En los últimos años, los contribuyentes mexicanos hemos sentido un incremento drástico en el ejercicio de facultades de verificación por parte del Servicio de Administración Tributaria.
Los casos más sonados, como los juicios fiscales de Grupo Elektra y el de Samsung, que incluso está considerando la posibilidad de cerrar sus operaciones en México, son solamente la punta del iceberg. La mano dura del SAT se puede corroborar con las propias cifras oficiales. De acuerdo con los reportes públicos de la autoridad, la recaudación fiscal por el impuesto sobre la renta para marzo de 2025, mes en el que las personas morales presentan sus declaraciones anuales, fue de 390,950 millones de pesos, lo que representa un incremento del 52% con respecto a los 256,293 millones que se recaudaron para el mismo mes del año pasado.
Además de la recaudación, la realidad es que día a día, los contribuyentes pueden sentir que el SAT, como ojo de Sauron, supervisa y rastrea cada una de sus operaciones con más rigor que nunca. No se trata nada más de casos fiscales aislados que afectan a grandes contribuyentes, sino que incluso las personas físicas comunes y las Mipymes reciben cada vez con más frecuencia toda clase de comunicados e invitaciones a pagar supuestas diferencias de impuestos, que se generan probablemente con el uso de Inteligencia Artificial que el SAT anunció desde mayo de 2024. Parece que cuando la IA sirve para beneficio del Estado, su regulación no parece tan urgente.
Mientras estas prácticas del SAT se normalizan, los contadores se empiezan a frustrar, no porque no conozcan las reglas de contabilidad o les falte experiencia, sino porque la autoridad cambia sus criterios de un día para otro. Incluso la presentación de simples trámites fiscales se ha vuelto un verdadero reto, pues cada vez se exigen al contribuyente nuevos requisitos a discreción.
De manera simultánea, el oficialismo se ha encargado, a base de reformas legales, de armar al SAT con toda clase de facultades y herramientas legales para que pueda seguir recaudando, a costa de lo que sea. Con las reformas a la Ley de Amparo, los juicios fiscales serán más difíciles de ganar para los particulares, y las posibilidades para que se suspenda el cobro mientras se resuelve el juicio se reducen significativamente.
Con la reforma al Código Fiscal de la Federación, que no parece tener obstáculos en el camino legislativo, el SAT tendrá acceso en tiempo real a la información de los contribuyentes que utilicen plataformas digitales. Con el Paquete Económico 2026, que ya aprobó la Cámara de Diputados, se han aumentado los impuestos para bebidas azucaradas, tabaco, videojuegos violentos, e incluso la entrada a museos, diversificando el modelo de negocio de la autoridad. Al paso que vamos, nada más falta una reforma para que el SAT pueda solicitar el apoyo de la Guardia Nacional para la gestoría de cobro de créditos fiscales.
Me hubiera gustado ver al paro nacional del SAT como un reclamo legítimo ante abusos y arbitrariedades en la recaudación, pero no podemos exigir tanto heroísmo. Los empleados están reclamando sus derechos laborales, amenazas de despido, y jornadas excesivas de trabajo. Tampoco parece haber señales de autocontención por parte del Gobierno para mesurar las políticas de recaudación.
Es cierto que la función recaudatoria es esencial para el Estado, pero no todos los contribuyentes son evasores fiscales, y no todos los créditos fiscales se determinan por el SAT de forma legal. El abuso de las facultades recaudatorias también tiene un impacto en el bolsillo del contribuyente común y de la microempresa, y la falta de certeza sobre la regulación fiscal también puede desincentivar la inversión, y hasta provocar la desinversión, causando un efecto contraproducente para el propio Estado recaudador.
Cortesía de El Economista
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