La centralización del gasto en salud a través del programa IMSS-Bienestar ha significado la reducción de recursos federales transferidos a los estados, lo que ha limitado los márgenes operativos de entidades federativas que se han adherido a ese instrumento de política pública dedicado a atender a población sin seguridad social, plantea un análisis de Moody’s.
De acuerdo con la agencia de calificación de riesgo, el menor acceso a recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), obliga a los estados que decidieron firmar convenio con el IMSS-Bienestar a utilizar más recursos propios y participaciones para cubrir la brecha en el gasto en salud.
Para el cierre del 2025, según estimaciones de la calificadora, esa brecha adicional será equivalente a 0.7% de los ingresos operativos proyectados, un nivel manejable pero que se suma a otras presiones financieras como pensiones, aumentos salariales, adeudos con la federación y gasto en obra pública.
Entre el 2020 y el 2023, los recursos del FASSA para todos los estados crecieron, en promedio, 6.5% anual. Sin embargo, los estados integrados al programa transfirieron al IMSS-Bienestar los recursos convenidos del citado fondo en ese periodo.
Debe tomarse en cuenta que, a partir del 2024, tras un decreto presidencial que modificó la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comenzó a descontar directamente la parte convenida del FASSA para entregarla al IMSS-Bienestar.
En ese año, el descuento directo provocó una caída de 23% en los recursos distribuidos a los estados desde el FASSA. Los estados con convenio sufrieron una reducción promedio de 34%, equivalente a 38,000 millones de pesos, mientras que los estados sin él registraron un crecimiento de 7.0 por ciento.
Si se comparan los ingresos presupuestales de los estados con convenio y los que no lo tienen, se advierte que para el 2025, el impacto se amplió: los estados con convenio tuvieron una reducción de 20% y los que no tienen convenio, de 5.0 por ciento.
Además, desde la entrada en vigor del programa, los estados han ajustado el gasto de sus secretarías de salud.
Lo relevante es que los que tienen convenio con el IMSS-Bienestar registraron una reducción promedio de -13% en el gasto, mientras que los estados sin convenio aumentaron su gasto en 9.0 por ciento.
Para el 2025, los estados con convenio reducirán el gasto en -12% y los sin convenio en -1.0 por ciento. El ajuste no ha sido proporcional a la reducción del FASSA, lo que refleja la rigidez del gasto en salud.
Por ello, los estados deberán cubrir la operación de sus secretarías de Salud con más recursos propios, mientras el IMSS-Bienestar avanza en la centralización de las unidades de salud.
En el 2023, los recursos del FASSA equivalían a 47% del gasto total de las secretarías de salud estatales. En el 2024, los estados con convenio solo pudieron cubrir 37% del gasto en salud con recursos del FASSA, mientras que los estados sin convenio cubrieron 43 por ciento.
Para el 2025, los estados con convenio reciben recursos del FASSA equivalentes a 35% de su gasto total en salud, y los estados sin convenio, a 41 por ciento.
Moody’s señala que la menor cobertura del FASSA obliga a los estados con convenio a utilizar más recursos propios y participaciones para cubrir la brecha en el gasto en salud. El gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, creó el IMSS-Bienestar el 31 de agosto del 2022, con el objetivo de brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social, atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados, bajo criterios de universalidad.
La nueva institución firma convenios con los estados para que éstos cedan parte de su infraestructura, personal y recursos del FASSA, permitiéndole que opere directamente las unidades de salud. Actualmente 23 estados tienen convenio con el IMSS-Bienestar.
Cortesía de El Economista
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