Parecía que sus nombres se habían olvidado, pero no fue así. La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum embistió en su conferencia mañanera contra el extinto IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) por concesiones a las que calificó de “no ser correctas”, mientras en su equipo solo se culpaba a dos personas: a Luis Videgaray y a Carlos Salinas.
“Y no se puede permitir eso porque la decisión es del Estado mexicano, no es la decisión de unas cuantas personas que son parte hoy del IFT el que molestas, supongo, quisieron dar este albazo, Entonces no va a proceder, vamos a hacer todo lo jurídico que sea necesario para que no proceda porque no es correcto”, dijo Sheinbaum Pardo el viernes pasado.
La historia es así. A un día del inicio de su extinción oficial, el pasado 19 de diciembre, los consejeros del IFT hicieron públicas la convocatoria y las bases de la Licitación (IFT-12) para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de poco más de 2 mil bloques de espectro radioeléctrico (en particular los servicios de 5G), cuyo gran beneficiario fue AT&T.
El holding multinacional estadounidense de las telecomunicaciones se benefició, en palabras crípticas de José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, “la licitación como está planteada no cumple a cabalidad con algunos objetivos de cobertura social y esto es importante […] para extractos de menores ingresos o áreas remotas”.
“El proceso de licitación debe llevarse a cabo con la configuración final del regulador de telecomunicaciones, ya que el IFT se encuentra en proceso de transformación. Este cambio no da certeza jurídica ni al Estado mexicano ni a quienes adquieran concesiones de espectro”, completó uno de los hombres de mayor confianza de la Presidencia.
Acto seguido, Canal Catorce -en manos de Jenaro Villamil- publicó con nombre y apellido a los responsables de esta acciones consideradas en detrimento del Estado Mexicano: Videgaray Caso y Salinas de Gortari, pues desde 2020 la CEO de AT&T México no es otra que una operadora de ambos, Mónica Aspe Bernal, hija del exsecretario de Hacienda salinista, Pedro Aspe.
Por otro lado, continúa Villamil en su denuncia periodística con el aval de Palacio nacional, el propio Videgaray como artífice en 2013 de la Reforma en Telecomunicaciones de Enrique Peña Nieto llenó al IFT de sus recomendados y amigos, así lo denunció Carlos Slim, el menos beneficiado de todo este enjuague.
En febrero de este año, Slim Helú ofreció una conferencia de prensa en la que reveló que Gabriel Contreras -primer presidente del IFT- fue puesto por Humberto Castillejos, quien llegaría a ser titular de la Consejería Jurídica de Peña Nieto, a las órdenes de Videgaray.
“Y este amigo, el presidente del IFT, se fue de director jurídico de AT&T (…) Estoy hablando del sexenio pasado… Y ya que sale de ahí, se va a AT&T de director jurídico. No se vale (…) Pues muy mal eso, ¿no? Creo que si va a ser autónomo, que sean autónomos de a deveras”, reprochó entonces Carlos Slim.
Esta denuncia desde la Mañanera no solo se trataría de un raspón directo contra el cerebro del peñanietismo, sino también un guiño al empresario favorito de la 4T, pues el gran afectado por una mayor participación en el mercado de las telecomunicaciones en México sería América Móvil (Telcel) que domina casi el 64%
del espectro concesionado, mientras que el operador móvil en manos de AT&T alcanza sólo 22% (14% de la empresa estadounidense y 7,65% que le concesionó a su vez a Telefónica, conocida como Movistar).
“Ya no es negocio”, dijo Slim en alguna ocasión sobre Telcel. Pues debe serlo si necesita del apoyo de Palacio Nacional para echar atrás las concesiones que el IFT les dio “en un albazo” a su competencia.
Cortesía de La Política Online
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