La tensión en el Caribe se mantuvo este domingo en medio del despliegue militar naval y aéreo de Estados Unidos, mientras las poblaciones costeras continúan afectadas por la presencia del Comando Sur, que ha paralizado actividades comerciales y la tradicional circulación de embarcaciones. El ejército estadounidense llevó a cabo este sábado un nuevo ataque contra una embarcación de supuestos “narcoterroristas” en el mar Caribe. La operación, confirmada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se suma a una serie de bombardeos que causaron al menos 65 muertes en aguas internacionales, sin que se hayan aportado pruebas.
Según el funcionario, los tres hombres que se encontraban a bordo del bote “eran narcoterroristas” y murieron en el operativo. Sin embargo, como en pasadas ocasiones, Washington no presentó pruebas de que el buque transportara estupefacientes ni de que representara una amenaza inmediata para el país. “Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal contra otra embarcación del narcotráfico operada por una organización terrorista designada”, declaró Hegseth a través de su cuenta en X.
Al igual que en ataques previos, el jefe del Pentágono afirmó que la nave “era conocida por los servicios de inteligencia por su participación en el contrabando ilícito de narcóticos” y que el ataque se produjo “en aguas internacionales”. Agregó que “ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido” y reiteró su amenaza predilecta: “el Departamento tratará a los narcotraficantes exactamente como trató a Al Qaeda”.
El gobierno de Trump justificó la ofensiva militar como parte de una “guerra contra el narcotráfico” y sostiene que se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles. Esa interpretación, sin embargo, es rechazada por Naciones Unidas y por la mayoría de gobiernos latinoamericanos, que califican los bombardeos como violaciones del derecho internacional.
Ejecuciones extrajudiciales
Los bombardeos comenzaron en septiembre y se enmarcan en una campaña militar desplegada por el Comando Sur, que incluyó el envío de buques de guerra al Caribe y aviones de combate a Puerto Rico. El Pentágono reconoció haber destruido al menos 16 embarcaciones, la mitad de ellas en el Pacífico, en operativos sobre lo que Washington determina son actividades de narcotráfico, sobre barcos pertenecientes a distintos países de la región.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó los ataques y lamentó “el silencio” de la región. “Cuando se utiliza un misil contra una lancha con personas desarmadas, lo que se comete es una ejecución extrajudicial”, afirmó en declaraciones a la cadena catarí Al Jazeera.
Petro advirtió que la falta de una respuesta conjunta latinoamericana “le da poder a los genocidas” y anunció que Colombia presentará una proposición ante la ONU para exigir el cese de las operaciones militares estadounidenses en la región.
El viernes, tras un nuevo ataque, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también señaló que las personas a bordo de las lanchas fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales” y reclamó el cese inmediato de los ataques. “Estas muertes no encuentran justificación alguna en el derecho internacional. Estados Unidos debe ponerles fin”, advirtió Türk.
La organización pidió además una investigación “rápida, independiente y transparente” sobre cada uno de los ataques. Naciones Unidas insiste en que, aun si las víctimas fueran traficantes, “nada justifica su ejecución sin juicio previo”.
Desde Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que Washington utiliza el argumento del narcotráfico como “pretexto para imponer un cambio de régimen” en Venezuela. Según el mandatario, la presencia de buques y aeronaves norteamericanas cerca de las costas venezolanas representa “una amenaza directa a la soberanía nacional”.
El impacto del miedo
En el terreno, los ataques ya generaron consecuencias económicas y sociales. En comunidades costeras del noreste venezolano, como Güiria y Cumaná, pescadores y comerciantes relataron a la agencia EFE que el despliegue estadounidense provocó miedo y la paralización de actividades marítimas. En Güiria, a pocos kilómetros de Trinidad y Tobago, los pobladores dejaron de embarcarse por temor a ser alcanzados por un misil. “Ya no están saliendo lanchas hacia Trinidad, ni siquiera de migrantes. Hay miedo de que ocurra una explosión y mueran”, contó un comerciante local.
Los operativos también tensaron las relaciones diplomáticas de Washington con gobiernos aliados. El mes pasado, el Pentágono retiró a Colombia de su lista anual de países cooperantes en la lucha antidrogas, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Petro y a varios miembros de su familia en la denominada “Lista Clinton” por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario colombiano calificó de “represalia política” a sus denuncias de una interferencia ilegal.
Mientras crecen las críticas internacionales, en el Congreso de Estados Unidos también se multiplican los cuestionamientos. Un grupo de senadores demócratas exigió al gobierno de Trump que haga públicos los fundamentos legales de las operaciones y los criterios de selección de objetivos. En una carta dirigida a Hegseth, al secretario de Estado Marco Rubio y a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, los legisladores advirtieron que la Casa Blanca solo ha compartido información “contradictoria y parcial” hasta el momento, y que el uso de la fuerza militar “sin autorización del Congreso” podría ser ilegal.
Cortesía de Página 12
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