GINEBRA – Este verano (boreal), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a casi 100 países, sacudiendo los mercados, provocando protestas en capitales aliados y poniendo en aprietos a los abogados especializados en comercio. Si bien la Casa Blanca afirma que utiliza los aranceles para corregir déficits comerciales (entre otras razones), las cifras dicen otra cosa.
Si los aranceles estuvieran realmente destinados a reducir déficits comerciales, la lógica sería sencilla. Los aranceles más elevados se impondrían a los países en los que el valor de las importaciones estadounidenses superase con creces el valor de las exportaciones estadounidenses, en relación con el tamaño de la economía de Estados Unidos. Según esta medida, las mayores brechas bilaterales en el comercio de mercancías, excluida China, se dan con la Unión Europea (-0.85% del PIB estadounidense), México (-0.62%), Vietnam (-0.45%) y Japón (-0.25%).
Con una política basada en el déficit, estas economías ocuparían los primeros puestos del gráfico. Por el contrario, la UE enfrenta un arancel de solo el 15%, México del 25%, Vietnam del 20% y Japón del 15%. Por su parte, países en los que Estados Unidos tiene superávit o solo un déficit modesto se han visto afectados por tasas arancelarias de las más elevadas. Las importaciones de Brasil, país con el que Estados Unidos tiene un pequeño superávit de +0.03%, enfrenta un arancel del 50% -el más alto de todos los países-. La tasa en el caso de Laos, país con el que el déficit bilateral es de apenas -0.003% del PIB estadounidense, es del 40%.
Estados Unidos está imponiendo sus aranceles más altos a países en los que apenas tienen déficit, o incluso registran un superávit comercial.
Si los aranceles tuvieran que ver con el apalancamiento, la lógica sería diferente. Aquí la cuestión no es a quién Estados Unidos le debe más, sino quién depende más del mercado estadounidense. Un país que vende un porcentaje importante de su PIB a Estados Unidos y le compra muy poco en términos relativos se encuentra en una posición de negociación débil. Según esta medida, los países con las mayores brechas de dependencia (por encima de la línea diagonal del gráfico de la derecha) tendrían que pagar los aranceles más altos. Esto situaría a Vietnam (que genera el 32% de su PIB a partir de las exportaciones a Estados Unidos), Guyana (31%), Camboya (30%), México (28%) y Nicaragua (26%) en el punto de mira.
Sin embargo, salvo México, que enfrenta un arancel del 25%, a todos estos países se les aplican tasas del 20% o menos. En cambio, las tasas más altas se han asignado a países menos dependientes: Brasil (2% del PIB de las ventas estadounidenses) e India (2.5%).
La Casa Blanca de Trump está premiando el alineamiento, castigando la independencia y apuntando a sectores vinculados a rivales estratégicos. Consideremos el caso de Bosnia y Herzegovina. Se trata de un socio estadounidense con un déficit insignificante y una dependencia mínima de Estados Unidos, pero su interés por la inversión china en infraestructura (incluidos proyectos hidroeléctricos y autopistas en el marco de la Iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta de China”) lo posiciona como políticamente desalineado.
Del mismo modo, Myanmar, que enfrenta un arancel del 40%, es un socio estadounidense con un déficit insignificante y una dependencia muy baja de Estados Unidos, pero sigue siendo profundamente dependiente del apoyo militar y económico chino, y ha fortalecido los lazos de defensa con Rusia desde el golpe de Estado de 2021. Serbia, que enfrenta un arancel del 35%, tiene un pequeño déficit estadounidense y una dependencia igualmente baja, pero se destaca por su alineamiento estratégico en materia de energía y seguridad con Rusia (depende del gas ruso y ha recibido en repetidas ocasiones exenciones de sanciones estadounidenses para su compañía petrolera vinculada a Rusia). Brasil es uno de los pocos socios estratégicos con los que Estados Unidos mantiene un pequeño superávit comercial; pero, como proveedor clave de mineral de hierro, disfruta de una creciente influencia estratégica en la minería en medio de la transformación de las cadenas de suministro globales, y se ha negado a ceder a las exigencias políticas de Trump.
Otros han sido mucho más flexibles. La UE evitó un alza más pronunciada tras acordar cooperar en el control de las exportaciones y el intercambio de datos. Australia se aseguró la tasa básica del 10% tras estrechar sus lazos en materia de defensa con Estados Unidos. El arancel de Japón subió, pero se mantuvo por debajo del máximo tras alinear su política de semiconductores con los objetivos estadounidenses.
El uso de tasas arancelarias para recompensar el cumplimiento de los objetivos estadounidenses y penalizar la autonomía supone una ruptura brusca con el sistema basado en reglas que prevalecía bajo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el sucesor del GATT, la Organización Mundial del Comercio. Aunque los presidentes estadounidenses Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama también vincularon el comercio a objetivos de seguridad, lo hicieron a través de acuerdos formales y tratos multilaterales que preservaban la buena voluntad. La estrategia de Trump es contundente, rápida y sumamente pública -desde el anuncio del “Día de la Liberación” de aranceles recíprocos (invocando poderes de emergencia) el 2 de abril, hasta la reformulación del 31 de julio, el alza de los aranceles del cobre en agosto y la decisión de eliminar el umbral de 800 dólares libre de impuestos.
El acceso al mercado estadounidense se ha convertido en un privilegio político condicional, revocable y utilizado para controlar el alineamiento. Esta estrategia puede generar beneficios a corto plazo. Pero corre el riesgo de debilitar las alianzas e instituciones que han magnificado el poder económico de Estados Unidos durante décadas. El programa arancelario no es un plan económico. Es un sistema de puntuación y un registro de las prioridades estratégicas de esta administración.
La autora
Carla Norrlöf es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.
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Cortesía de El Economista
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