El control de daños que ha intentado el Gobierno para cuidar al ex secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, y por consiguiente al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo eligió por encima del grupo de marinos con probada experiencia que integraban la terna de candidatos, no está dando resultados. Se ha intentado de varias formas, incluido el texto de un simpatizante del régimen que sugirió que la filtración de la captura del sobrino político del almirante por el huachicol fiscal en Altamira, tenía una finalidad específica.
La filtración, que se dio en la plataforma X el viernes por la noche, tomó por sorpresa al gabinete de seguridad, que pensaba anunciar el operativo el domingo. La idea era que el anuncio se enfocara en las capturas derivadas del aseguramiento de un buque-tanque en marzo, minimizando el involucramiento de los sobrinos políticos de Ojeda. La idea deslizada en la prensa fue que la filtración buscaba eliminar cabos sueltos o desviar la atención mediática hacia otro lado. Era todo lo contrario: lo importante ya no era lo que había sucedido en marzo, sino el nivel de personas involucradas.
La validación de que ese no era el spin del Gobierno de Claudia Sheinbaum fue que desde ese esforzaron en deslindar a Ojeda tanto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch -amigo de él desde que estuvieron comisionados en Guerrero cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa-, como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que, habilidoso, dijo que el almirante lo había ido a ver dos años atrás para pedirle que investigara irregularidades dentro de la Marina, dejando correr en los medios y la opinión pública, que la investigación de caso en Altamira había sido detonada por su denuncia.
Varios analistas lo abordaron con distancia. Joaquín López Dóriga se preguntó por qué fue Ojeda con Gertz Manero y no presentó una denuncia en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina. Jorge Castañeda tomó la línea de tiempo que estableció el fiscal con su declaración dominguera, y cuestionó a los dos: ¿informó Ojeda al fiscal y no al expresidente? ¿Y Gertz Manero se calló la información sin compartirla con López Obrador? Lo que cuestionaron ambos tiene otra lectura adicional: vimos (y estamos viendo) un encubrimiento institucional para que las investigaciones, planteado a manera de hipótesis, puedan ser contenidas para que no lleguen a Palenque, ni a Cancún, donde vive Ojeda en un departamento que cuesta un millón y medio de dólares.
El almirante Ojeda, por principio de cuentas, no habló con Gertz Manero sobre las irregularidades, sino hasta el año pasado. Pero para afectos de argumentación, si se tomara por cierto la afirmación del fiscal, por qué no actuó durante, digamos, 530 días, si es que en algún abrió una carpeta de investigación como procedía. En cambio, a García Harfuch le tomó 166 días desde el aseguramiento del buque-tanque hasta la captura de uno de los sobrinos políticos del ex secretario. A menos que aporte información pública que sí hubo consecuencias de la denuncia que personalmente dice que le formuló Ojeda, no puede tomarse de otra forma salvo como un timo a la opinión pública.
En el caso de Ojeda, sí presentó una denuncia en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, igualmente en 2024, pero fue de carácter administrativo, sin aportar los nombres de sus sobrinos políticos, ni de nadie más. Como publicó El Universal el martes, en el informe anual de la Secretaría en 2023 (el año donde supuestamente Ojeda habló con Gertz Manero) y en 37 auditorías internas, no existió ningún delito de huachicol fiscal en aduanas. Peor aún, en ninguno de los casos de sus sobrinos políticos, Ojeda actuó en consecuencia.
En enero del año pasado nombró a uno de ellos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso, comandante de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta, y mantuvo al otro, Fernando, como agregado naval en la Embajada en Madrid, en donde según reportes de inteligencia mexicanos y españoles, era su centro de operaciones comerciales, legales e ilegales. El ex secretario de la Marina pudiera no ser culpable de algún delito, pero es claramente responsable, por omisión. Tienen los delitos diferente carga y castigo, pero lo que es inadmisible es que no haya sido incluido en ninguna carpeta de investigación porque tiene muchas cosas que informar y explicar para deslindar responsabilidades y para que la autoridad actúe conforme a lo judicializado.
Sin embargo, llevarlo a declarar ante el ministerio público federal es un riesgo. Abriría la puerta a las críticas sobre cómo López Obrador no tuvo control sobre la permisividad del ex secretario con sus sobrinos políticos, sabiendo desde hace más de tres años, por denuncias periodísticas, los malos pasos en los que andaban. Todavía más importante, una investigación sería mostraría que no solo el expresidente estaba informado del huachicol y el huachicol fiscal, sino que encabezaba el andamiaje para que desde el gobierno se administrara.
Como se informó ayer en este espacio, en su sexenio el combate al huachicol fue laxo y permisivo por necesidades concretas del régimen. Funcionarios federales señalaron que los trenes Maya y el Interoceánico pudieron construirse con un costo inferior al que hubiera salido a precios de mercado, porque se utilizó combustible robado que aligeró los presupuestos, como también lo hizo para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad y con el petróleo que se regala a Cuba desde hace varios años. Incluso en la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, la Secretaria de la Defensa compró 500 millones de pesos en diésel a una empresa ligada con el huachicol.
Estamos viendo un encubrimiento institucional en tiempo real, forzando toda la maquinaria propagandística del régimen para inhibir coberturas periodísticas críticas. Va a ser en vano porque tapar lo que pasó en las más altas esferas del gobierno de López Obrador, meterá en una contradicción a la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde que regresó Donald Trump a la jefatura de la Casa Blanca, su gobierno no ha dejado de presionarla para que profundice la lucha contra el huachicol en este país donde, según las investigaciones estadounidenses, durante el sexenio anterior se construyó en México una economía criminal alterna.
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Cortesía de El Informador
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