En francas turbulencias y remolinos se encuentra Antonio Juárez Trueba, el director general del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), luego del escándalo que se desató por el manejo discrecional e irregular de la nómina de ese organismo y que agravó las críticas por el aumento de casi 10 por ciento a las tarifas autorizado por la mayoría de los y los diputados.
Por si eso fuera poco, luego del alza a los cobros del Siapa, vino el anuncio de la suspensión del servicio en 30 colonias de Guadalajara y Zapopan, y ayer de un megacorte de cuatro días que afectó a 113 colonias de estos mismos municipios, y en el de Tlaquepaque.
Pero sin duda lo que mayor irritación ha causado es que se hubiera contratado a la exconductora de un programa de música grupera en televisión, Elizabeth Castro, como asesora técnica con un salario mensual de 73 mil pesos, sin en realidad tener esos conocimientos y habilidades, como lo asegura en la declaración quinta del contrato que celebra con Juan Partida Morales, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno estatal.
En el contrato se lee en la cláusula segunda: “La Secretaría se obliga a proporcionar de manera oportuna la información y documentos necesarios sobre los cuales ‘el profesionista’ debe emitir opinión jurídica sobre la aplicación de la Ley y/o elaboración de los proyectos referidos en la cláusula anterior; así como a otorgar las facilidades necesarias a fin de que ‘el profesionista’ pueda cumplir oportuna y cabalmente con su encomienda”.
En la cláusula tercera se establece que deberá rendir un informe mensual de las actividades que realice y entregarlo al secretario de la Hacienda Pública, así como a “la Secretaría” cuando se le requiera.
La primera duda que salta es por qué en el contrato no se habla nunca del Siapa y sólo de la Secretaría de la Hacienda Pública.
Castro, quien ya había estado en el centro de la polémica cuando confesó que entregó al presidente Enrique Peña Nieto una carta de Rafael Caro Quintero, al que conoció cuando trabajó en el Penal de Puente Grande donde estaba recluido, enredó más el asunto al señalar que ella no trabajaba en el Siapa, sino que sólo estaba comisionada en esa dependencia. Eso implicaría otra irregularidad, que involucraría también a los alcaldes metropolitanos que forman parte de la junta de gobierno del organismo operador del agua.
Por eso, aunque ayer el Siapa emitió un boletín en el que informa que no le será renovado el contrato, mucho se tendrá que aclarar de la contratación de Castro, allegada al exgobernador Enrique Alfaro, y también a Pablo Lemus, que pone en entredicho el manejo transparente y honesto de la nómina de este organismo y de otros del Gobierno estatal y municipales.
Cortesía de El Informador
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