Durante los últimos 23 años, centenas de miles de viviendas de interés social construidas a lo largo del territorio mexicano, pasaron de estar abandonadas a invadidas.
Hasta hace unos meses, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) refería que, a lo largo del territorio nacional, había alrededor de 650,000 viviendas abandonadas y vandalizadas.
Eso resulta inquietante si se toma en cuenta que, según cifras del gobierno federal, en el país actualmente se requiere construir 2.8 millones de viviendas nuevas y remodelar 8.9 millones de inmuebles en estado precario.
Hace unos días, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que esa institución tiene identificadas 843,000 viviendas emproblemadas. Dijo: “Se les llamaba abandonadas, vandalizadas”, pero, según lo expuesto por el funcionario, no se sabe la condición específica de ellas. Por ello, la Secretaría del Bienestar realiza un censo en esos inmuebles para saber exactamente cuál es su situación.
Hasta el 13 de junio pasado, se habían censado 168,000, de las cuales 145,000 están habitadas (muchas de ellas invadidas) y 23,000 deshabitadas y/o vandalizadas. La mayoría en el Estado de México, Puebla y Chihuahua.
Para el investigador de El Colegio Mexiquense, Alfonso Iracheta Cenecorta, el problema que representa el abandono de vivienda, que hoy ha mutado a invasión, si bien es multifactorial, en gran medida se debe a las decisiones de política pública tomadas por los gobiernos de los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, que impulsaron la construcción de vivienda en serie en lugares alejados.
Fox se puso como meta construir 750,000 viviendas nuevas anuales
De acuerdo con el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 del presidente Fox, la misión era “más que duplicar la producción y colocación actual (a 2002) de vivienda financiada”.
Uno de los objetivos estratégicos que se impuso ese gobierno fue lograr en 2006, un ritmo de financiamiento y construcción, de 750,000 viviendas anuales.
Su diagnóstico respecto del déficit de vivienda era que, en 2000, había 756,000 hogares en todo el país que no tenían una casa independiente donde habitar. Adicionalmente, un millón 55,000 casas existentes necesitaban ser sustituidas, debido a que habían llegado al término de su vida útil y resultaba más caro repararlas que edificar un número semejante de viviendas nuevas.
En suma, el rezago de cuatro millones 291,000 acciones de vivienda se dividía en un millón 811,000 unidades nuevas, y dos millones 480,000 que requerían rehabilitarse, mantenerse o ampliarse.
En marzo de 2011, el presidente Felipe Calderón presumía así los resultados de la política de vivienda:
“Se dice fácil, amigos, pero nunca habían estado disponibles tantos créditos en México para impulsar el desarrollo del país como los créditos que ha impulsado el Infonavit en los últimos años. Tan solo con los dos millones de créditos liberados durante este gobierno, en cuatro años se hizo tanto como se había hecho en los primeros 28 años de Infonavit, es decir, entre 1972 y el año 2000”.
Sin embargo, esa producción de vivienda en serie iba aparejada por un fenómeno de abandono.
Según el Centro Eure, en 2005 la vivienda deshabitada en el país era de 4.3% del parque habitacional nacional, equivalente a 3.4 millones de viviendas y para 2010 se elevó a 13.8% con casi cinco millones de unidades.
Se separó la política de construcción de vivienda de la de desarrollo urbano
En entrevista, Iracheta Cenecorta destaca que en 18 años se construyeron alrededor de 12 millones de viviendas nuevas de interés social en todo el país. Entre 2006 y 2017 se desarrollaron alrededor de 63,000 conjuntos habitacionales de todos tamaños.
Cabe señalar que, en el 2013 cambiaron las reglas para la construcción de vivienda de interés social en México, se establecieron los llamados perímetros de contención urbana, los cuales definieron las zonas del país donde se entregarían subsidios.
Eso afectó a las grandes constructoras de vivienda que habían hecho acopio de grandes franjas de terreno para construir en regiones que ya no entraban dentro de estos polígonos, lo que les generó una crisis.
Hay quienes afirman que tan solo Homex, GEO y Urbi dejaron en 2015 alrededor de 365 conjuntos urbanos abandonados.
Para el reconocido especialista, Iracheta Cenecorta, el problema fue que con la política de vivienda iniciada durante el gobierno del presidente Fox, se separó el tema de la vivienda de el de desarrollo urbano. Se cedió a los privados la decisión sobre la localización de la vivienda y la plusvalía.
Las empresas constructoras consiguieron terrenos baratos lejos de los centros urbanos y por lo tanto de servicios públicos, como acceso al drenaje, agua potable, energía eléctrica, centros educativos, comerciales, etcétera.
El resultado es que se construyeron unidades habitacionales en cantidades industriales, pero al estar aisladas no fueron viables para la habitabilidad, pues solo se cumplieron aspectos básicos.
En 2015, Iracheta Cenecorta encabezó un estudio sobre el problema de abandono de vivienda en el que se llegó a la conclusión que eso se debía, entre otros factores a que para muchas familias era insostenible vivir ahí desde el punto de vista económico.
Además, para 2015 se advirtió que había una sobreoferta de vivienda social y mucha de ya no se colocó por los lugares en que se encontraban, lejos de los centros de trabajo, comercio, servicios médicos, religiosos, entre otros. El resultado es que mucha vivienda se abandonó, otra no se terminó de construir y con el tiempo se invadió.
En 2015 ya había más de 224,000 casas abandonadas
De acuerdo con el “Atlas del Abandono de Vivienda”, publicado por el Infonavit en 2015 y considerando 378 municipios, se identificaron 224,847 viviendas en situación de abandono, lo cual representaba 94% del total registrado por el instituto en todo el país. La suma total del saldo a pagar en esos municipios era de casi 70,000 millones de pesos de esa época, con un promedio de 238,000 pesos por vivienda.
Los municipios con mayor vivienda abandonada eran Ciudad Juárez, Chihuahua, con 12,391; Tijuana, Baja California, 12,260; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco con 10,260; Zumpango, Estado de México, con 9,867; Reynosa, Tamaulipas, con 8192; Torreón, Coahuila, con 6,413; León, Guanajuato, con 6,090; Mexicali, Baja California, con 5712; Altamira, Tamaulipas, con 5,542 y Juárez, Nuevo León, con 5,016.
En municipios y delegaciones del Valle de México había 38,093 y en la zona metropolitana de Monterrey 19,780, mientras que en la Zona Metropolitana de Guadalajara 18,347.
El documento indica como factores que propiciaron el abandono lejanía al empleo, bienes y servicios urbanos; adquisición de viviendas sin intención de habitarla; Imposibilidad de pagar el crédito hipotecario; mala calidad de la vivienda; localización en zonas de riesgo por factores naturales y localización en zonas inseguras por factores sociales, así como desinformación y toma de decisiones no planificada.
El problema mutó a invasión y hay de diferentes tipos
Actualmente, el mayor problema representa la invasión ilegal de viviendas y tiene diferentes rostros.
De acuerdo con Catherine Paquette Vassalli, investigadora del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo y Carolina Pedrotti, investigadora del Seminario de Estudios Urbanos y Socio Espaciales y urbanista de El Colegio Mexiquense, autoras del reporte “Hallazgos y propuestas para regenerar los conjuntos de vivienda social deteriorados en México”, financiado por el Fondo de cooperación México-Chile, al analizar tres casos específicos en el Estado de México, Jalisco y Baja California, la invasión que hoy ocurre en el país puede identificarse en algo así como un semáforo de invasión. Ellas lo llaman abanico de ocupantes.
En verde están los hogares que se desdoblan, anexando una segunda vivienda o invitando a miembros de su familia para ocupar casas desocupadas, situadas en su calle, manzana o conjunto. Jefes de familia que “heredan” viviendas desocupadas a su descendencia.
Carolina Pedrotti refiere que hay casos en los que hay familias que llegaron entre 2008 y 2010, sus hijos crecieron y vieron que en el vecindario había viviendas desocupadas y las tomaron. De una vivienda que tenía 40 metros cuadrados, se convirtió en una de 80 anexando una vecina.
“Nos encontramos que a un lado vive la mamá, en frente la prima, a dos casas la cuñada, etcétera, porque la gente hizo uso de ese parque habitacional disponible”.
En un verde más claro están los residentes que actúan como agentes inmobiliarios informales, alegando tener autorización de los propietarios y alquilando indebidamente viviendas abandonadas, dirigiéndose a familias deshabitadas que generalmente tienen un contacto familiar o amigo en el entorno inmediato.
En un tono amarillo están organizaciones políticas o sociales como Antorcha Campesina o El Barzón que históricamente han trabajado en barrios populares de autoconstrucción por el acceso al suelo de sus miembros, ahora establecidas en los conjuntos de vivienda social como arrendadores informales.
En naranja aparecen grupos de pandillas, marginales, cercanos a la criminalidad, que monopolizan viviendas deshabitadas para utilizarlas como picaderos o centros de venta de drogas.
En rojo aparecen grupos pertenecientes a la delincuencia organizada. En este caso las viviendas son utilizadas como puestos de vigilancia, almacén de mercancía o casas de seguridad.
La especialista dice que tan solo en Zumpango, Estado de México, entre 2000 y 2021 se realizaron más de 93,000 viviendas de interés social. Eso impactó en la población en el municipio que pasó de 71,413 habitantes en 2005 a 280,455 en 2020.
Dice que ese modelo de desarrollo de vivienda pasó del problema de “los sintecho” a “los con techo”.
Explica que, si bien algunas de las personas fueron propietarios de una vivienda nueva, en realidad fueron arrojados a una situación de vulnerabilidad social, endeudados obligados a vivir en un entorno inadecuado: Viviendas muy pequeñas, con bajos estándares de calidad funcionalidad y espacial.
Eso derivó en periferias lejanas; generó desarraigo. No son comunidades vecinales cohesionadas, sino fragmentadas, viven con desconfianza y con inseguridad.
Tienen déficit de servicios urbanos como agua potable porque los municipios no tuvieron ni la capacidad técnica, administrativa ni financiera para atender el mantenimiento de esas obras y la seguridad.
Peña Nieto recurrió a rescate y subastas
Para atacar el problema, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, recurrió a la subasta de viviendas recuperadas. Entre 2015 y 2018 se subastaron 67,433 viviendas.
En diciembre de 2019 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió suspenderlas porque había abusos de intermediarios que le pagaban al Infonavit un promedio de 133,000 pesos por vivienda y las vendían en 328,000 pesos, en promedio, pero nunca recuperaban el entorno urbano.
Asimismo, la Sedatu puso en marcha la estrategia Nacional de Vivienda Recuperada.
Entre enero de 2019 y febrero de 2024, el Infonavit recuperó 22,780 viviendas abandonadas.
No se trata de enchular casas y colonias, sino dignificar espacios
Para Madeleine Cortés Cravioto, directora general de Fundación Hogares, para lograr que las viviendas que en algún tiempo estuvieron abandonadas y posteriormente invadidas se regularicen, rehabiliten y estén en condiciones para que las personas las habiten de manera digna, es necesario hacer un rescate integral, tanto de la vivienda, como del entorno tanto físico como social en el que se encuentran.
Eso parte de hacer un censo para conocer cuáles son las condiciones en que se encuentran cada una de ellas y las personas que ahí viven.
Con base en la experiencia de esa organización que en los últimos 15 años ha desarrollado una metodología de urbanismo social, lo que debe hacerse es trabajar tanto en la regeneración física, como en la regeneración social.
“Lo que hemos hecho es hacer un diagnóstico de la zona y luego acciones de regeneración social, lo cual inicia con la instalación de mesas vecinales para que, junto con las personas que ahí viven se realice una gestión mediante talleres productivos, jornadas de salud, educación, arte”.
El objetivo, expone, es que los vecinos identifiquen el valor del espacio urbano que ocupan con el objetivo que perdure la intervención.
Posteriormente se realizan trabajos de intervención urbana, como rehabilitación de espacios públicos, reposición de luminarias que contribuyan a generar ambientes seguros en el entorno y devolver la dignidad a las comunidades.
Eso permite que la comunidad aporte a la regeneración física y la cuiden.
Puso como ejemplo el trabajo realizado en una unidad habitacional de Mexicali con alrededor de 15,000 viviendas, donde fue posible recuperar 24% de viviendas abandonadas.
Con la regeneración física se recupera plusvalía de los predios y se generan condiciones para la instalación de negocios.
De acuerdo con la especialista, no solo se trata de construir vivienda, sino de recuperar el entorno de los conjuntos habitacionales ya construidos que permita tener una mayor densificación y con ello contribuir a que haya más vivienda en los sitios donde se necesita y no en lugares apartados de los centros de trabajo, educación y servicios.
“Hemos enchulado casas y enchulado pueblos, pero hemos enchulado comunidades con beneficios a corto y medianos plazos. El enfoque es dignificar espacios. Eso es lo que hace crecer a una comunidad”.
No solo es recuperar la vivienda como cascarón y hacerla habitable; se trata de rescatar el entorno para hacer posible una vida digna, recalca.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como meta construir un millón 100,000 viviendas, durante el sexenio pero también enfrenta el reto de solucionar el problema que representa la invasión de 843,000 y hacer que el lugar en que se encuentran sean espacios dignos para vivir.
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Cortesía de El Economista
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