
La Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2026, una iniciativa que refuerza el combate contra las factureras —empresas que emiten comprobantes por operaciones inexistentes—, endurece sanciones contra evasores y otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) facultades inéditas de vigilancia digital.
El dictamen, que ahora pasará al Senado, armoniza el CFF con el Artículo 19 constitucional, lo que permitirá aplicar prisión preventiva oficiosa a personas vinculadas con la emisión o uso de comprobantes falsos. Además, un CFDI será considerado falso cuando no ampare operaciones reales, y el SAT podrá presentar querellas penales contra los responsables.
Facultades ampliadas: visitas exprés y suspensión del RFC
Entre las nuevas herramientas, el SAT podrá realizar visitas domiciliarias exprés de hasta 24 días hábiles para verificar la veracidad de los comprobantes fiscales. En caso de detectar irregularidades, podrá suspender los certificados de sello digital y proceder penalmente.
La autoridad también tendrá la facultad de negar la inscripción en el RFC a personas morales cuyos socios o representantes legales estén vinculados con empresas que hayan participado en esquemas de facturación falsa.
Antonio Sánchez Sierra, académico de la Universidad de Guadalajara, consideró que estas medidas “rayan en el exceso”, pues permitirían sancionar a una persona dos veces por el mismo delito. “Le darán facultades al SAT para cancelar el RFC y negar inscripciones, algo que en la práctica equivale a una doble sanción”, explicó.
Vigilancia digital permanente en plataformas
La reforma incluye una disposición polémica: plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre, DiDi o Netflix deberán otorgar acceso permanente y en tiempo real al SAT para verificar el cumplimiento fiscal. En caso de incumplimiento, podrían ser bloqueadas temporalmente en México.
Sánchez Sierra advirtió que esto “legaliza una vigilancia continua”, pues permitirá a la autoridad cruzar datos de ingresos y gastos para detectar inconsistencias. “Si hay diferencias entre lo que gastas y lo que declaras, el SAT asumirá que estás omitiendo ingresos”, advirtió.
De acuerdo con la Asociación de Internet MX, la medida implica un riesgo a la privacidad al permitir acceso gubernamental a información privada sin orden judicial. Marco Aurelio Núñez Cué, abogado fiscal, añadió que esta estrategia “podría generar un ambiente de desconfianza entre las empresas tecnológicas y el Estado”.
Pros y contras de la reforma fiscal 2026
Aspectos positivos | Aspectos negativos |
---|---|
Combate directo a factureras y empresas fantasma. | Carácter recaudatorio más que simplificador. |
Reducción de la evasión fiscal y simulación. | Riesgos a la privacidad por vigilancia digital. |
Fortalecimiento de la capacidad de auditoría del SAT. | Posible criminalización de contribuyentes sin antecedentes. |
Incrementos al IEPS: nuevos impuestos a productos populares
Junto con la reforma al CFF, la Cámara de Diputados aprobó cambios en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2026. El objetivo es incrementar la recaudación, pero también desalentar el consumo de productos dañinos para la salud.
- Refrescos: el impuesto por litro pasará de $1.6451 a $3.0818, lo que podría elevar el precio de un envase de 2 litros a unos $42.
- Cigarros: el IEPS aumentará del 160% al 200%, llevando el precio de una cajetilla por encima de los $100.
- Videojuegos violentos: tendrán un impuesto del 8% sobre su precio final, lo que aumentará su costo promedio de $1,700 a $1,836.
- Sueros orales: se gravarán con $3.08 por litro si no cumplen con las fórmulas establecidas por la OMS.
- Casas de apuestas digitales: sus tasas pasarán del 30% al 50%.
Impacto económico y recaudatorio
Según Marco Aurelio Núñez Cué, el incremento del IEPS tiene un doble objetivo: desincentivar el consumo de productos nocivos y destinar más recursos al sector salud. Se espera recaudar cerca de $761 mil millones de pesos, parte de los cuales se destinarán a la atención médica de enfermedades como obesidad y diabetes.
Sin embargo, el académico cuestionó el uso real de estos recursos. “Yo sí le veo fines recaudatorios. El gobierno necesita dinero para programas sociales”, afirmó.
Aunque los aumentos no afectarán gravemente a las familias mexicanas —ya que estos productos no forman parte de la canasta básica—, sí representan un golpe al bolsillo de los consumidores frecuentes.
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