En continuidad con el debate abierto entre Donald Trump y los obispos católicos respecto de las políticas migratorias de Estados Unidos, ahora fue el vicepresidente James David Vance quien en una entrevista televisiva cuestionó a los dirigentes religiosos y dijo que “si realmente están preocupados por los costos humanitarios, deberían hablar sobre los niños que son víctimas de redes de tráfico debido a la frontera desprotegida bajo la administración de Joe Biden“. En la misma oportunidad Vance defendió la decisión de Trump de autorizar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a realizar operativos contra inmigrantes incluidos lugares antes considerados como “santuarios”, como escuelas e iglesias.
El presidente de la Conferencia Episcopal (USCCB por su siglas en inglés), el arzobispo Timothy Broglio, había dicho que “en el tratamiento de los inmigrantes y refugiados, la ayuda exterior, la expansión de la pena de muerte y el medio ambiente, (las decisiones de Trump) son profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, muchas de las cuales perjudicarán a los más vulnerables entre nosotros”.
El presidente desestimó esas críticas así como las de la obispa anglicana Mariann Edgar Budde pero ahora Vance dijo que “como católico practicante” se siente “desconsolado” por la actitud del episcopado, que lo dicho “me rompió el corazón” y que a los obispos no los mueven motivos humanitarios, sino razones de orden financiero por el dinero que reciben para prestar asistencia a los inmigrantes.
“Creo que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos debería mirarse un poco al espejo y reconocer que, cuando reciben más de 100 millones de dólares para ayudar a reasentar a los inmigrantes ilegales, ¿se preocupan por cuestiones humanitarias o están realmente preocupados por sus resultados económicos?”, afirmó el vicepresidente.
Vance se refería al llamado Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés) una política aprobada por el Congreso de Estados Unidos, y de las que la Iglesia Católica participa por acuerdo con el Estado.
“Creo que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos no ha sido, francamente, un buen socio en la aplicación de la ley migratoria con sentido común, por la que votó el pueblo estadounidense”, dijo ahora el vicepresidente. “Y espero, una vez más, como católico devoto, que lo hagan mejor”, agregó.
En respuesta a esas afirmaciones la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que señala que “fiel a las enseñanzas de Jesucristo, la Iglesia Católica tiene una larga historia de servicio a los refugiados”. Recuerda también que “en 1980, los obispos de los Estados Unidos comenzaron a colaborar con el gobierno federal para llevar a cabo este servicio cuando el Congreso creó el Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos”.
En defensa de lo decidido por Trump y saliendo al cruce de las críticas Vance, dijo en la entrevista televisiva que “si una persona es condenada por un delito violento, ya sea un inmigrante ilegal o un inmigrante no ilegal, hay que ir a buscarla para proteger la seguridad pública. Eso no es exclusivo de la inmigración”, afirmó en relación a la posibilidad de detener a estas personas en escuelas o iglesias.
Como parte de la controversia la Conferencia Episcopal aclaró que “todas las personas reasentadas a través del USRAP son investigadas y aprobadas para el programa por el gobierno federal mientras se encuentran fuera de los Estados Unidos”. Y los obispos le precisaron a Vance que “la USCCB recibe fondos para realizar este trabajo; sin embargo, estos fondos no son suficientes para cubrir el costo total de estos programas”, pese a lo cual “esto sigue siendo una obra de misericordia y un ministerio de la Iglesia“.
De acuerdo a la información suministrada por la USCCB los aportes estatales para los refugiados fueron en aumento durante la administración Biden. En abril de 2024, el obispo de El Paso, Mark J. Seitz, presidente del Comité de Migración de la conferencia, envió una carta al Congreso solicitando una mejora en las contribuciones para el apoyo a los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras poblaciones en estado de vulnerabilidad. En su nota el obispo hizo mención de un retraso histórico de 3,4 millones de casos no resueltos, entre los que se incluyen 1,1 millones de solicitudes de asilo. En la misma ocasión la Conferencia Episcopal pidió dejar de lado las restricciones impuestas las solicitudes de asilo y solicitó que se consideren alternativas a la detención de los inmigrantes ilegales.
Por su parte, los obispos de la Frontera Sur de México también emitieron una declaración respecto de la situación que se vive en las zonas fronterizas de ese país. Resaltaron la importancia del derecho que le asiste a los inmigrantes y dijeron que “ese derecho debe ser protegido por todos”, que “los migrantes son hermanos” y que “la hospitalidad y los valores humanos de los mexicanos no pueden seguirse deteriorando por presiones o intereses políticos externos” señalando que “la política en este campo debe definirse por los valores y principios de solidaridad y respeto a la vida y a la dignidad humana, consagrados por la Constitución”.
Cortesía de Página 12
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