En el marco del foro Tráfico de Armas en México: Efectos Sociales y Económicos organizada por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativos (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, el diputado presidente de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo de la Cámara de Diputados, Jesús Valdés Peña, afirmó que a México ingresan alrededor de 500 mil armas ilegales al año procedentes de Estados Unidos, y aproximadamente cinco millones en los últimos 10 años. Ante este panorama, especialistas advirtieron que la violencia en el país, en todos los ámbitos, atraviesa un proceso de recrudecimiento.
“Nos damos cuenta de que proceden (las armas) del país vecino, Estados Unidos, a través de ocho armadoras que las producen. Incluso, algunas de estas armas llevan logos de integrantes d el crimen organizado […].Estas armas provocan desestabilización social, deterioro del comercio local, un impacto directo en la economía, afectaciones en centros educativos y de salud, y en general en la cohesión social. Como dato: el 70 por ciento de los homicidios dolosos en el país son cometidos con arma de fuego. Esto se traduce en miles de víctimas al año, y en 2024 el impacto económico de la violencia en México ascendió a alrededor de 4.9 billones de pesos, equivalente al 19.8 por ciento del Producto Interno Bruto”, aseguró.
Por su parte, Mara Robles Villaseñor, rectora de CUCEA, señaló que la violencia es una situación que se vive todos los días en México. Un clima aterrador, lamentó, por lo que se debe condenar toda clase de actos que atenten contra las personas.
“Todos los días tenemos, desafortunadamente, decenas de homicidios, decenas de desapariciones, y un clima de violencia verdaderamente aterrador. Tenemos que condenar toda clase de violencia […].Para que todos esos crímenes se perpetren hacen falta instrumentos: armas y municiones que permiten materializar la violencia”.
El foro reunió a legisladores, académicos y la comunidad universitaria a fin de crear un espacio de discusión para traer a la agenda pública las consecuencias del tráfico de armas a México, aspecto que en el país, indicó la rectora, no se trata con la seriedad necesaria y se “silencia constantemente”.
Alexandre Parmat, académico del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos y quien durante los últimos años ha realizado estudios de campo en Sudamérica acerca de la ruta de flujos ilícitos de droga y armas, explicó que el armamento de los cárteles mexicanos es adquirido de forma legal en Estados Unidos. Posteriormente es enviado a Colombia, Panamá, Brasil, Venezuela y Ecuador, donde en algunos casos son utilizadas como moneda de cambio por narcóticos, mientras que en otros, como en el caso de Ecuador, las organizaciones delictivas criminales toman parte activa en las disputas territoriales de cárteles locales con armas de alto calibre.
En el caso de Colombia, precisó el experto, los cárteles mexicanos pueden ‘invertir’ en laboratorios de producción de cocaína a cargo de grupos guerrilleros. Éstos producen la droga y a cambio reciben armamento sofisticado, como drones y explosivos. Además, Perú, Chile y Argentina también se han convertido en países de tránsito de armas y droga impulsados por organizaciones delictivas mexicanas, aunque Ecuador y Colombia se mantienen a la cabeza como las naciones de exportación hacia México, Europa y/o Estados Unidos.
“La cooperación a nivel regional e internacional es esencial para luchar contra los grupos que están siempre más policriminales, y porque hay riesgo de convergencia criminal. Ellos pueden enfrentarse, pero pueden trabajar juntos y su poder es más elevado. ¿Cuál es la convergencia criminal? El intercambio de cocaína por armas, el uso de las rutas de tráfico de cocaína para traficar armas, personas, animales, para ingresar dinero. Es un poder de corrupción más alto […].
“Podemos organizar talleres operativos para reunir expertos de la sociedad civil, la policía, las autoridades, el gobierno, y fomentar juntos la cooperación y el intercambio de buenas prácticas para luchar contra las organizaciones criminales trasnacionales”, recomendó el académico.
Asimismo, Aurea Esther Grijalva Eternod, académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), advirtió que la gran disponibilidad de armas fortalece al crimen organizado y les otorga mayor capacidad ofensiva y reducción de costos de control, además de que fomenta la falta de denuncias, la intimidación y la coacción.
“Propician el aumento de la letalidad y de delitos vinculados, como homicidios, uso de fuerza letal policial, lesiones graves, extorsión y secuestros, facilitando el control territorial y la victimización sistemática […].Facilitan la acción criminal y, en el caso de las víctimas, incrementan su vulnerabilidad. Con un arma, prácticamente cualquier persona puede ser blanco del delito”, detalló.
Por último, Willy Cortez, académico de CUCEA, mencionó que en el contrabando de armas existe un “tráfico hormiga”, en el cual se pagan alrededor de 100 dólares por 50 balas y hasta dos mil dólares por un rifle automático. Como consecuencia de ello, dijo, se desestabiliza a regiones, se estanca la economía, aumenta la violencia y cientos de personas son víctimas de desplazadas de sus lugares de origen por la inseguridad.
YC
Cortesía de El Informador
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