El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos (EU) provocó que las autoridades suspendieran ayer la publicación de los datos oficiales del Producto Interno Bruto (PIB), un nuevo contratiempo para los responsables políticos, las instituciones financieras y los mercados que tienen que seguir operando a ciegas.
Sin ir más lejos, el miércoles la Reserva Federal (Fed) anunció un recorte de un cuarto de punto de las tasas a pesar de carecer de información clave.
El shutdown, que el jueves entró en su trigésimo día, ha dejado sin datos sobre empleo, comercio o ventas minoristas a la mayor economía del mundo.
Republicanos y demócratas parecen estar en un punto muerto en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de financiamiento del gobierno federal. Ambos partidos se culpan mutuamente de la situación, sin que asome una solución.
A falta de datos oficiales sobre el Producto Interno Bruto (PIB), Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal publicaron la expectativa de los mercados: que el PIB creció 2.8% anual en el tercer trimestre del año.
En caso de confirmarse esta previsión, supondría un retroceso con respecto al crecimiento de 3.8% del segundo trimestre.
Los expertos advierten de una reducción en la inversión y la contratación: “Esta es la época del año en la que la mayoría de las organizaciones están ultimando sus presupuestos para el 2026”, afirma Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.
Ayuda alimentaria no se puede suspender
Una jueza federal de Boston declaró ayer que, en su opinión, la administración del presidente de EU, Donald Trump, no puede suspender legalmente toda la ayuda alimentaria para millones de estadounidenses en medio del actual cierre del gobierno, tal y como tiene previsto hacer a partir del sábado.
La jueza federal, Indira Talwani, mencionó que tenía previsto decidir si obligaría al Departamento de Agricultura de EU a utilizar parte de los 5,250 millones de dólares de fondos de contingencia de los que dispone para pagar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como cupones de alimentos.
Los abogados de 25 estados liderados por demócratas y del Distrito de Columbia solicitaron a la jueza, durante una audiencia de una hora de duración, que dictara una orden de restricción temporal que garantizara que el gobierno financiara, al menos parcialmente, las prestaciones del SNAP, de las que dependen 42 millones de estadounidenses.
Cortesía de El Economista
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