Según un reporte de El Universal, Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, denunció que Meta entregó al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua su número celular y correo personal, los cuales incluso terminaron en manos de Silvia Delgado, jueza electa en Chihuahua y exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán .
El SAT y una compañía telefónica rechazaron compartir datos al considerar que eran confidenciales. Sin embargo, Meta sí los entregó, lo que, de acuerdo con Meza, “pone en riesgo la integridad de ciudadanos críticos del poder”. Además, el activista señaló que ni siquiera fue notificado formalmente de la denuncia en su contra y que se enteró por un abogado semanas después de iniciado el proceso.
La denuncia: violencia política de género contra un activista y 14 medios
De acuerdo con Aristegui Noticias, Silvia Delgado interpuso ante el IEE una acusación de violencia política de género no solo contra Meza, sino también contra los directores de 14 medios de comunicación. Todos ellos habían difundido investigaciones de Defensorxs en las que se señalaban los vínculos de la abogada con la familia Guzmán Loera.
Meza advierte que el caso se litiga con ventaja para Delgado, pues cuatro abogadas del Instituto de la Defensoría Pública del IEE participan en su representación legal. “Es un doble estándar: a nosotrxs nos investigan por cuestionar, mientras otras candidaturas oficiales pasan sin filtros”, acusó.
Para Miguel Alfonso Meza, lo que está ocurriendo no es violencia política en razón de género, sino una represalia por señalar riesgos en el proceso de selección judicial. En una entrevista con El Universal afirmó:
“Siempre he sido cuidadoso con nuestras publicaciones. Nunca la hemos desacreditado ni por sus capacidades como abogada ni por el hecho de ser mujer”
Defensorxs había calificado a Delgado como una candidata “peligrosa” por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y por haber formado parte del equipo legal de “El Chapo”. Incluso participó en un documental titulado Los narcoabogados detrás de los cárteles. Meza recordó que la ahora jueza electa viajó a Estados Unidos para acompañar a la familia de Guzmán en las audiencias, lo que, a su juicio, trasciende la relación estrictamente profesional.
La figura de violencia política usada como vía rápida de censura
Según un reporte de El País, la figura de “violencia política en razón de género” ha sido usada en los últimos años como herramienta para frenar la crítica pública. Aunque surgió para proteger a mujeres en política, hoy se aplica a medios, periodistas y ciudadanos que cuestionan a figuras con poder.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, advirtió que se ha convertido en “una vía expedita de censura”, con sanciones inmediatas como disculpas públicas o multas, lo que inhibe el debate democrático.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) también ha documentado cómo esta figura ha derivado en un mecanismo de control previo de la información, algo que califican de incompatible con la Constitución mexicana.
“Ciudadanos críticos vamos a ser fiscalizados, mientras algunos candidatos quedan protegidos bajo el paraguas del oficialismo”, concluyó Meza.
Una jueza polémica desde su candidatura
Como El País reportó en abril, la trayectoria de Silvia Delgado ya había levantado alertas antes de su elección. La abogada fue parte de la defensa legal de Guzmán Loera en 2016 y llegó a afirmar que el juicio en su contra en Estados Unidos “fue una farsa” y “un tributo a Donald Trump”.
Pese a no tener experiencia en el Poder Judicial, Delgado defendió que ese antecedente la hacía apta para ser jueza. Finalmente, obtuvo más de 23 mil votos en la elección judicial de junio de 2025, convirtiéndose en jueza penal en Chihuahua para los próximos nueve años.
Para Defensorxs y otras organizaciones, el problema de fondo es que las evaluaciones de candidaturas fueron superficiales y permitieron el avance de perfiles con vínculos cuestionables con el crimen organizado.
Cortesía de Xataka
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