Desde Río de Janeiro
Siempre que se hablaba de evasión de impuestos u otras grandes ilegalidades en Brasil, el foco se dirigía hacia las favelas. No sólo se trata de lugares donde vive gran parte de la población pobre del país, sino que fueron blanco de grandes operaciones policiales que, con frecuencia, violentaban los hogares de los acusados. Se ponía en práctica lo que un vocero de las élites expresó alguna vez: “Es necesario devastar las favelas para acabar con las ilegalidades”.
La mayor operación llevada a cabo por los órganos del Estado brasileño ha apuntado en otra dirección. Esta vez, los objetivos no fueron los barrios populares sino la alianza y la connivencia entre el PCC (Primer Comando de la Capital), la organización criminal más poderosa del país, y lo que se conoce como la Avenida Faria Lima, donde reside el gran empresariado brasileño en San Pablo.
Las acusaciones no recaen sobre los pobres de las favelas, sino sobre las élites ricas de Brasil. Que no solamente evaden impuestos, sino que también hacen negocios asociados al PCC, al crimen organizado en Brasil. Una alianza entre el crimen organizado y las élites económicas.
La semana pasada, la Policía Federal, la Receta Federal y el Ministerio Público desataron una megaoperación contra de un esquema utilizado por el PCC. El esquema utilizaba fondos de inversión y empresas financieras que operaban en la Avenida Faria Lima, principal centro financiero de San Pablo, para generar, lavar y blindar recursos provenientes del tráfico de drogas y del mercado de combustibles adulterados. Al menos 42 direcciones que fueron blancos de la megaoperación quedan en la Avenida Faria Lima.
El PCC es considerado una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil, involucrada tanto en el tráfico de drogas doméstico, como en el sector de combustibles. Se calcula de que el esquema investigado movió por lo menos 52 mil millones de reales sólo entre 2020 y 2024.
Es la mayor operación judicial de la historia reciente de Brasil que alcanza a los políticos de la oposición, a bolsonaristas, entre ellos, Tarcisio de Freitas. Éste, gobernador de San Pablo, es el principal candidato con el que los bolsonaristas pretenden enfrentar la posible reelección de Lula.
En paralelo, el presidente Lula da Silva ha recibido lo que se ha denominado “un regalo de Donald Trump”: un enorme paquete de tarifas que impuso a la economía brasileña como castigo por la probable condena de Jair Bolsonaro.
Lula se ha valido de este paquete para presentarse defendiendo los intereses del país en contra de las gigantescas tarifas con que Trump busca penalizar a la economía brasileña. Los aranceles están siendo, en buena medida, absorbidos por la economía brasileña, que se ha aprovechado de esas circunstancias para disminuir todavía más su comercio con EE.UU. y diversificar su comercio internacional.
Son inmensas las trasformaciones políticas que Brasil está viviendo. Se anticipa que la condena de Bolsonaro generaría nuevas represalias del gobierno de Trump, que ahora se concentran en suspender las visas de entrada a EE.UU. de funcionarios brasileños considerados responsables del arresto del expresidente.
Bolsonaro, por su parte, corre el riesgo de pasar de la prisión domiciliaria a una cárcel común, probablemente el Presidio de la Papuda, en Brasilia. Será, de todas maneras, una nueva semana agitada en Brasil.
Cortesía de Página 12
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