El entorno regulatorio que se perfila en el corto plazo con la discusión y aprobación de posibles normativas tendrá un impacto negativo en la inversión inmobiliaria, ya que, según el gremio, generan incertidumbre a los inversionistas y por ende complican el fondeo para la ejecución de proyectos de bienes raíces.
Para Bosco Quinzaños, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), existen dos puntos específicos que definirían este entorno normativo: la presentación y próxima discusión de una Ley de Rentas Justas en la Ciudad de México, así como la reforma a la Ley de Amparo actualmente en análisis en el Congreso de la Unión, las cuales tendrían un efecto negativo en el desarrollo de bienes raíces tanto en la capital como a nivel nacional.
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“Una ley que imponga un índice de precios de arrendamiento no constituye una solución adecuada, ya que implica un control que vulnera la libertad de comercio y el derecho a la propiedad privada, afectando la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas. Lo que realmente se requiere son cambios regulatorios que incentiven la inversión y la construcción de vivienda, dotando de densidad para poder reciclar y reconvertir zonas y predios subutilizados”, declaró en entrevista Quinzaños.
Para el representante de la ADI, antes de la discusión de una ley del alquiler en la Ciudad de México es importante discutir y aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial en la capital, la cual está pendiente desde hace años, con el fin de permitir el desarrollo de vivienda social que permita satisfacer las necesidades de la población.
De acuerdo con el representante de la ADI, para lograr una producción de vivienda a precios accesibles es necesario permitir que las zonas con suelo, servicios y ubicación adecuados se densifiquen en altura y número de habitantes por predio. Así, se permitirá que las personas permanezcan en los barrios donde han vivido siempre y se fomentaría la comunidad con el aprovechamiento de la infraestructura existente.
“Eso hace que las personas en su barrio puedan obtener todos los servicios y también realizar todas sus actividades, porque hay escuelas, comercios, oficinas, todo tipo de establecimientos y hay vivienda. Todo en un radio cercano y esto también a la ciudad le trae mucha eficiencia para proveer los servicios de movilidad, de agua, de luz, etcétera”, acotó.
La otra piedra en el zapato
Para este año, los asociados a la ADI prevén generar una inversión conjunta cercana a los 15,000 millones de dólares que ayudarían a la generación de 355,000 empleos con impacto positivo en 48 ramas productivas del país.
En este contexto, Quinzaños indicó que, si bien los desarrolladores de la ADI continuarán con sus planes de inversión, la reforma a la Ley de Amparo generará incertidumbre entre los inversionistas.
“El sector inmobiliario es uno de los más expuestos a actos discrecionales en materia de permisos, usos de suelo, densidades o regulaciones ambientales. En la ADI estamos muy preocupados por algunas de las posiciones de la reforma a la Ley de Amparo, sobre todo las que limitan la procedencia de las suspensiones, las que restringen los efectos de las resoluciones judiciales y prevén la aplicación retroactiva de la reforma”, acotó.
Quinzaños detalló que en la actualidad los desarrolladores pueden promover un amparo y obtener una suspensión que les permite continuar los proyectos cuando una autoridad intenta frenarlos sin justificación.
El representante de la ADI celebró que se revise la iniciativa en el tema de la retroactividad con la que fue aprobada en el Senado; sin embargo, consideró importante que se realicen los ajustes para que la cancelación de las suspensiones no se dé.
“Estamos a favor de que el sistema mejore, pero es muy importante señalar que el sector inmobiliario, como seguramente todos los otros sectores, se ve altamente afectado cuando hay un acto de autoridad injustificado y se requiere un mecanismo de defensa para poder darle viabilidad a los proyectos”, comentó.
Quinzaños acotó que los esfuerzos gubernamentales deben ir encaminados a la generación de la oferta suficiente de vivienda y así se genere un círculo virtuoso de inversión.
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Cortesía de El Economista
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