Al menos 415 personas han fallecido en cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado en el contexto del régimen de excepción contra las pandillas, que se aplica desde hace más de tres años, según informaron representantes de organizaciones no gubernamentales.
“Llevamos más de 415 casos personas que han sido asesinadas en manos del Estado”, afirmó Alejandro Díaz, de la organización de derechos humanos Tutela Legal “María Julia Hernández”, que explicó en una conferencia de prensa que la cifra es un estimado de las ONG a partir de las denuncias de los casos, y lamentó que desde el Estado no se brinde información al respecto.
El régimen de excepción cumplió el pasado 27 de marzo tres años de implementación y en este tiempo se contabilizan más de 85.900 detenciones de supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras. Díaz señaló que la medida se ha convertido en una política de seguridad que ha vulnerado derechos humanos en estos últimos años. “Se han configurado graves violaciones a derechos humanos, delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura, y se está aplicando el régimen a defensores de derechos humanos, incrementando la persecución”, detalló.
“Medida de control social”
El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días, que pasa a 15. En este marco, Díaz y otros representantes de organizaciones no gubernamentales alertaron que el régimen de excepción “ha pasado de ser una medida contra las pandillas, a una medida de control social”. “El régimen de excepción no tiene como fin último garantizar la seguridad, tiene como fin último ejercer un control social de todas las voces que no comulgan con el discurso oficial”, subrayó el abogado David Ortiz, también miembro de Tutela Legal.
“En los últimos días hemos visto en mayor envergadura la persecución en contra de personas defensoras de derechos humanos”, indicó Ortiz, citando los casos de la abogada y activista Ruth López, del joven abogado y defensor del medio ambiente Alejandro Henríquez y del líder comunitario José Ángel Pérez. En febrero también fue detenido el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de “agrupaciones ilícitas”, delito imputado a miembros de pandillas.
La Fiscalía General aún no presenta cargos contra López –a casi dos semanas de su detención–, mientras Henríquez y Pérez –detenidos el 12 y 13 de mayo respectivamente– fueron acusados el martes de desórdenes públicos. “Nos han dicho que el régimen de excepción es contra las pandillas. ¿Qué hace el Estado salvadoreño aplicando el régimen de excepción a personas defensoras de derechos humanos?”, cuestionó Ortiz.
Samuel Ramírez, del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir), lamentó que no tengan respuesta de las instituciones de Justicia del país y recordó que ante la Corte Suprema han sido presentados más de 600 recursos de habeas corpus en los que se solicita la libertad para un igual número de personas detenidas arbitrariamente. “(El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ya se acostumbró a que a puro miedo está sometiendo al pueblo salvadoreño (…) la represión de derechos humanos se está agudizando, los líderes defensores de derechos humanos tienen miedo de alzar la voz. El régimen no perdona a nadie y no vemos señales que esté gobierno quiera escuchar a las víctimas”, agregó.
El pedido de la Iglesia católica
En paralelo a los reportes de las ONG, la Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) pidió al presidente Nayib Bukele derogar el régimen de excepción que desde hace tres años permite arrestos sin orden judicial, y liberar a los inocentes encarcelados en la llamada guerra contra las pandillas. En una carta abierta, los obispos solicitaron la derogación de la medida, porque, según ellos, aunque en otro momento fue necesario para frenar la violencia, tres años después ya no lo es porque los crímenes se redujeron a mínimos históricos y hay libertades que están limitadas. “Ahora se trata de permitir al pueblo ejercer su libertad sin presión alguna”, argumentaron.
Los obispos pidieron al gobierno revisar los casos con gran objetividad para que los que son inocentes sean liberados lo más pronto posible y que no se persiga a los defensores de derechos humanos. También instaron a no promover las cárceles salvadoreñas para las víctimas de las políticas contra los migrantes de potencias extranjeras. En marzo pasado, El Salvador recibió y encarceló a más de 250 venezolanos, expulsados por Estados Unidos bajo la acusación, sin pruebas, de que pertenecen a la banda criminal Tren de Aragua.
La medida de régimen de excepción continuará por 30 días más, hasta el 5 de julio, en El Salvador, tras la aprobación el jueves con los votos de 57 de los 60 diputados en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana. De acuerdo con el decreto leído por la diputada oficialista Elisa Rosales, la prolongación se justifica en “la persistencia y continuidad de actividades criminales por parte de las pandillas con el objetivo de mantener su estructura delictiva”. Y añade: “La prolongación del régimen es necesaria para la continuidad del restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial”.
Cortesía de Página 12
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