Aunque el SAT puede utilizar información obtenida de terceros como parte de una auditoría fiscal, esa herramienta no basta, por sí sola, para exigir el pago de impuestos. Así lo dejó claro el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en una tesis aislada publicada este 5 de julio.
📌 Información útil, pero no suficiente
El debate gira en torno al artículo 62, fracción I, del Código Fiscal de la Federación (CFF), que permite a la autoridad fiscal considerar datos proporcionados por terceros —clientes, proveedores u otras entidades— cuando realiza una revisión a un contribuyente. Esta información puede servir para formular presunciones sobre operaciones realizadas, pero no tiene efectos fiscales automáticos.
La resolución judicial aclaró que este artículo es únicamente una herramienta de análisis, no una base legal para presumir ingresos acumulables ni imponer contribuciones. Para que una cantidad se traduzca en un pago fiscal, deben cumplirse otras condiciones previstas en leyes fiscales específicas.
🧮 ¿Qué sí permite presumir ingresos?
Existen artículos del propio CFF que sí otorgan facultades al SAT para presumir ingresos y determinar contribuciones, como el artículo 59 en sus fracciones III a V, que se aplican cuando:
- Hay diferencias entre ingresos y depósitos bancarios.
- No se llevan registros contables adecuados.
- No se puede identificar el origen de recursos en cuentas.
Además, la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) en su artículo 102 establece que debe existir percepción efectiva de ingresos —en efectivo, bienes, servicios o crédito— para que exista una base gravable.
⚖️ El principio de legalidad, por encima de presunciones
El tribunal recordó que cualquier imposición fiscal debe basarse en una norma clara y específica, conforme al principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Presumir operaciones con base únicamente en datos de terceros, sin elementos adicionales, sería una violación a este principio.
La tesis concluye que el artículo 62, fracción I, del CFF sí permite inferencias durante una auditoría, pero no faculta al SAT a cobrar impuestos sin otro sustento legal.
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Cortesía de El Contribuyente
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