El gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, por “autorizar detenciones arbitrarias” y “suprimir la libertad de expresión”. El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que las sanciones financieras se enmarcan en la Ley Magnitsky, que autoriza al gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en lo que considere actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
El gobierno de Brasil calificó de “arbitrarias e injustificables” las sanciones económicas contra Moraes, que se conocieron el mismo día en que el presidente Donald Trump firmó el decreto que oficializa una suba arancelaria del 50 por ciento que había prometido en represalia por una supuesta “caza de brujas contra su aliado Jair Bolsonaro. El pasado 18 de julio Washington ya había revocado además el visado a Moraes y le prohibió entrar a territorio estadounidense.
“Socava derechos de brasileños y estadounidenses”
El juez Moraes “es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro”, acusado de intentar dar un golpe de Estado, afirma el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado. “Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”, agregó Bessent.
Como resultado de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados. El 18 de julio el Departamento de Estado ya revocó la visa del magistrado y de sus familiares cercanos. Ahora el gobierno de Trump aprieta aún más las clavijas por estimar que el magistrado se extralimita.
Moraes “se convirtió en uno de los individuos más poderosos de Brasil”, afirma el Departamento del Tesoro. Lo acusa de someter “a las víctimas a largas detenciones preventivas sin presentar cargos” y de socavar “los derechos de los brasileños y estadounidenses a la libertad de expresión”. Washington cita distintos casos como el del arresto de “un periodista durante más de un año”, el supuesto ataque “a políticos de oposición”, entre los que incluye a Bolsonaro, y plataformas de redes sociales estadounidenses.
“Ha congelado activos y revocado pasaportes de sus críticos, ha prohibido cuentas en redes sociales y ha ordenado a la policía federal de Brasil que allane las casas de sus críticos, confisque sus pertenencias y asegure su detención preventiva”, detalla la cartera estadounidense. El anuncio del Tesoro se produce después de que Moraes impusiera varias medidas cautelares a Bolsonaro, como el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales o un toque de queda nocturno.
Este no es el único caso reciente en el que Washington se involucra en procesos judiciales en América latina: también condenó el fallo contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Secretario de Estado Marco Rubio de “intromisión a la soberanía nacional” por sus declaraciones respecto a la condena.
“Un acto violento” contra el juez
La ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, calificó como un “acto violento y arrogante” la sanción del gobierno de Estados Unidos contra Moraes. La aplicación de la ley Magnitsky contra el magistrado “representa un capítulo más de la traición de la familia Bolsonaro al país”, afirmó Hoffmann, una importante aliada del presidente Lula, en un mensaje publicado este miércoles en sus redes sociales.
“La aplicación arbitraria e injustificable, por parte de los Estados Unidos, de las sanciones económicas contra un miembro de la magistratura nacional, constituye un grave e inaceptable ataque a la soberanía de nuestro país”, afirmó por su parte el jefe de la agencia para la defensa legal del Estado (AGU), Jorge Messias, en un comunicado. Messias anticipó “medidas” contra la decisión de Washington “en los foros y momentos adecuados”.
Padre e hijo unidos por el golpismo
Desde la vereda opuesta el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, publicó un mensaje agradeciendo al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, y afirmó que tiene “la sensación de misión cumplida”. “Cuando me exilié aquí en Estados Unidos, dejé bien claro mi intención de sancionar a Alexandre de Moraes, porque entendía que en Brasil ya no existían más medios para luchar contra esa tiranía. Hoy, tengo la sensación de misión cumplida”, expresó Eduardo, quien está desde marzo pasado en EE.UU. negociando sanciones contra Brasil.
Eduardo Bolsonaro también es objeto de una investigación en la Corte Suprema brasileña, para intentar aclarar las gestiones del diputado ante la Casa Blanca en busca de sanciones para los magistrados de ese tribunal y para el propio país. Según la Fiscalía brasileña, Bolsonaro y otros siete reos en el juicio que tramita en el máximo tribunal incurrieron en los delitos de “golpe de Estado”, “organización criminal armada”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “daño cualificado por violencia grave o amenaza” y “deterioro de patrimonio protegido”.
El complot habría comenzado tras la derrota del exjefe de Estado en las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula, cuya investidura se intentaba impedir. De acuerdo con la Fiscalía, tras fracasar los planes iniciales, se llegó al asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de manifestantes de ultraderecha intentaron presionar a los militares para derrocar al nuevo gobierno. Esta causa judicial contra Bolsonaro y sus aliados fue la que incentivó el arancel del 50 por ciento a las importaciones brasileñas anunciado a inicios de este mes por Trump y confirmada este miércoles en un decreto oficial.
Cortesía de Página 12
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