la pena señalar que el estudio dirigido por la doctora Gabriela Domínguez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, forma parte de una investigación encargada por la Secretaría de Medio Ambiente y otras dependencias federales desde 2021, como parte del proceso de detección de las “Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA)” en todo el país. El corredor industrial de El Salto es una de estas regiones de emergencia, o “infiernos ambientales”, como los llamó el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo.
Desde hace años, los gobiernos, tanto estatal como federal, saben y tienen evidencia comprobada de que las actividades industriales y las descargas agropecuarias y domésticas producen enfermedades que están dañando la salud y provocando la muerte de miles de habitantes de El Salto, Juanacatlán y otras localidades. Pero no actúan como deberían para detener esta contaminación porque han preferido proteger las inversiones de las empresas antes que cuidar y proteger la salud de los habitantes. Es tiempo ya de que inviertan sus prioridades y que ahora, antes que cuidar el capital, cuiden la salud y la vida digna de los pobladores.
Cortesía de El Informador
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