El silencio reina frente al Museo de Arte Prohibido cinco días después de anunciar su cierre indefinido. Nadie puede acceder a las 200 obras que Tatxo Benet, fundador junto a Jaume Roures del imperio mediático Mediapro, había agrupado por haber sido censuradas, prohibidas o denunciadas por motivos políticos, sociales y religiosos en algún momento de la historia. Es martes 1 de julio y los turistas que pasean buscando sombras en las calles adyacentes al paseo de Gràcia (Barcelona) ignoran que durante los últimos 110 días en esa acera se manifestaron piquetes informativos con sillas y llamativas pancartas con la palabra “vaga” (huelga en catalán) delante de la Casa Garriga Nogués, el hermoso edificio de inspiración modernista de la calle Diputació que acogía la colección privada del empresario y periodista. Una protesta permanente que ni siquiera se desmontó el día del apagón.
Tras los ventanales de la planta baja se ve, intacta, la tienda de regalos con sus camisetas, bolsas de tela y peluches personalizados apilados junto a libros de diseño sobre activismo y contracultura. Un operario de mantenimiento de la empresa Beolia sale del edificio y confirma que, semanalmente, se seguirá chequeando la adecuada aclimatación de las obras. Todas las luces están apagadas, como las ganas de hablar con la prensa de los bandos implicados.
“Poco más tenemos que añadir al comunicado que lanzamos el viernes” [27 de junio], dice una de las trabajadoras de las oficinas del museo, que siguen operativas en su interior hasta que se desmonte el equipamiento. Esta aventura museística apenas ha durado año y medio —abrió en octubre de 2023— y se ha cerrado con un comunicado de la empresa en el que se anuncia un adiós “doloroso y no deseado, pero inevitable”, motivado por “las pérdidas económicas provocadas por el escrache instalado ante el museo desde hace cuatro meses y dirigido por el sindicato SUT”.
El museo culpa del cierre a Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), una agrupación que se define como “sindicato de clase, asambleario, autónomo e internacionalista” y que lleva más de 17 años convocando protestas en espacios culturales de Barcelona como Cosmocaixa, Auditori, Liceu, Fundació Tàpies, la Virreina o Casa Batlló, entre otros; mientras que en Madrid ha organizado protestas en el Museo Reina Sofía, el Prado o el Espacio Telefónica.
Tras convocar una huelga de cuatro meses en el Museo de Arte Prohibido, SUT desconvocó el 30 de junio un paro que había trasladado a la tienda del Mirador Torre Glòries, gestionada por una filial de Mediapro. A diferencia de lo que pasó en la Casa Garriga Nogués, esa huelga finalizaba por un pacto de mejora con las condiciones de los trabajadores. ¿Qué ha ocurrido para no llegar a un acuerdo en el Museo de Arte Prohibido?
Todo empezó a principios de año. El 22 de enero, el museo decidió cancelar el contrato con MagmaCultura, la empresa subcontratada que gestiona la familia Duart y que empleaba a siete trabajadores. Los afectados acudieron al sindicato SUT y, junto con trabajadores de otras dos empresas subcontratadas -la de vigilancia, Silicia Serveis Auxiliars, y la de tienda, Palacios y Museos-, convocaron una huelga indefinida a partir del 11 de febrero. SUT reclamaba sillas ergonómicas y rotación del personal “para evitar estar de pie”, así como más personal, especialmente los fines de semana, con descanso efectivo de 20 minutos para jornadas de cinco horas.
El centro estuvo cerrado al público entre el 27 de febrero y el 11 de marzo. Desde el museo se alegó que los trabajadores de MagmaCultura fueron reubicados, que el centro pasó tres inspecciones y participó en jornadas de mediación, pero la protesta persistió. “Durante estos cuatro meses, las coacciones e injurias derivadas de esta contingencia han afectado al funcionamiento habitual del equipamiento y han perjudicado tanto a los visitantes como a la plantilla del museo”, aseguró en su nota de cierre el centro museístico. Ante la negativa del museo de facilitar el número de visitas recibidas para valorar el impacto de la huelga, sí precisó en su nota a la prensa que ha registrado una caída del 75% de los ingresos respecto al año anterior, y en lo que se refiere a las previsiones previstas de crecimiento, pronosticaba una caída del 95%.
El Sindicato SUT, que solo ha dado su versión con este diario mediante comunicados, cuestiona el cierre en sí, asegurando que “es una maniobra de marketing cínicamente premeditada y calculada para conseguir el eco y la publicidad que no ha conseguido mientras estaba abierto”. La agrupación denuncia que “el millonario” Benet “se cree el más progre”, pero “vive una torre marfil” y que sus declaraciones en una radio catalana apuntando a una “mano negra” contra su figura “es una explicación delirante” que responde a un “un acentuado egocentrismo”. “[Benet] tiene el cinismo de acusar de esto a los trabajadores que acaba de dejar sin trabajo por haber ejercido su derecho de huelga”. La agrupación insiste en que el centro “sustituyó a los huelguistas con vigilantes de seguridad, contratando porteros de discoteca y haciendo uso de los cuerpos policiales para sus intereses privados” y que si se baja la persiana es “para deshacerse del resto de la plantilla que está en huelga y no tener que acceder a sus reivindicaciones”.
Un futuro itinerante
“Desde el Ayuntamiento lamentamos este cierre rocambolesco”, asegura el concejal de Cultura, Xavier Marcé. El edil lamenta “el conflicto de carácter laboral en esta iniciativa privada” y destaca que la relación del Museo de Arte Prohibido con el Consistorio era “excelente”, hasta el punto de haber mantenido conversaciones con Benet y su equipo para ceder el busto de Juan Carlos I que Ada Colau retiró del salón de plenos en 2015. “Nuestra valoración es muy positiva. Era un museo original y singular, con un trabajo de recuperación de piezas problemáticas muy interesante y que ya formaba parte del mapa cultural de la ciudad”, explica.
Con una colección que incluía obras de Picasso, Banksy, Warhol, Gustav Klimt o fotografías de Robert Mapplethorpe, el museo también albergaba varias piezas polémicas en España, como Not Dressed for Conquering / HC 04 Transport, de Ines Doujak —cuyo parecido del personaje con el rey emérito de España provocó su retirada de las salas del Macba y la dimisión de su director, Bartomeu Marí, en 2015—. También contenía Presos políticos en la España contemporánea, la obra de Santiago Sierra que representaba los retratos pixelados de los políticos independentistas catalanes y que fue descolgada en 2018 en Arco. O el Always Franco, de Eugenio Merino, la polémica obra con el dictador en la nevera que pasó por Arco en 2012.
El museo había expresado la intención de que las obras viajen a otros centros artísticos, pero en mayo, la primera muestra itinerante que salía de este centro fue censurada. La censura es la comisaria (de esta exposición) fue cancelada en Andorra después de que se ordenara retirar una portada de la revista Charlie Hebdo publicada después del ataque yihadista del 7 de enero de 2015 contra este semanario satírico y en el que murieron 12 personas. Las autoridades andorranas justificaron la medida por el contexto de elevada alerta terrorista en los países vecinos de España y Francia.
Para la crítica y comisaria Pilar Parcerisas, el Museo de Arte Prohibido era “una alternativa a los museos institucionales que deben moverse por criterios históricos, enciclopédicos y dentro de lo políticamente correcto”. La que fuese presidenta de la Asociación Catalana de Críticos de Arte (ACCA) entre 2007 y 2010 aclara que la iniciativa privada es “prácticamente la única vía para dar a conocer esta problemática en el arte” y lamenta que el museo no haya tenido tiempo “para consolidarse”, transformando “un espacio burgués como era el edificio donde estaba ubicado en un espacio de denuncia”.
Sobre el futuro del próximo inquilino de la Casa Garriga Nogués, catalogada como bien de interés cultural y por donde pasó el Museo Fundación Francisco Godia o la Fundación Mapfre, reinan las incógnitas. “El local ha de tener un uso cultural, pero es un espacio de alto coste inmobiliario, veremos qué pasa en el futuro”, explica el concejal Marcé.
Cortesía de El País
Dejanos un comentario: